El juez que ha instruido la causa del ‘escrache’ a Ignacio Diego cuando era presidente de Cantabria se pronunciará sobre los vídeos que recogen los hechos acaecidos en la Universidad de Cantabria (UC) en febrero de 2014, después de que la Fiscalía -la única que puede acusar- presente su escrito de calificación. El Ministerio Fiscal solicitó la práctica de diligencias complementarias -la declaración de Diego y el visionado de los vídeos- necesarias para poder calificar. Una vez que se han practicado y que el auto que pone fin a la instrucción es firme, es el fiscal quien tiene que calificar, y cuando lo haga, el juez podrá hacer una valoración de las imágenes, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.
La Audiencia de Cantabria confirmó la semana pasada el auto del Juzgado nº 4 de Santander que puso fin a la instrucción, en el que imputó a nueve jóvenes tras encontrar indicios de delito en su protesta contra los recortes educativos y en defensa de la educación pública. Los imputados consideran que dicho auto se sostiene sobre una serie de "irregularidades graves que vulneran sus derechos", entre los que citan "ausencia de pruebas para sostener su imputación, faltas de notificación y testimonios obviados cuando favorecían a su causa". Añaden que la Audiencia ha desestimado su recurso y no ha considerado que en el proceder del juez de instrucción hubiera "inexactitudes o irregularidades"; "pero se ha limitado exclusivamente a eso, no a determinar nuestra culpabilidad o inocencia ni a juzgar las pruebas presentadas", puntualizan. Por último, afirman que su acusación "actualmente está en suspenso a la espera de que el Ministerio Fiscal y el juez se pronuncien tras el visionado del vídeo que grabó los hechos"; unas imágenes que, a su entender, reflejan "la absoluta irrealidad" de las acusaciones formuladas en un principio contra ellos. "Tenemos las pruebas, sólo necesitamos que se hagan valer", sostienen. La Audiencia, que ha tardado casi dos años en resolver el recurso de los jóvenes, confirma en su auto la existencia de "indicios de comisión de los hechos que justifican la continuación" del proceso penal.
El auto ahora confirmado por la Audiencia de Cantabria y cuestionado por los acusados afirma que el 17 de febrero de 2014, en uno de los edificios universitarios, un grupo de personas, "previamente concertados con la finalidad de alterar el orden público, conociendo que el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, iba a intervenir en un acto, se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente del recinto, impidiendo de hecho que éste pudiera acceder a su vehículo oficial". El auto añadía que tres de ellos "formaron una especie de cordón que obligó a los miembros del equipo de seguridad del presidente a evacuarle en el vehículo policial de reacción, lo que consiguieron tras grandes dificultades, luchando denodadamente con los allí congregados". Como consecuencia de tales hechos, el capó de un vehículo oficial habría resultado dañado, sin que conste quién fue el autor del supuesto desperfecto. Los nueve jóvenes, para los que se piden penas de hasta 12 años de cárcel que suman 42 años de prisión, confían en que el visionado de los vídeos demuestre las "irregularidades graves" en los que a su juicio se sostiene el auto.
