Domingo, 23 de Julio de 2017
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MEDIO AMBIENTE

Tejerina cree que lo que pide el Supremo es “que quitemos cualquier obstáculo que pueda ralentizar el proceso” de Vuelta Ostrera

El tribunal ha instado al Ministerio que dirige a ejecutar “sin demora” la sentencia de derribo de la estación depuradora de aguas residuales.

El PRC de Suances dice que demolerla sin una alternativa conllevaría “un delito para corregir otro” y asegura que el pueblo “no lo permitirá”.

Isabel García Tejerina
Isabel García Tejerina

La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha garantizado este miércoles “máxima celeridad y diligencia” para dar una solución a la situación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera –declarada ilegal por estar construida en terrenos de dominio público marítimo-terrestre–, en el municipio de Suances, con “todas las garantías medioambientales y precisamente para no incurrir en los errores del pasado, respetando todas las tramitaciones, plazos y necesidades que requiere una situación como la actual, pero por supuesto abreviando los plazos al máximo y evitando, como nos pide el Supremo, que se dilaten los pasos más de lo debido”. Tejerina ha realizado estas afirmaciones en los pasillos del Congreso, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la providencia del Tribunal Supremo, conocida este martes, que ordena la ejecución “sin demora” de la sentencia de demolición de la depuradora, dictada por el tribunal en 2005, y designa a la ministra como responsable de la misma.

La providencia, dictada ante el incumplimiento por parte de la Administración estatal de la citada orden, y ante el tiempo transcurrido sin que se haya llevado a efecto la ejecución, señala que la ministra deberá proceder a dictar cuantas órdenes considere procedentes con el fin de que la sentencia se lleve a efecto, “con expresa indicación de remover cuantos obstáculos, demoras y trámites innecesarios se hayan acordado o pudieran acordarse con el fin de alcanzar dicho cumplimiento”, y dice también que la ministra deberá dar cuenta al tribunal cada mes de las decisiones adoptadas al respecto y de la evolución de dicha ejecución. Tejerina ha dicho que el Ministerio ya remite mensualmente información al Supremo de la tramitación ambiental que está realizando, y ha anunciado como “inminente” la firma del contrato para el estudio de alternativas de ubicación a la actual depuradora –“se van a estudiar hasta seis”, ha asegurado–. “A partir de ahí tendremos el proyecto y habrá que hacer la evaluación de impacto ambiental, insisto para hacer debidamente el procedimiento con todas las garantías, esto requiere un trámite porque es una tramitación administrativa que no es sencilla pero que nosotros haremos a la máxima diligencia”, ha asegurado, y ha interpretado que “lo que pide el Tribunal Supremo es que quitemos cualquier obstáculo que pueda ralentizar este proceso”. En ese sentido, ha destacado la “absoluta colaboración” del Ministerio que dirige, porque “llevamos desde que llegamos al Gobierno tratando de buscar una solución a una sentencia que es del año 2005”. “Hasta que llegamos al Gobierno no se da ninguna respuesta”, ha afirmado la ministra, que ha asegurado que el PP trató de buscar una solución para la depuradora a través de la Ley de Costas, pero el Tribunal Constitucional la anuló, por lo que “no ha sido viable”.

“Encadenarse a la depuradora”

Por su parte, el PRC de Suances ha manifestado su “rotundo rechazo” a la demolición de la depuradora mientras no exista una alternativa que garantice el saneamiento del municipio y evite la concentración en la ría de San Martín y en las playas de los vertidos de los 23 municipios de la comarca, con una población superior a los 120.000 habitantes. “Destruir una infraestructura de estas características sin antes sustituirla por otra supone un atentado ecológico de consecuencias incalculables para la zona, lo que implica cometer un delito para corregir otro, cosa que los suancinos no estamos dispuestos a consentir”, ha asegurado en un comunicado.

El PRC de Suances ha hecho un llamamiento a “la sensatez” y ha apelado a todas las instituciones competentes para “adoptar cuantas medidas estén a su alcance en aras a evitar un daño ambiental irreparable”.“No cuestionamos las razones urbanísticas y ambientales que han llevado a los tribunales a declarar Vuelta Ostrera ilegal, pero los daños ecológicos de su demolición sin que exista antes otra depuradora serán muy superiores, por lo que no nos podemos permitir la demolición en este momento”, ha añadido, y ha instado a todas las formaciones políticas de Cantabria a “movilizarse” para evitar “la sinrazón” que supone “echar abajo una instalación que costó 24 millones de euros y permitir que las aguas contaminadas de la comarca del Besaya vuelvan a inundar Suances”. “Si hace falta encadenarse a la depuradora para evitar su derribo, los regionalistas de Suances estamos dispuestos a hacerlo”, ha asegurado.

El calendario

El Tribunal Supremo atendió en el año 2006 el calendario propuesto por la Administración estatal para proceder a la ejecución de la sentencia, que establecía la demolición en el segundo semestre de 2013, pero el pasado mes de enero, mediante auto, denegó prolongar de nuevo ese plazo hasta el año 2021 como pidió el abogado del Estado.

En la sentencia de octubre de 2005, el Supremo ordenó la demolición de la depuradora al estimar un recurso de la asociación ecologista Arca contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001 que declaró zona de reserva una parcela de terreno de dominio público marítimo-terrestre de 87.450 metros cuadrados en Vuelta Ostrera para ser ocupada por la depuradora. El tribunal consideró que dicho acuerdo incumplió la Ley de Costas, en cuanto que ésta establecía que únicamente se podría permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.