El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander ha reconocido el derecho de los interinos de larga duración (más de cinco años) a participar en los procesos de reconocimiento de desarrollo profesional en igualdad de condiciones que el personal fijo.
En una sentencia fechada el 26 de mayo, y que se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el juez Juan Varea estima la demanda del sindicato SIEP y personal afectado, anula la exigencia de la condición de fijo, y condena al Servicio Cántabro de Salud a corregir la convocatoria, permitiendo el acceso al personal estatutario temporal o interino que cumpla los requisitos.
SIEP destaca en un comunicado que la Directiva Europea 1999/70, así como distintas sentencias del TSJUE reconocen los mismos derechos al personal interino de larga duración que al personal fijo, y pese a ello, la Consejería de Sanidad y el SCS, "mediante acuerdos, ignoran este derecho y obligan a los profesionales a iniciar un duro camino para que se les reconozcan sus derechos y terminar así con la discriminación implantada de forma arbitraria, injusta e ilegal".
El sindicato señala que "ha tratado de solucionar el problema dialogando, sin resultados"
El sindicato señala que "ha tratado de solucionar el problema dialogando, sin resultados". Añade que el índice de interinidad en el SCS "supera el 30%", y entiende que detrás de esta media existe "un claro interés económico, prestación del servicio a bajo costo", lo que conlleva -dice- "una clara arbitrariedad y discriminación entre los profesionales que haciendo las mismas funciones, teniendo los mismos méritos, no se les reconocen las mismas retribuciones".
"Como bien reconoce la sentencia existe un uso y abuso de la figura del interino, incurriendo en doble infracción, el uso fraudulento de la figura del interino para cubrir vacantes de forma indefinida e invocar esa circunstancia como justificativa del trato desigual que aplica en el acceso al desarrollo profesional", señala SIEP en un comunicado de prensa.
Por último, desde SIEP piden a los gobernantes "que sean justos, que no discriminen, que no tomen decisiones injustas y arbitrarias, que no obliguen al personal a acudir a los tribunales de justicia para defender los derechos conculcados a sabiendas, que cumplan los mandatos y las sentencias tanto europeas como de los tribunales españoles, que se termine esa legislación a medida de cada momento que está conllevando indefensión e inseguridad jurídica a los empleados públicos y a la ciudadanía en general".
