La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria "ha aceptado este lunes la dimisión" del gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez, según ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado. Ambos ceses serán aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal del próximo jueves.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico también analizará en esa sesión el informe encargado a la Inspección de Servicios Sanitarios sobre las presuntas irregularidades de contratación administrativa en el SCS. Además, ya se ha tramitado su envío tanto a la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria como a la Intervención General. Por su parte, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha solicitado comparecer ante la citada comisión parlamentaria para informar al respecto, según ha informado el Gobierno de Cantabria.
SITUACIÓN INSOSTENIBLE
Por su parte, la consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, ha achacado los ceses a que Julián Pérez Gil y Francisco Javier González Gómez "están viviendo un momento personal muy duro" tras las irregularidades denunciadas en los contratos del SCS, que hace que ambos estén "atendiendo continuamente a sospechas" y consideran que esta situación es "insostenible". Además, su presencia al frente del servicio "no beneficia en este momento al Servicio Cántabro de Salud", ha agregado la máxima responsable de la Consejería después de conocerse las dimisiones, a preguntas de los periodistas al finalizar el Pleno del Parlamento, a los que ha confirmado que ya ha concluido el expediente informativo encargado en el seno de su departamento sobre las supuestas irregularidades en las adjudicaciones, informe en el que "aparecen algunos errores y algunas incidencias contractuales que hay que valorar".
"Pero no van más allá de incidencias contractuales, como en cualquier auditoria", ha asegurado Real, que ha desvinculado las marchas en la cúpula del SCS del informe.
Según ha asegurado, las dimisiones obedecen a que Pérez Gil y González "en lugar de estar gestionando, tienen que estar continuamente atendiendo a esas situaciones" derivadas de las irregularidades denunciadas por la jefa de contratación del SCS y por el PP, y que investiga la Fiscalía a raíz de una denuncia de IU a la que se sumó otra de los 'populares'.
INFORME
En cuanto al informe llevado a cabo por la Inspección Médica durante aproximadamente un mes, después de que el encargado del mismo solicitara una ampliación del plazo inicial por quince días más, la titular de Sanidad ha indicado que se ha presentado este mismo lunes, y ha agregado al respecto que no ha "tenido tiempo de completar la lectura" del mismo.
Según ha explicado, se ha remitido desde la Consejería de Hacienda a Intervención, y desde la de Presidencia para su debate en el Consejo de Gobierno y, también, a la Comisión de Sanidad, ante la que Real ha pedido comparecer, para explicar el informe que, como ha reiterado, "acaba de llegar y tiene que ser valorado".
Aún así, y tras recordar -como ya expuso en su comparecencia en el Parlamento- que en 2017 el número total de contratos en el SCS superó los 40.000 mientras que los expedientes que el PP "califica como sospechosos" son "una decena o catorce", María Luisa Real ha avanzado que en dicho informe "aparecen algunos errores y algunas incidencias contractuales que hay que valorar". "Pero no van más allá de incidencias contractuales, como en cualquier auditoria", ha agregado para finalizar.
IZQUIERDA UNIDA
Izquierda Unida de Cantabria ha advertido a la consejera de Sanidad María Luisa Real de que las dimisiones en el Servicio Cántabro de Salud no “zanjan” las irregularidades denunciadas por una alta funcionaria y que la formación de izquierdas ha llevado a la Fiscalía.
En un comunicado, la coordinadora autonómica Leticia Martínez ha llamado la atención sobre que se produzcan después de que estos negaran en el Parlamento cualquier sombra en su gestión.
Para Martínez, “lo verdaderamente inaudito es que fuera ella quien admitiera irregularidades y las responsabilidades las asuman otros”, por lo que se ha preguntado si lo que sucede es “si Real no controla lo que sucede en su Consejería, lo cual ya sería lo suficientemente grave”.
En cualquier caso, ha advertido de que estas dimisiones no pueden ser un “cierre un falso” para la crisis por las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud, recordando que “está en marcha una investigación por parte de la Fiscalía, a petición de Izquierda Unida y que Real no podrá frenar”.
