La Fiscalía de Cantabria, a través de la Sección Territorial de Laredo, ha abierto diligencias de investigación penal contra el exalcalde de Noja, Jesús Díaz, por la adjudicación de las obras de ampliación del Colegio Público Palacio, que se ejecutaron en 2012, siguiendo la petición que formula el juez Luis Acayro Sánchez en una reciente sentencia en la que insta a este órgano judicial a investiga a Díaz, quien fuera regidor del PP en el municipio durante 27 años, por un posible delito de prevaricación administrativa.
Según el documento al que ha tenido acceso eldiariocantabria, la Fiscalía ha enviado hace unos días un requerimiento a la actual secretaria municipal para que aporte, “a la mayor prontitud posible, testimonio del expediente de contratación supuestamente incoado para adjudicar la realización de las obras de ampliación del Colegio Público Palacio, al que se hace referencia en el acta de reunión del consejo de administración de la sociedad Empresa Municipal Vivienda de Noja VPO SL, de 5 de junio”.
En el escrito, el Fiscal precisa que, en caso de que la remisión no fuese posible, “deberán indicarse las razones para ello, habida cuenta que la mentada sociedad municipal es de titularidad exclusiva del Ayuntamiento de Noja”.
De este modo, el órgano judicial acepta iniciar un procedimiento contra el exalcalde que el juez Acayro señaló en su sentencia por esta causa como posible autor de “una contratación manifiestamente ilegal y de una posible manipulación de documento mercantil y judicial por la manipulación y ocultación de datos”. En el fallo, con fecha de 5 de septiembre de 2017, el juez afirmaba que, según “pronunciamiento judiciales reiterado”, durante el mandato de Jesús Díaz, “parece haber sido habitual la vulneración de todos los principios básicos de la contratación administrativa”.
VIVIENDAS DE NOJA VPO
Los hechos a los que se refiere la sentencia se remontan al año 2012, cuando el Ayuntamiento de Noja adjudicó a la empresa GIOC las obras de ampliación del colegio a través de la sociedad Empresa Municipal Viviendas de Noja VPO SL, participada al 100% por el Consistorio y cuyo representante legal era Jesús Díaz, entonces alcalde y actualmente presidente del órgano rector.
En la actualidad, en dicho órgano también participan como vocal Juan Carlos Somarriba, que ya se encontraba dentro de la sociedad en 2012, cuando era concejal del PP, y José Luis Sáenz Messía Giménez, que ejerce de secretario de la empresa pública y que fue secretario municipal.
Cuando la mercantil acudió a cobrar por el trabajo realizado, el Ayuntamiento se negó a abonar la cantidad de 37.131 euros ya que, “si bien es cierta la adjudicación y el importe reclamado, no procede el abono de la factura porque no ha sido emitida a nombre del Ayuntamiento”, instando a reclamar el importe a Vivienda de Noja VPO, circunstancia en la que también coincidía la sentencia y motivo precisamente por el cual desestimó el recurso.
Sin embargo, Acayro señalaba en su sentencia varios hechos que podrían ser constitutivos de delito y que afectan directamente a Jesús Díaz durante su etapa como alcalde. Concretamente, la empresa GIOC destacó en su recurso que desde el Ayuntamiento le señalaron que “era necesario que se modificaran los importes, de forma que la factura de urbanización fuera superior, reduciéndose la factura de las obras complementarias”, algo que la mercantil hizo para poder cobrar.
El juez también resaltaba el hecho de que la encomienda de la obra a la empresa pública “fue ilegal por contravenir lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratos del Sector Público”. El motivo es que dicha contratación no podía superar el 50% de la obra, y en este caso se adjudicó por el 100%.
Otro de los presuntos delitos que identificó el magistrado es el relativo al requerimiento a Viviendas de Noja VPO SL del expediente completo de las obras del colegio público. Respecto a este, Acayro apunta que el expediente judicial recoge un acuse de recibo y una diligencia que hace constar que el sobre enviado fue “devuelto por el Servicio de Correos con acuse de recibo”. Sin embargo, dicho acuse tenía “los datos del receptor y fecha borrados con tipex, así como el sobre abierto”.
De igual manera, la sentencia explicaba que Jesús Díaz fue citado el 16 de mayo de 2017 para declarar como representantes legal de Viviendas de Noja VPO SL, a lo que este se negó alegando que “no podía acudir”. Un suceso que hizo que la comparecencia se retrasara hasta el 19 o 23 del mismo mes en el Juzgado de Paz de Carrizo o en Noja, respectivamente. Sin embargo, el exalcalde no compareció en ninguno de los dos, “no siendo localizado en su domicilio”.
La sentencia, contra la que no cabía recurso y que condenó a GIOC al pago de las costas procesales, se vino a sumar a otra, conocida también por aquel entonces, en la que el mismo magistrado instaba a la Fiscalía a investigar a Jesús Díaz por presunta prevaricación administrativa en el caso de la remodelación de la oficina de Turismo de Noja, por supuestas irregularidades como un contrato verbal o el “fraccionamiento deliberado y sin consignación previa” del proyecto.
