Viernes 20.07.2018
Gerardo M. Vázquez

“Si se rescatan bancos y autopistas, se podrá pagar a afectados por derribos. ¿O es que los ciudadanos estamos a la cola?”

El abogado, asesor de varias asociaciones de afectados por derribos e impulsor del artículo 108.3 de la Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo, considera que el problema se podría solucionar en poco tiempo, pero “todo es cuestión de voluntad política”.

El abogado Gerardo M. Vázquez
El abogado Gerardo M. Vázquez

Gerardo M. Vázquez es asesor legal de varias asociaciones de afectados por sentencias de derribo, entre ellas la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN), y uno de los fundadores de la Coordinadora de Asociaciones Pro Justicia en el Urbanismo (CAJU), plataforma que aúna los esfuerzos de diferentes asociaciones autonómicas, entre ellas la cántabra Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Su labor se centra fundamentalmente en Andalucía, donde ha logrado solucionar la situación de muchos afectados, entre los que hay muchos jubilados británicos. Antes de participar este martes en un encuentro en la Fundación Comillas organizado por la Universidad de Cantabria (UC) con una charla titulada ‘La protección del Tercero de Buena Fe ante la demolición de su vivienda’, Vázquez analiza el comportamiento de la Administración, el “problema moral” que generan estas situaciones y la necesidad de poner en valor el aspecto de los “derechos humanos” en los derribos y el cumplimiento del derecho a una vivienda digna. 

El artículo 108.3 de la Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo protege al tercero de buena fe, pero ¿cree que ayuntamientos y gobiernos autonómicos están poniendo todo de su parte para que se cumpla?

El contenido de este artículo es un salvavidas para mucha gente

El artículo se aprobó hace poco tiempo, y está sujeto a una jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo. Es lógico que aquí cada parte defienda sus intereses. El contenido de este artículo es un salvavidas para mucha gente. En Galicia, por ejemplo, en Bueu (Pontevedra) estuvieron a punto de dejar a varias familias con sus enseres en la calle porque había que derribar la fachada de su edificio, que sobresalía algunos centímetros del límite. Gracias a este artículo pudieron tener una salida que de otro modo no tendrían.

Se han dado muchos pasos, pero por ejemplo en Cantabria sigue sin solución. ¿Cómo se podría desbloquear la situación?

No conozco al detalle la situación de los afectados de Cantabria, pero creo que llevan 20 años esperando poner fin a su calvario. Eso los que todavía siguen vivos. Muchos lo que quieren es quedarse con su vivienda, y otros que les indemnicen. Y es aquí donde la administración tiene que trabajar. Nosotros no gobernamos, solo somos ciudadanos que intentamos proponer alternativas. De todas formas, si la Constitución se cambió en unos días, estos problemas también se podrían solucionar en ese tiempo. Todo es cuestión de voluntad política.

Los Prior, durante una de las manifestaciones. Foto cedida por Gerardo M. Vázquez Los Prior, durante una de las manifestaciones. Foto cedida por Gerardo M. Vázquez

Han logrado apoyo en la Unión Europea, han llevado la situación de los afectados al Senado. ¿Creen que se están produciendo muchas promesas pero la solución no llega?

Si la Constitución se cambió en unos días, estos problemas también se podrían solucionar en ese tiempo. Todo es cuestión de voluntad política

Lo ocurrido se podría solucionar muy rápidamente si se considerase importante. Si no hay herramientas jurídicas, que se creen, que se legalice lo que pueda y el resto que se derribe asegurando la indemnización. En este último caso es cuestión de buscar el dinero. En el primero es cuestión de iniciativa. Si se hacen AVEs, se rescatan bancos y autopistas de peaje, se podrá pagar esto. ¿O es que los ciudadanos tenemos que estar siempre a la cola? Es importante realzar en estos casos el aspecto de los derechos humanos. Se echa en falta que más personas se sumen. Hay que poner en valor los derechos de las personas, entre ellos el derecho a una vivienda digna, y que se cumpla.

¿Qué ocurrirá con las familias si se termina la legislatura sin un compromiso real de los gobiernos autonómicos?

Es diferente según el territorio. La responsabilidad del pago inicialmente es del Ayuntamiento o del Gobierno autonómico, y eso no tiene que incumbir al ciudadano afectado. En Andalucía no es así. Hay 300.000 viviendas afectadas, y evidentemente no pueden tirarlas todas. Y tirar solo algunas sería injusto. Es cierto que se han salvado muchas porque la propia administración considera aberrante tirar viviendas en manos de terceros de buena fe. En Andalucía se cambió la ley y se ha ido regularizando. Ahora el PP ha llevado una enmienda para regular más viviendas, pero habrá que ver si tiene apoyos.

Derribo de una de las viviendas afectadas por una sentencia en Andalucía. Foto cedida por Gerardo M. Vázquez Derribo de una de las viviendas afectadas por una sentencia en Andalucía. Foto cedida por Gerardo M. Vázquez

El Tribunal Supremo ya ha fallado en varias ocasiones en el mismo sentido respecto al artículo 108.3. ¿Cree que esto ha provocado que las administraciones hayan iniciado los trabajos o siguen alargando los plazos?

En Andalucía todo va lento, sobre todo para los jubilados afectados. Aunque la mayoría de las 300.000 viviendas están en manos de españoles, hay muchos que son británicos que y han tenido un problema que no sabían que existía. El tiempo opera en su contra y estamos trabajando por ello. Es un problema moral. Cuando un afectado muere la situación la hereda su mujer o sus familiares, y ver eso es muy duro. Ya está bien. Agradecemos los pasos y los cambios que ha habido, pero últimamente parece que se ha parado y es hora de volver a actuar. También quería agradecer el trabajo de la prensa, que ha puesto luz sobre este tema.

Les vendieron sol y playa y una buena vida, y el Gobierno les ha fallado. Confiaron en España y fueron engañados

¿Hay algún caso que le haya afectado más?

Fue muy conocido el caso de los señores Prior, una pareja de jubilados británicos a los que sacaron rápidamente de sus casas cuando se conoció la sentencia. Fue el 9 de enero de 2008, y el hombre colapsó en ese momento ante lo que estaba ocurriendo. Ahora, 10 años después, acaban de recibir la indemnización. También destacan los señores Payne, que llevan años luchando para preservar su vivienda. Se enteraron de los derribos en Navidad de 2009, y siguen en los tribunales. Están desesperados, y la última vez que les vi tenían muy mal aspecto.

¿Qué le han trasladado los afectados británicos sobre la situación que viven en España?

No lo entendían al principio, fue un shock. En Inglaterra no hay viviendas irregulares. Les vendieron sol y playa y una buena vida, y el Gobierno les ha fallado. Confiaron en España y fueron engañados. Hay que recordar además que cuando comenzaron a conocerse los derribos fue la época en la que surgió la ‘Marca España’. Desde Inglaterra lo que ocurre no se entiende. En cualquier caso, me siento feliz de todos los casos ganados y las vidas que hemos conseguido salvar.

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