Viernes, 22 de Junio de 2018
El Tiempo

SANTANDER

El PP se limita a poner un mando policial intermedio entre el supuesto acosador laboral y la demandante

Nalda asegura que la Concejalía de Personal y Protección Ciudadana ha consultado sobre la procedencia de aplicar “algún tipo de medida adicional” al subinspector jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de la Policía Local, pero dice que al tratarse de un asunto que se encuentra en sede judicial, la conclusión fue “que no era procedente realizar ningún tipo de actuación más”.

Policía Local de Santander
Policía Local de Santander

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP) ha informado este lunes de las medidas aplicadas en relación con el subinspector de la Policía Local –jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de la Policía Local– que se encuentra sometido a una causa penal por un supuesto delito de acoso laboral a una subordinada, por el que la Fiscalía le pide un año de cárcel. El concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda, ha explicado en un comunicado que el servicio municipal de prevención de riesgos primero realizó una valoración del estado de salud de la demandante –que, como todos los expedientes médicos, es confidencial– y después un informe “sugiriendo medidas a título orientativo” sobre la estructura y la distribución de tareas en la Oficina y sobre “el establecimiento de mecanismos para facilitar a los trabajadores los procedimientos de trabajo”. Según ha explicado Nalda, a la luz de ese informe, el jefe de servicio de la Policía Local “implementó una serie de medidas operativas”, entre las que sólo ha citado la colocación de un mando policial intermedio “entre la demandante y el demandado”.

Nalda, exdelegado del Gobierno español en Cantabria y ex director gerente de CEOE-Cepyme Cantabria, ha manifestado que su Concejalía realizó posteriormente una consulta sobre la procedencia de aplicar “algún tipo de medida adicional”, pero que al tratarse de un asunto que se encuentra en sede judicial, la conclusión fue “que no era procedente realizar ningún tipo de actuación más” que la ya llevada a cabo por el servicio municipal de prevención de riesgos, a la espera de lo que resulte del proceso judicial abierto.

El concejal del equipo de gobierno municipal también ha dado cuenta de la solicitud –a petición de la Fiscalía– de un nuevo informe a los servicios jurídicos, que según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, han vuelto a concluir “no proceder al establecimiento de medidas adicionales hasta la resolución del proceso”.