La polémica en torno a Incarlopsa, el fabricante de productos cárnicos que suministra casi toda su producción a Mercadona, no ha dejado de crecer en los últimos meses. A las informaciones acerca del maltrato y las malas condiciones en las que mantiene a sus animales se suman ahora datos sobre su desafío a las órdenes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha que instaban a reducir la producción para cumplir con las leyes de bienestar animal y, sobre todo, la actitud del Gobierno autonómico para encubrir la actividad del gran fabricante.
Las órdenes de la Consejería manchega se produjeron después de que varios veterinarios inspectores de la Junta levantaran numerosas actas en las que denunciaban un posible maltrato animal. Según explica Economía Digital, la demanda de Mercadona de los productos cárnicos llevaron al fabricante a acelerar sus procesos productivos, provocando que se sacrificaran cerdos que no estaban totalmente sedados, algo que acreditó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.
Fue entonces cuando se dio orden a Incarlopsa de reducir a la mitad su producción, de modo que todos los animales fueran sacrificados en completa sedación. Como recoge el citado medio, la administración autonómica notificó que “es preciso proceder a la reducción de la producción hasta garantizar el bienestar de los animales en el momento de su sacrificio, según el informe veterinario”.
La respuesta de la empresa presidida por Emilio Loriente, sin embargo, fue la de desobedecer la orden. No solo eso, sino incluso llegar a desafiar la autoridad de la Consejería. Incarlopsa se justificó asegurando que construía un nuevo matadero donde sí cumpliría por completo con la normativa.
Varias actas adjuntas a los expedientes de Incarlopsa apuntan a un “desacato reiterado” de las indicaciones de Sanidad e inciden en la “gravedad de la situación actual”, motivada no solo por el incumplimiento reglamentario, sino por incumplir sus “obligaciones del operador como inspeccionado y administrativo” y desafiar a la Autoridad Sanitaria”.
Un desafío que, como publica Economía Digital, se tornó en una ofensiva contra los inspectores que denunciaron a este referente del sector cárnico. Ofensiva que provocó que el Gobierno de Castilla-La Mancha, dirigido por Emiliano García-Page, comenzara a perseguir a los veterinarios, algo que han acreditado los tribunales al considerar que supuso “una manifiesta arbitrariedad” y una “vulneración a los derechos fundamentales”.
