El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Santander a restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Méjico, compensando a la empresa que lo explota, Empark, por el importe de los recibos del IBI desde el año 2001. El Ayuntamiento de Santander ha recurrido en apelación esta sentencia de primera instancia, fechada el 22 de febrero y consultada por Europa Press, que da la razón a Empark al apreciar la "efectiva ruptura" del equilibrio económico de la concesión como consecuencia de la obligación "sobrevenida" de abonar el IBI tras una modificación tributaria aprobada en el año 2000.
El juzgado concluye que se trata de un hecho "imprevisible e imputable a la administración", con independencia de que la modificación legal que produce el desequilibrio no haya sido establecida por el Ayuntamiento. Y considera que se produce además "un enriquecimiento injusto" para el Consistorio, que es al que beneficia la recaudación del IBI. La concesión es por 50 años y vence en el año 2031. El Ayuntamiento, que en noviembre de 2016 desestimó la solicitud de reequilibrio, alega entre otras cuestiones, que Empark pasó a ser titular de la concesión en el año 2009, conociendo por tanto la existencia del tributo; y que el canon a satisfacer se ha reducido, lo que también constituye una medida de reequilibrio. Sin embargo, la sentencia data la cesión de la concesión en el año 1998, con lo que es anterior a la modificación tributaria, y explica que la empresa, que se llamaba entonces Estacionamientos Subterráneos S.A., atravesó posteriormente "meros cambios de denominación social" (Cintra Aparcamientos S.A. en 1999 y Empark Aparcamientos y Servicios S.A. en 2009). El juzgado también rechaza la alegación del Ayuntamiento consistente en que anteriormente existía el impuesto de radicación que fue sustituido por el IBI, ya que dicho impuesto fue sustituido por el de Actividades Económicas. Y sobre las circunstancias que según el Ayuntamiento supusieron una mejora en la concesión, considera que "forman parte del riesgo y ventura de la concesión, a diferencia del hecho imprevisible e imputable a la administración, como es la modificación legislativa sobre la que fundamentó la recurrente su solicitud". La sentencia condena al Ayuntamiento al pago de las costas por una cuantía máxima de 800 euros.
Críticas de IU y Podemos
Izquierda Unida y Podemos de Santander han mostrado su malestar por la sentencia del Juz-gado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander que da la razón a la concesio-naria del aparcamiento subterráneo de la Plaza de México en su pretensión de compensacio-nes por tener que pagar el IBI, "cuyo abono volverá a salir del bolsillo de los santanderinos", y han criticado la gestión de los sucesivos equipos de gobierno del PP.
Para el concejal de IU, Miguel Saro, esta sentencia "pone de manifiesto que el equipo de go-bierno municipal o bien trabaja exclusivamente para los intereses de toda la red de empresas que gestionan servicios públicos y concesionarias de dominio público, o bien nuestros dirigentes son completamente inútiles". Saro explica que se otorgó la concesión por 50 años a una empresa con tales "privilegios" para "asegurarse el beneficio que hacen caer sobre los santanderinos unos costes insoportables". Recuerda además el caso del parkings de Mendicouague, cuya empresa concesionaria está en liquidación, habiéndose resuelto el contrato y estando pendiente de pago el coste del rescate de la concesión, por importe superior a cinco millones de euros", ha criticado. IU reivindica la gestión directa de "servicios públicos que están externalizados y que suponen más de 55 millones de euros de gastos cada año de los presupuestos municipales".
En la misma línea, Podemos ha criticado que "las decisiones erróneas del Consistorio no hacen más que endeudar a la ciudadanía, que cada día está más cansada de tener que pagar los platos rotos de unos políticos irresponsables, cuyas actuaciones demuestran en demasiadas ocasiones una total incompetencia para la gestión del bien común". La secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, ha dicho que "esta situación ya la hemos visto con anterioridad en casos como Santurban o las plusvalías, o con nefastos contratos públicos como el relacionado con la vigilancia de las playas". Y ha añadido que no pasaría "si el Ayuntamiento se centrase en estar al servicio de la ciudadanía y no de empresas amigas porque al final siempre es el bolsillo de los santanderinos el que se resiente".
