La Justicia ha desestimado el recurso de reforma interpuesto el exalcalde de Noja, el ‘popular’ Jesús Díaz, contra el auto del pasado 10 de noviembre en el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santoña inculpa al que fuera regidor durante 27 años de un “delito continuado de prevaricación administrativa” por unos hechos que tuvieron lugar de forma continuada entre 2005 y 2010, relativos a la adquisición de una parcela por parte de una constructora y la posterior paralización administrativa de las obras que en ella se iban a desarrollar, algo en lo que el juez ve “indicios racionales de criminalidad”.
El auto de desestimación considera que los hechos recogidos en el auto recurrido “no son una mera descripción cronológica” del procedimiento administrativo. Según relata, Díaz aprovechó “su condición de alcalde y con la intención de perjudicar económicamente a la entidad NOCANOR, dictó a sabiendas diversas resoluciones administrativas que contradecían frontalmente la legislación vigente”, reflejando además la voluntad del exalcalde de “retrasar lo más posible la concesión” a la constructora de las “licencias necesarias para el desarrollo de la promoción inmobiliaria”.
Por todo ello, traslada la desestimación del recurso al Ministerio Fiscal y a las partes, que podrán interponer un nuevo recurso de apelación, que será la última oportunidad de Jesús Díaz para evitar este nuevo proceso judicial.
El auto de noviembre recurrido por el exalcalde le inculpaba, junto al que fuera secretario municipal, José Luis Sainz Messia Giménez, de haber tomado estas resoluciones en contra de la legislación vigente. El texto judicial relataba que a finales de 2005 el exalcalde mantuvo unas conversaciones con el propietario de la parcela en la que “también estaba interesado” en adquirir, y que finalmente fue comprada por NOCANOR, que proyectó en estos terrenos la construcción de 184 viviendas, locales y garajes, distribuidos en siete edificios.
En una conversación entre Díaz y el propietario de la finca el todavía hoy concejal de la Corporación municipal advirtió, en calidad de alcalde, que “el que concedía las licencias urbanísticas era él, dándole a entender que el procedimiento de obtención de las mismas se iba a ver dificultado si no accedía a venderle la finca”.
Tras la venta a la empresa constructora, esta comenzó en septiembre de 2006 los trámites administrativos para obtener la concesión de la correspondiente licencia municipal de obras. Fue entonces, según señala el auto del juez de Santoña, cuando tanto el exalcalde como el exsecretario de la corporación municipal, “con la finalidad de perjudicar económicamente a la entidad y retrasar la concesión de las licencias” para poder iniciar la promoción urbanística.
El relato del juez recoge varios hitos administrativos y judiciales durante varios años relativos a la licencia de agrupación de parcelas, la licencia de derribo, la licencia de obras y el proyecto de urbanización. El último de estos hechos señala que el 21 de junio de 2010, por medio de un Decreto de Alcaldía, emitido por el propio Jesús Díaz, “se acordó la paralización inmediata de las obras por no ajustarse a las condiciones de la licencia otorgada”.
