Los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria están analizando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Laredo y, en principio, "tampoco parece muy aconsejable recurrir en casación" ante el Tribunal Supremo ya que la nulidad del planeamiento se debe a "la no petición de informes preceptivos y vinculantes" del Ministerio de Industria.
La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, así lo ha indicado este miércoles a preguntas de la prensa sobre la sentencia conocida este martes que tumba el PGOU de la villa pejina al estimar un recurso de una compañía de telefonía por incumplir la Ley General de Telecomunicaciones. Díaz Tezanos cree que no es "aconsejable" recurrir la sentencia porque "estamos hablando de la no petición de informes preceptivos y vinculantes para la aprobación del plan y que conllevan la nulidad cuando no se piden, que es lo que ha pasado". En cualquier caso, ha indicado que la sentencia del TSJC está siendo analizada tanto por los servicios jurídicos del Ejecutivo como por el Ayuntamiento de Laredo y habrá que "esperar a ver qué dicen".
Tras recordar que este PGOU fue aprobado en mayo de 2015, gobernando el PP tanto en Cantabria como en la villa pejina, ha enfatizado que el Gobierno PRC/PSOE y ella, como máxima responsable del Urbanismo en la comunidad, tratan "siempre" de garantizar "la seguridad jurídica" en las decisiones que adoptan. "Creo que en Cantabria hemos tenido ya demasiados episodios de inseguridad jurídica, de leyes declaradas inconstitucionales o de tres planes declarados nulos [Cabezón de la Sal, Santander y Laredo] del anterior consejero de Medio Ambiente [Javier Fernández, del PP]", ha añadido Díaz Tezanos. Por ello, la vicepresidenta ha considerado que "hay que hacer las cosas bien, garantizando la seguridad jurídica y sin ningún tipo de atajos". Y es que, ha apuntado, "los atajos nos suelen llevar a que nos tumban en los tribunales las decisiones que se toman en una materia tan importante para la actividad económica de la región como es el Urbanismo".
Aunque en estos momentos no sabe si el Ayuntamiento de Laredo deberá empezar a elaborar un nuevo planeamiento desde cero o si el actual se podrá retomar desde el momento en que no se pidió el informe del Ministerio de Industria, ha indicado que ahora, con la elaboración de la nueva Ley del Suelo, "estamos en un momento muy oportuno" para tratar de dar solución a estas situaciones. "Estamos en un momento muy oportuno con la elaboración en Cantabria de la nueva Ley del Suelo desde 2001 y en el anteproyecto elaborado por el Gobierno, y que ahora está en información pública, ya incorpora articulado para solventar este tipo de situaciones", ha señalado Díaz Tezanos. Al respecto, ha considerado que, por ello, debe ser en el marco del debate de esta nueva Ley del Suelo, que se aprobará en el próximo periodo de sesiones parlamentarias, "donde debemos dar respuesta a la situación que se produce cuando hay una anulación o nulidad de un plan o cualquier otro instrumento urbanístico".
La propuesta de Santander, aún en análisis
Ante esta consideración, Díaz Tezanos ha sido cuestionada por la propuesta realizada al Gobierno por el Ayuntamiento de Santander para dar "seguridad jurídica" a las actuaciones realizadas en base al anulado plan de 2012, propuesta que consiste en incluir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2017 una disposición adicional que suspenda las normas para suelo urbano previstas en el plan de 1997, actualmente en vigor, y así desarrollar unas transitorias con base al de 2012.
Díaz Tezanos ha indicado que aún se está estudiando y que, para ahondar en su análisis, esta semana se celebrará una reunión del equipo de Urbanismo del Gobierno con el Ayuntamiento de Santander. Pero, ha insistido, "estamos en un momento muy importante para la comunidad autónoma con la elaboración de la Ley del Suelo, que es el marco idóneo para dar solución a estas cuestiones porque en Cantabria legislar a la carta que es lo que se ha venido haciendo a lo largo de muchísimos años lo que nos ha traído son sentencias de derribo, leyes tumbadas por el Constitucional o planes generales anulados que sitúan a los municipios en una situación muy complicada".
