El Gobierno de Cantabria ha aprobado el nuevo decreto de ayudas a la contratación indefinida con el que tratará de promover "empleo estable y de calidad" principalmente entre los colectivos más afectados por el paro y al que este año 2017 se destinarán 4,2 millones de euros.
No obstante, si las solicitudes por parte de las empresas superasen esa cuantía, que está cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Cantabria 2014-2020, el Ejecutivo "no tendría inconveniente" en ampliarla ya que el empleo es "una de sus prioridades".
Así lo ha manifestado este viernes el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, que ha presentado el nuevo decreto y las diferentes modalidades de ayudas que contempla acompañado del director general del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan), José Manuel Callejo.
Sota ha recordado que el Gobierno PRC-PSOE derogó en octubre de 2016 el decreto de estas ayudas aprobado por el anterior Ejecutivo del PP en mayo de 2015, pero que concedía las ayudas de manera retroactiva desde octubre de 2014, y lo hizo, ha indicado, para "mejorarlo".
Principalmente, según ha apuntado el consejero, porque aquel decreto establecía la obligación de que los contratos indefinidos subvencionables tenían que mantenerse durante 15 meses y tras ese periodo "muchos desaparecían", es decir, se despedía a los trabajadores que habían sido contratados con la ayuda.
Por ello, este nuevo decreto establece esa obligación en 36 meses y excepcionalmente en 24 y además, a través de sus diferentes modalidades, promoverá la contratación y la generación de "empleo estable" en los sectores más afectados por el desempleo: los jóvenes, los parados de larga duración, las mujeres mayores de 45 años y las personas en riesgo de exclusión social que provengan de empresas de inserción.
Así, el decreto, que ha sido consensuado con CEOE-Cepyme, CCOO y UGT en el marco de la Mesa de Diálogo Social, tiene tres programas de ayudas. Uno para la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 y otro para desempleados de larga duración, mujeres mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión, en los se concederá a las empresas ayudas de entre 7.000 y 9.000 euros.
A esa cantidad, se sumarán 1.000 euros más si se trata de micropymes y otros 1.000 si la persona contratada es víctima de violencia de género, tiene alguna discapacidad, es de alguno de los 10 municipios incluidos en el Plan Especial de Empleo para la comarca del Besaya o ha realizado la FP Dual en la empresa.
Las empresas que hayan realizado los contratos tras la derogación del anterior decreto en octubre de 2016, tendrán un plazo de dos meses
El tercer programa está dirigido también a la contratación de jóvenes y contempla ayudas para las empresas que contraten a quienes han realizado prácticas formativas en la misma, con cuantías de 4.500 a 6.500 euros, a los que igualmente se sumarán otros 1.000 euros si se trata de personas víctimas de violencia de género, con alguna discapacidad y de los 10 municipios de la comarca del Besaya.
Finalmente, se incluye un programa de transición para la transformación de contratos temporales en indefinidos a tiempo completo.
Las ayudas se pueden solicitar tras pasar un mes desde que la empresa haya dado de alta al trabajador en la Seguridad Social y, en el caso de las empresas que hayan realizado los contratos tras la derogación del anterior decreto en octubre de 2016, tendrán un plazo de dos meses para presentar las solicitudes tras la publicación de la nueva norma "el próximo jueves o viernes" en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Para todos estos programas del decreto de ayudas, el Gobierno de Cantabria ha presupuestado 4,2 millones de euros, una cantidad que se ampliaría "si fuese necesaria más aportación", ha afirmado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
Sota ha detallado que, desde octubre de 2014 --mes hasta el que se extendía de manera retroactiva el anterior decreto--, el Gobierno ha recibido 2.170 solicitudes y ha pagado ayudas por valor de más de 11 millones de euros, 12,4 si se suman las correspondientes a los meses de marzo y abril de este año que aún se están tramitando.
