Lunes, 25 de Junio de 2018
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POLÍTICA

Denuncian contratos fraccionados del Gobierno de Diego a empresas vinculadas a una hermana de Nalda

Podemos dice que el Servicio Cántabro de Salud y el Gobierno autonómico llevan realizando este sistema de contratación irregular “desde 2011”, cuando el PP ostentaba el poder, y que el actual bipartito PRC/PSOE lo “sigue perpetuando a costa de perjudicar a las arcas públicas”.

Pedro Nalda
Pedro Nalda

Podemos Cantabria ha destapado nuevos contratos fraccionados en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), un sistema de contratación irregular que el Gobierno de Cantabria lleva realizando “desde 2011”, cuando el PP ostentaba el poder, y que el actual bipartito PRC/PSOE “sigue perpetuando a costa de perjudicar a las arcas públicas”. El parlamentario autonómico de la formación morada Alberto Bolado ha criticado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria estas prácticas irregulares, “ejemplos clarísimos de fraccionamiento y de cómo evitar la libre concurrencia de empresas en los concursos públicos”. “Hacen ustedes un contrato menor todos los meses de entre 15.000 y 20.000 euros de manera ininterrumpida de 2012 a 2018 y se quedan tan a gusto. Ni concurso ni nada, para qué, si está claro que a ustedes les va más adjudicar a dedo”, ha espetado Bolado a la consejera de Sanidad, Luisa Real (PSOE). El parlamentario autonómico ha denunciado asimismo que la privatización parcial del servicio de cita previa le ha costado a la ciudadanía cántabra cerca de 1,15 millones de euros, “un servicio que se contrató con Call&Net, una empresa propiedad del dueño de Idea Gestión, que en 2014 firmó un contrato similar de teleoperación para reforzar el 061”. Se da la circunstancia de que una hermana de Pedro Nalda, actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Santander y que fue delegado del Gobierno español de José María Aznar en Cantabria y director gerente de la patronal CEOE-Cepyme, “es apoderada de las empresas citadas”.

“Se le adjudican mensualmente contratos de servicios de 14.066,25 euros, cómo no, con contratos menores mensuales siempre por la misma cantidad”

Podemos Cantabria ha denunciado que “la práctica de fraccionamiento en la contratación se da de manera habitual en la Administración sanitaria” y ha asegurado que “no hace falta más que echar un vistazo en el Boletín Oficial de Cantabria para encontrar casos como el del 24 de mayo, que tras ser notorias las irregularidades en la contratación del SCS, se publican los contratos menores de la Gerencia de Atención Primaria en el primer trimestre y vemos que en el mes de marzo, después de la denuncia de la funcionaria, se conceden cuatro contratos a Serincopsa, Iralia y Gardenor (todas ellas con los mismos administradores) de los seis contratos de obras de este trimestre”. “Otro ejemplo lo encontramos el 6 de marzo, cuando se compran cuatro ecógrafos a través de otros tantos contratos menores de 17.000 euros cada uno. El 5 de marzo se compran ocho monitores desfibriladores también cada uno con su contrato menor. Igualmente se adquieren en dos días consecutivos 44 maletines para la asistencia domiciliaria por un valor de entre 500 y 1.000 euros cada uno, todos a Elite Bags y cada uno a través de un contrato menor”. Del mismo modo, a Ambuibérica, empresa propiedad de Carlos Magdaleno, ex diputado provincial del PP en Valladolid, “se le adjudican mensualmente contratos de servicios de 14.066,25 euros, cómo no, con contratos menores mensuales siempre por la misma cantidad”, ha censurado Bolado.

Teniendo en cuenta estos ejemplos, para Podemos Cantabria no es de extrañar que Real señalara que hay unos 40.000 contratos, “si prácticamente hacen uno distinto cada vez que compran un boli”. Para la formación morada, aunque la consejera siga empeñada en negar lo innegable, “el informe prueba la existencia de un sistema normalizado de contratación irregular: contratos a dedo a empresas que tiene entre sí sospechosas relaciones o vinculaciones, compartiendo incluso los mismos administradores; fraccionamientos de contratos; contratos de obras donde se asume la obligación de pago antes de comenzar las obras o entregar los suministros; expedientes donde ni se habían elaborado los pliegos, ni existía valoración de las ofertas, ni fichas técnicas ni memoria que lo avale”. “Un cúmulo de circunstancias a las que se suman las ilegalidades detectadas en el contrato público privado del Hospital Valdecilla y que hacen perentorio que el Ejecutivo lleve ante los tribunales la contratación administrativa de los gobiernos del PP”, ha finalizado Bolado.