Domingo, 19 de Noviembre de 2017
El Tiempo

MOVILIZACIÓN

Siete jóvenes acusados por una protesta y sus abogados se enteran de la fecha de su juicio “por la prensa”

Serán juzgados el próximo 25 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander y el Ministerio Fiscal les pide más de 35.000 euros en multas e indemnizaciones, además de un año de cárcel para uno de ellos, por una movilización en defensa de la educación pública y contra el entonces presidente autonómico, Ignacio Diego (PP), realizada hace tres años y medio.

Imagen de archivo de una rueda de prensa colectiva de apoyo a los acusados
Imagen de archivo de una rueda de prensa colectiva de apoyo a los acusados

Los siete jóvenes cántabros acusados por una protesta en defensa de la educación pública y contra el entonces presidente autonómico, Ignacio Diego (PP), realizada hace tres años y medio y para los que llegaron a pedirse penas de hasta 12 años de cárcel que sumaban un total de 42 años de prisión antes de que los propios jóvenes fueran “desmontando todo el chiringuito” gracias a la aportación de diversos vídeos de la protesta, se han enterado este jueves de la fecha de su juicio y del juzgado que los juzgará “por la prensa”, según han reconocido al ser consultados por este diario. Los jóvenes han insistido en que tanto ellos como sus abogados y su procuradora han conocido la fecha del juicio y el juzgado que los juzgará “por un periódico”, han asegurado que esta situación viene produciéndose durante “todo el proceso” y han calificado la situación de “indignante” y “demencial”.

Uno de ellos está acusado de un delito de daños de los que no existen más ‘pruebas’ que “una factura sin peritar”

Fuentes judiciales han informado a las agencias de que el juicio a los siete jóvenes –agrupados en torno a la iniciativa Preguntar No Es Delito y para los que el Ministerio Fiscal pide ahora más de 35.000 euros en multas e indemnizaciones, además de un año de cárcel para uno de ellos– tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander. Según la fiscal, los siete son autores de un delito de coacciones, por el que pide una multa de 4.200 euros para cada uno de ellos, y de una falta contra el orden público por “falta de respeto y consideración a la autoridad”, por la que pide una multa de 200 euros para cada uno de ellos. Y a uno de los siete le considera además autor de un delito de daños –por los supuestos daños al turismo de renting en el que se subió Ignacio Diego a la salida del acto ‘Tengo una pregunta para usted’, daños de los que según los acusados no existen más ‘pruebas’ que “una factura sin peritar”–, por el que le pide un año de cárcel y una multa de 3.600 euros, además de una indemnización de casi 740 euros a la empresa propietaria del vehículo.

El fiscal solicitó por esta causa la apertura del juicio oral contra los siete jóvenes –que hasta el visionado de los vídeos ascendían a nueve–, y así fue acordada por el juez instructor en un auto del pasado 8 de febrero que se refiere expresamente a la falta de inclusión por el Ministerio Fiscal de la calificación, para tres de ellos, de atentado agravado, que era la más grave de las planteadas durante la instrucción y que fue excluida tras el visionado de los vídeos de la protesta.

Comentarios