El recorte de 60 millones de euros en Correos que el Gobierno de España contempla en los Presupuestos Generales de España supondrá una “merma importante en el servicio”. Así lo han reconocido los principales sindicatos con representación en la empresa pública, CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, que este lunes han anunciado la posibilidad de "convocar una huelga general si la negociación no se hace” y la reducción de 180 a 120 millones de euros finalmente se lleva a cabo.
Los sindicatos, que representa al 85% de la plantilla, han criticado que este recorte no obedece a cuestiones económicas, sino que es un “recorte puramente político”, pues la cantidad destinada al servicio postal, que “fue el Gobierno el que dijo que cuesta 180 millones”, no ha sido “tocada durante la crisis, y ahora que se les llena la boca con la recuperación, lo hacen”.
Los sindicatos han criticado que este recorte no obedece a cuestiones económicas, sino que es un “recorte puramente político”
A su juicio de los representantes sindicales, lo que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende es “desmantelar la mayor empresa pública” y “allanar el camino a los lobbies privados, que quieren entrar en el marcado de correo postal”. Y es que, según han advertido, las empresas privadas “no van a cubrir el servicio rural”, por lo que se crearán “ciudadanos de primera y de segunda”.
En este sentido, mientras el servicio urbano mantendrá sus costes, desde CCOO su representante, Luciano Palazzo, considera que “el servicio rural posiblemente aumentará”, a lo que habrá que sumar una merma en el servicio como “consecuencias directa” de ese recorte en un tercio en la financiación, pues se reducirá plantilla, horarios de oficina e incluso el número de oficinas. El plan del Gobierno de Rajoy es, para los sindicatos, muy claro: “allanar el camino a la empresa privada recortando en el presupuesto y diciendo luego que es deficitaria”, pues esos 60 millones computarán como deuda para la empresa pública.
Recorte de 200 personas
Dichos recortes en la plantilla afectarán en Cantabria a unas 200 personas, es decir, un tercio de las 600 que actualmente están en plantilla. Aunque la cifra no es oficial, desde UGT se estima que si la financiación finalmente se reduce esa cantidad, los recortes “siempre son en el empleo” en la misma proporción.
Han reclamado que se actualice el Convenio Colectivo, “que está obsoleto” y que permite que la empresa “tome decisiones unilaterales”
La representante de UGT, Montserrat Noriega, ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Ramales de la Victoria y Mataporquera, donde había oficinas que “eran independientes y que ahora son auxiliares, por lo que ya no prestan el servicio de atención al cliente” que prestaban antes.
“En Cantabria tiene que ser respetado por igual el servicio urbano y el rural”, ha declarado, criticando que el Gobierno de Rajoy haya hablado de creación de empleo en Correos cuando solo se han convocado “once plazas a partir de junio de este año”, existiendo todavía al menos otros 20 puestos que están sin cubrir.
Asimismo, los sindicatos han recordado que los trabajadores del servicio postal llevan viviendo “seis años de precariedad” en los que se ha perdido poder adquisitivo. En este sentido, han reclamado que se actualice el Convenio Colectivo, “que está obsoleto” y que permite que la empresa “tome decisiones unilaterales”.
La representante de UGT ha alertado también de que “se va a precarizar más el empleo”, pues la “insuficiente contratación” no va a permitir cubrir el actual servicio ni “afrontar los cambios en paquetería”.
