Lunes, 18 de Diciembre de 2017
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JUSTICIA

El nuevo fiscal general del Estado, un viejo conocido de Cantabria

El Gobierno de Juan Hormaechea acusó a Sánchez Melgar en 1992 de haber convocado a los jueces a título personal y con una “clara predisposición” contra el presidente.

Sánchez Melgar ha ocupado destinos en Juzgados de Reinosa y Santander, donde fue elegido juez decano, y como magistrado en la Sala Civil y Penal del TSJC.

Julián Sánchez Melgar
Julián Sánchez Melgar

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves, 7 de diciembre, el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que tomará posesión de su cargo la próxima semana tras haber recibido los preceptivos avales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Congreso de los Diputados. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha formalizado el nombramiento de Sánchez Melgar, un viejo conocido de Cantabria.

Sustituye en el cargo a José Manuel Maza, fallecido el pasado 18 de noviembre

Sánchez Melgar (Palencia, 1955) es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña y sustituye en el cargo a José Manuel Maza, fallecido el pasado 18 de noviembre sin haber llegado a ejercer de fiscal general del Estado ni un año completo. En sus casi 35 años de carrera judicial –en la que ingresó en 1983–, Sánchez Melgar ha ocupado destinos en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y en Juzgados de Reinosa, Miranda de Ebro, Mataró y Santander –donde fue elegido juez decano–, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila y desde 2000 como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Hace 25 años, en 1992, Sánchez Melgar decidió remitir al CGPJ unas críticas de Juan Hormaechea (UPCA) en las que el entonces presidente del Gobierno de Cantabria cuestionaba la independencia de los jueces por el hecho de no haber sido “elegidos por el pueblo”. Sánchez Melgar adoptó esa decisión a título personal tras una reunión de los jueces de Cantabria, por lo que el Ejecutivo autonómico lo acusó de haberlos convocado a título personal y con una “clara predisposición” contra Hormaechea, cuyas declaraciones según el Gobierno de Cantabria no habían sido “ajenas al contexto del debate general que sobre posible politización de la justicia se está recogiendo incluso en el poder judicial”. Por ello, el Ejecutivo autonómico acordó solicitar un dictamen jurídico sobre las declaraciones de Sánchez Melgar, por si pudieran ser constitutivas de “un intento de coartar o coaccionar la libertad de expresión”.

El caso se inició a raíz de los insultos proferidos por Hormaechea a Manuel Garrido

No era la primera vez que Sánchez Melgar y Hormaechea veían cruzarse sus destinos. En 1988, el Pleno de la Audiencia Territorial de Burgos, en funciones de TSJC, había admitido a trámite la querella presentada por el entonces presidente del Parlamento de Cantabria, Eduardo Obregón (PSOE), contra el ya presidente del Gobierno de Cantabria, Juan Hormaechea, entonces aún independiente elegido en las listas de Alianza Popular, formación reconvertida posteriormente en el actual PP. La querella fue presentada por supuestas calumnias consistentes en la imputación falsa de un delito de escuchas ilegales, y la instrucción del sumario correspondió al juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander, precisamente Julián Sánchez Melgar. El caso se inició a raíz de los insultos proferidos por Hormaechea al parlamentario autonómico del CDS Manuel Garrido, que quedaron recogidos en las cintas magnetofónicas en las que se graban las sesiones del Parlamento. Obregón suspendió de sus cargos durante diez días a Hormaechea y a su entonces consejero de Industria, Gonzalo Piñeiro –posteriormente, presidente del PP de Cantabria y alcalde de Santander–, pero Hormaechea acusó en rueda de prensa a Obregón de haber dado órdenes de que se grabaran las conversaciones privadas de los parlamentarios cuando se encontraban en sus escaños, algo que negó el presidente del Parlamento, que además presentó la querella por calumnias contra el presidente del Gobierno, cuyo sumario instruyó Sánchez Melgar.

Entremedias, el juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander dictaba la primera sentencia en la que se obligaba al Banco Popular a indemnizar a un matrimonio poseedor de un depósito a plazo de 42 millones de pesetas, más los intereses. “Los clientes perjudicados no contrataron con tal persona a título particular, y sí con la entidad por él representada”, argumentaba Sánchez Melgar. Esa “tal persona” era José Pérez Díaz –más conocido como Pepe el del Popular–, director de una oficina del Banco Popular en Santander que desapareció en marzo de 1991 después de dejar un descubierto de varios millones de pesetas a dos centenares de clientes.

El TEDH de Estrasburgo tumbó la doctrina Parot, de la que Sánchez Melgar fue uno de los impulsores

En 2006 –abandonado ya su destino en Cantabria–, Sánchez Melgar fue uno de los impulsores de la denominada doctrina Parot, que toma el nombre del miembro de ETA Henri Parot y cuyo objetivo era evitar que los condenados conforme al Código Penal de 1973 pudieran obtener redenciones de pena y salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años. Siete años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo tumbó la doctrina Parot al establecer que vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que supuso la excarcelación de decenas de presos con condenas muy elevadas, buena parte de ellos miembros de ETA.