Jueves, 21 de Septiembre de 2017
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El Gobierno de Cantabria del PP entregó 375.000 euros de dinero público a Wolder en el año 2015

El Ejecutivo aseguró entonces que la entrega dineraria sin contraprestación tenía por objeto “apoyar la creación de nuevos puestos de trabajo y mantener los ya existentes” en el grupo, que dos años después ha anunciado a sus trabajadores que inicia “los trámites que han de preceder el procedimiento de despido colectivo para la extinción de contratos de trabajo, con base en la existencia de causas económicas, organizativas y productivas”.

Garrudo, flanqueado por Toribio, Arasti y empleados de Wolder, durante la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el grupo empresarial
Garrudo, flanqueado por Toribio, Arasti y empleados de Wolder, durante la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el grupo empresarial

El grupo empresarial cántabro Wolder, ubicado en el Polígono de Barros de Los Corrales de Buelna, recibió en el año 2015 casi 375.000 euros de dinero público aportado por el Gobierno de Cantabria a través de la empresa pública Sodercan para “apoyar la creación de nuevos puestos de trabajo y mantener los ya existentes” en el grupo, según aseguró entonces el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Eduardo Arasti, entonces consejero de Innovación del Gobierno de Cantabria del PP presidido por Ignacio Diego, y el presidente de Wolder, Ricardo Garrudo, firmaron el 5 de mayo de 2015 el convenio de colaboración a través del cual el Ejecutivo apoyaba “la creación de 20 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los existentes en la empresa Wolder de Los Corrales de Buelna” mediante “el desarrollo de un proyecto de investigación que permitirá a esta compañía incorporar a su cartera nuevos productos de valor añadido, acceder a nuevos nichos de mercado y mejorar su posicionamiento en el sector de las nuevas tecnologías”. Ese proyecto de investigación, denominado ‘Desarrollo de dispositivos integradores de tecnologías en fase de innovación’, llevaba aparejada una inversión de 1,5 millones de euros, de los que el Ejecutivo autonómico a través de la empresa pública Sodercan aportó el 25%, es decir 374.398,25 euros, “como incentivo a la inversión”.

El grupo facturó 31 millones de euros en el ejercicio anterior a la firma del convenio

El 13 de mayo de 2015, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) anunciaba el “convenio de concesión directa de entrega dineraria sin contraprestación” firmado ocho días antes por el Gobierno de Cantabria y el grupo Wolder. Durante la firma de ese convenio –a la que asistió la entonces alcaldesa de Los Corrales de Buelna y tanto entonces como ahora parlamentaria autonómica del PP Mercedes Toribio–, Arasti aseguró que el Ejecutivo pretendía “respaldar un proyecto estratégico que permitirá afianzar la posición competitiva de esta empresa ubicada en el Polígono de Barros y asegurar su futuro” y enmarcó el convenio en la “colaboración del Gobierno con los empresarios”. Por su parte, Garrudo agradeció la colaboración del Ejecutivo autonómico con la “estrategia de expansión” de Wolder, que en 2014 –el ejercicio inmediatamente anterior a la firma del convenio– “facturó 31 millones de euros en sus diferentes líneas de negocio”.

El pasado 15 de mayo –prácticamente dos años después de la firma del convenio–, Garrudo anunciaba por carta a los más de cien trabajadores de Wolder que el grupo ha decidido “iniciar los trámites que han de preceder el procedimiento de despido colectivo para la extinción de contratos de trabajo, con base en la existencia de causas económicas, organizativas y productivas”, sin especificar a cuál o cuáles de las cuatro divisiones del grupo podría afectar ese ERE de extinción y cuántos de sus trabajadores podrían ser despedidos.

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