martes. 23.04.2024

G.G.C es el padre de Gustavo, un niño de tres años al que le fue diagnosticado un Trastorno del Espectro Autista en la unidad de Neuropediatría del Servicio Cántabro de Salud. El niño, con un grado de discapacidad del 36% (otorgado antes del diagnóstico final) y grado I de Dependencia, acude al aula de dos años de un colegio público de Santander y el curso que viene continuará en el centro para comenzar el primer curso de Infantil. Es allí donde deberán de continuar con el tratamiento que ahora le proporciona el servicio de Atención Temprana de Sanidad.

Servicio de Atención Temprana de Sanidad

En abril de 2015, el niño comenzó a ser tratado en el servicio de Atención Temprana de Sanidad. Según cuenta el padre, el tratamiento consistió en dos sesiones de 40 minutos con un logopeda y una de la misma duración de psicomotricidad. Tras sus quejas, ya que esta terapia le parece “absolutamente insuficiente”, consiguió una nueva sesión de Logopedia. La familia asegura que desde la coordinación del servicio de Atención Temprana la respuesta fue que, dada la edad del niño,  “sería un crimen” darle más sesiones; en opinión del progenitor, “la realidad es que no tienen personal”.

Entonces los padres de Gustavo decidieron “aparcar esta guerra” y comenzar la terapia de forma privada, a través de APTACAN (Asociación de Padres del Síndrome de Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de Cantabria), a la que la familia pertenece, costeándose las sesiones adicionales, que en la actualidad ascienden a tres horas semanales de logopeda y otros sesenta minutos con la psicóloga. “Duplicamos la que nos ofrece Atención Temprana, desde hace casi un año, pagándolo nosotros”, asegura el padre.

Estos padres de familia, que tienen además otra hija menor que Gustavo, se vieron obligados a reorganizar su vida para poder atender adecuadamente a sus hijos. De esta manera, el padre se acogió a su derecho a reducción de la jornada laboral. “No quiero ni contar los problemas laborales que me ha traído esto”, afirma.

Cansados de solicitar el aumento de las sesiones terapéuticas para su hijo, decidieron hacer una queja por escrito. Afirma que, en primer lugar, se dirigieron al gerente del Servicio Cántabro de Salud y, tras la ausencia de respuesta, a la Consejera de Sanidad, además de al Defensor del Paciente. Estos escritos dieron sus frutos a través de una contestación por parte de la Consejería de Sanidad. Incansable, G.G.C escribió de nuevo, esta vez dirigiéndose al Presidente de la región, Miguel Ángel Revilla y al mismo Defensor del Pueblo. “Ahora toca esperar…”, asegura resignado.

¿Cómo puede ser que haya el mismo número de profesionales con más niños con necesidades especiales? Es fácil: no dándoles las sesiones que necesitan y tratando a nuestros hijos como ciudadanos de tercera

Pos su parte, APTACAN presentó un escrito para ejercer presión en el caso de Gustavo, así como para solicitar que el servicio de Atención Temprana se aumente hasta los seis años.  

Las necesidades especiales en la Educación pública

G.C.C asegura que, en septiembre, con el inicio del curso, su hijo dejara de acudir a Atención Temprana y comenzará a recibir la terapia en su centro escolar. Aquí tampoco encuentran una terapia adecuada.

El padre, que asegura no tener ningún problema ni con los profesores ni con el centro público al que acude su hijo, afirma que el apoyo para la terapia no depende de ellos. Éstos, gestionados desde la Conserjería, con “insuficientes” para la familia, que afirma que “hemos solicitado más”.

Este curso trabajará en el colegio el mismo número de personal especializado de apoyo que el año anterior, teniendo en cuenta que el curso pasado no había ningún niño con necesidades especiales, el padre de Gustavo se pregunta “¿cómo puede ser que haya el mismo número de profesionales con más niños con necesidades especiales? Es fácil: no dándoles las sesiones que necesitan y tratando a nuestros hijos como ciudadanos de tercera”. El propio coordinador del colegio le ha comunicado la reducción de sesiones que inicialmente la familia firmó con el centro.

De nuevo, han presentado escritos al Presidente de Cantabria y al Consejero de Educación, ante los que espera respuesta para interponer una nueva queja en relación a la educación al Defensor del Pueblo.

  

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