Domingo 22.07.2018
TRIBUNALES

Nueva imputación a Jesús Díaz por la existencia de “indicios racionales de criminalidad”

El juzgado de primera instancia e instrucción de Santoña inculpa al exalcalde de Noja del PP un “delito continuado de prevaricación” relativo a la adquisición de una parcela y la paralización posterior de las obras.

El ex alcalde de Noja, Jesús Díaz, junto al ex ministro José Manuel Soria, cuyo nombre aparece en los papeles de Panamá
El ex alcalde de Noja, Jesús Díaz, junto al ex ministro José Manuel Soria, cuyo nombre aparece en los papeles de Panamá

Después de las recientes sentencias que imputan al exalcalde de Noja Jesús Díaz (PP), regidor de la Villa durante más de 20 años, sendos delitos de prevaricación, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santoña ha emitido un nuevo auto en el que se añade otro “delito continuado de prevaricación administrativa”, esta vez por unos hechos que se extienden desde 2005 hasta 2010 relativos a la adquisición de una parcela por parte de una constructora y la posterior paralización administrativa de las obras que en ella se iban a desarrollar, algo en lo que el juez ve “indicios racionales de criminalidad”.

El auto, al que ha tenido acceso eldiariocantabria, no solo inculpa a Jesús Díaz, también al que fuera secretario municipal, José Luis Sainz Messia Giménez. Según señala el texto, a finales de 2005 el exalcalde mantuvo unas conversaciones con el propietario de la parcela en la que “también estaba interesado” en adquirir, y que finalmente fue comprada por NOCANOR, que proyectó en estos terrenos la construcción de 184 viviendas, locales y garajes, distribuidos en siete edificios. En una conversación entre Díaz y el propietario de la finca el todavía hoy concejal de la Corporación municipal advirtió, en calidad de alcalde, que “el que concedía las licencias urbanísticas era él, dándole a entender que el procedimiento de obtención de las mismas se iba a ver dificultado si no accedía a venderle la finca”.

En una conversación entre Díaz y el propietario de la finca el exalcalde advirtió que “el que concedía las licencias urbanísticas era él, dándole a entender que el procedimiento de obtención de las mismas se iba a ver dificultado si no accedía a venderle la finca”

Tras la venta a la empresa constructora, esta comenzó en septiembre de 2006 los trámites administrativos para obtener la concesión de la correspondiente licencia municipal de obras. Fue entonces, según señala el auto del juez de Santoña, cuando tanto el exalcalde como el exsecretario de la corporación municipal, “con la finalidad de perjudicar económicamente a la entidad y retrasar la concesión de las licencias” para poder iniciar la promoción urbanística, “dictaron a sabiendas diversas resoluciones contrarias a la legislación administrativa vigente”.

El relato del juez recoge varios hitos administrativos y judiciales durante varios años relativos a la licencia de agrupación de parcelas, la licencia de derribo, la licencia de obras y el proyecto de urbanización. El último de estos hechos señala que el 21 de junio de 2010, por medio de un Decreto de Alcaldía, emitido por el propio Jesús Díaz, “se acordó la paralización inmediata de las obras por no ajustarse a las condiciones de la licencia otorgada”.

Por todo ello, el auto, que absuelve a María Jesús Portilla (mujer de Díaz) al no considerar que hubiera participado ni se hubiera beneficiado económicamente de las decisiones de su marido o del Consistorio, ve un “delito continuado de prevaricación administrativa”. Asimismo, el juez ha decidido elevar a la Fiscalía la causa, e insta a abrir juicio oral.

SENTENCIAS PREDECENTES

A mediados de septiembre se hacían públicas sendas sentencias del juez Luis Acayro relativas a presuntos delitos cometidos por Jesús Díaz. En concreto, en ambos textos judiciales el magistrado acordaba elevar a la Fiscalía posibles casos de prevaricación, uno en las obras de remodelación de la Oficina de Turismo de la Villa, y otra por los trabajos realizados y no abonados correspondientes a las obras complementarias del Colegio Público Palacio. Dos sentencias que coinciden en la misma fecha y que se suman a una lista de procesos judiciales y que, sin embargo, no han hecho que el PP le cese como concejal de la Corporación, puesto que ocupa desde 2015.

En la últimas de estas sentencias Acayro considera que “lo ocurrido se ajusta al criterio de la Fiscalía”, sin que exista “perjuicio de los otros delitos indicados”. Según el juez, dichos delitos se habrían cometido en un procedimiento municipal en el que asegura que “nos encontramos ante una contratación manifiestamente ilegal, una posible manipulación de documento mercantil y judicial por la manipulación y ocultación” de datos.

Asimismo, y según “pronunciamientos judiciales reiterados”, Acayro considera que “parece haber sido habitual la vulneración de todos los principios básicos de la contratación administrativa”. Una opinión que también recogió en la sentencia relativa a la oficina de Turismo y a pesar de la cual los ‘populares’ todavía no han tomado ninguna decisión en torno al futuro del exalcalde, manteniéndole en el Ayuntamiento como miembro más del Grupo Municipal.

Estas sentencias, a su vez, se añaden a la recomendación por parte del Consejo de Estado de proceder a incoar expediente al exalcalde y actual concejal del PP por al menos otros cuatro contratos adjudicados a dedo y lesivos para el interés público y general.

En las consideraciones previas a este dictamen, este órgano plantea que “este es el cuarto expediente de revisión de oficio de actos de adjudicación relativos a contratos suscrito por el Ayuntamiento de Noja que se recibe en este Consejo de Estado”, y señala que “todos estos contratos se adjudicaron en la misma época y todos han resultado lesivos para el interés público y los intereses generales”.

Los contratos a los que hace referencia esta recomendación del Consejo de Estado corresponden al suministro de copiadoras multifuncionales y a la consultoría y asistencia técnica para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Noja, el servicio de ambulancia, obras de estructura metálica en la Casona del Carmen y la remodelación de la Oficina de Turismo de la Villa.

DECLARACIÓN DE JESÚS DÍAZ

A todo ello se suma la declaración de Díaz como investigado por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y contra las garantías constitucionales, cita judicial que estuvo marcada por “respuestas de forma evasiva” a la práctica totalidad de las preguntas efectuadas durante esta primera fase de la instrucción, en la que también declararon los exconcejales Manuel Alonso Torre, exprimer teniente de alcalde, y Emilio Gándara, concejal de Medio Ambiente.

Durante su intervención, y según fuentes próximas al caso consultadas por este diario, Jesús Díaz recurría a respuestas como “no recuerdo”, “no intervine” o “lo ignoraba” para no explicar las acusaciones realizadas por el Grupo Regionalista del Ayuntamiento de Noja, que apunta presuntas maniobras para favorecer al que fuera primer teniente de alcalde y una “actividad sin licencia” que poseía, en concreto un negocio de hostelería que tuvo alquilado a un hijo del exconcejal de Medio Ambiente. Entre dichas maniobras los regionalistas mencionan la modificación de la ordenanza municipal para legalizar dicho negocio.

A esto se suman “numerosas irregularidades” en la contratación y adjudicación de servicios municipales y la existencia de más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto”. Ante todas estas acusaciones, Díaz argumentó siempre lo mismo, un desconocimiento basado en que “los concejales hacían lo que tenían que hacer” y en la “insuficiencia de medios del Ayuntamiento”, que impedirían al exalcalde tener conocimiento de estas irregularidades.

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