Jueves, 23 de Noviembre de 2017
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ESCALANTE

El PRC advierte que el equipo de Gobierno podría estar cometiendo un delito de prevaricación

Las deficiencias detectadas por la Crotu, 26 en total, no hacen alusión a la zona del Puente Somazo
 

El alcalde de Escalante, Juan José Alonso
El alcalde de Escalante, Juan José Alonso

El Partido Regionalista de Cantabria en Escalante ha advertido que el equipo de Gobierno podría haber cometido un delito de prevaricación al haber aprobado el pasado 30 de junio una corrección de errores en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "no recogido" en el informe emitido por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu).

Los regionalistas mantienen que no se trata de un error de los técnicos redactores, tal y como dice el alcalde Juan José Alonso, sino de una decisión contraria a derecho, "dada de forma directa por él, con la intención de perjudicar a un tercero".

"La irresponsabilidad del alcalde puede tener consecuencias muy graves para nuestros vecinos", ha subrayado el portavoz regionalista, Pedro Jado, ya que, ha incidido, "la decisión manu militari de Alonso va en contra de los intereses municipales".

Jado ha apuntado que la Fiscalía ya está investigando este proceder del alcalde porque quien fuera técnico municipal durante casi 20 años ha puesto los hechos en conocimiento de esta institución judicial.

Los hechos que han llevado al PP a aprobar "esta corrección" se remontan a septiembre de 2015, cuando la Crotu "devuelve" al Ayuntamiento el planteamiento urbanístico, aprobado provisionalmente en abril de ese año, para que "subsanase las deficiencias concretadas"; y a febrero de 2016, cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander condena a Escalante al pago de 239.307 euros a un promotor por "haber impedido la urbanización y desarrollo de una licencia condicionada".

Las deficiencias detectadas por la Crotu, 26 en total, no hacen alusión a la zona del Puente Somazo, que disponía de licencia y preveía un vial de 3.30 metros "que es ampliado por mandato del alcalde a 6.60 metros".

Este cambio "no se incluyó" en la aprobación definitiva del documento el 30 de septiembre de 2016 ni en su posterior exposición pública.

El ex técnico municipal se percata del cambio cuando la promotora solicita la ficha técnica de Puente Somaza en febrero de 2017, lo que le "extraña" y pone en conocimiento del secretario municipal.

El 31 de marzo de 2017 el alcalde convoca un Pleno con el objeto de aprobar definitivamente el documento, con el 6,60 metros de anchura del vial en Puente Somaza.

Hechos que expone al secretario en presencia de la teniente de alcalde, Leticia Cubillas, quien reconoce "que se ha dado orden desde la Junta de Gobierno al equipo redactor del PGOU para que cambien el ancho de la vía, con la intención de poner dificultades a la empresa Desarrollo Urbano Santander S.L. como represalia por la imposición de la indemnización".

"Una decisión contraria a derecho", sostiene en su escrito ante la Fiscalía el ex técnico municipal y que pusieron en conocimiento del alcalde, quien "por motivos personales" decide suspender la convocatoria de pleno que se convoca para el 6 de abril con el objeto de "rectificación de error material en documento de PGOU" y que vuelve a quedar en suspenso por "las incongruencias y errores detectados en la aprobación del punto 8 sobre el recurso de reposición interpuesto por A.C.L, respecto al convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la mercantil Sanmarsan S.L.".

Al día siguiente, el secretario afirma que "lo que hace falta es que el documento coincida con lo aprobado por el Pleno en el acuerdo de aprobación provisional, y solamente pueden existir modificaciones como consecuencia de las introducidas a requerimiento de la Crotu".

Posteriormente, el técnico es cesado como arquitecto técnico municipal. Y la supuesta corrección es aprobada el pasado 30 de junio, con el voto en contra del PRC y PSOE.

Por todo ello, el portavoz regionalista ha sostenido que Escalante "no merece" un alcalde "revanchista, que no mira por los intereses generales del municipio y de sus vecinos y que, además, puede generar un perjuicio económico a las arcas municipales y volver a poner a Escalante como ejemplo del urbanismo irregular, de otras épocas".