Domingo 22.07.2018
ESPAÑA

Las personas con discapacidad podrán ser jurado a partir de febrero

Además, se regulará el copago de la Ley de Dependencia.

2018, el año en que las personas con discapacidad podrán ser jurado
2018, el año en que las personas con discapacidad podrán ser jurado

A partir de febrero de 2018 entrará en vigor la ley que permite a las personas con discapacidad formar parte de un jurado popular, después de que las Cortes aprobaran, el pasado mes de noviembre, una reforma de la Ley del Tribunal del Jurado que, actualmente veta la presencia de personas con discapacidad "física o psíquica" en los jurados populares.

Con esta iniciativa, que contó con la unanimidad de ambas Cámaras durante su tramitación, se adapta la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 en España, y que en su artículo 13 establece el derecho de acceso a la justicia de este colectivo, "incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos".

La modificación de la Ley del Tribunal del Jurado se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de diciembre. Allí se establecían dos meses para su entrada en vigor, un plazo acordado por los grupos parlamentarios para que las administraciones adapten sus recursos a la nueva normativa, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

"Ahora es la Administración de Justicia la que tiene la obligación, no solo de admitir a las personas con discapacidad, sino de proporcionarles medios y apoyos para poder efectuarlo. Materialmente una Administración tan menesterosa como la de Justicia, tendrá problemas sobre todo al principio, para atender esta obligación, persistirán barreras e impedimentos, pero el deber legal es claro, y podrá exigirse", ha indicado e Europa Press, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez-Bueno.

Esta organización fue la que alertó de la situación de discriminación que estaba viviendo el colectivo en esta materia y presentó sus preocupaciones a los grupos parlamentarios para intentar solucionar el problema.

El CERMI también consiguió llevar hasta las Cortes una reforma del Registro Civil, para eliminar la exigencia de certificado médico para aquellas personas con discapacidad que deseaban contraer matrimonio. Una medida que se entró en vigor en junio de 2017, con el voto unánime de los grupos, y que ahora sólo pide permiso de expertos en casos "excepcionales".

No son las únicas medidas que ha emprendido esta organización en colaboración con el Congreso y el Senado. Registró en esta legislatura una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre copago en el sistema de dependencia, que el PSOE ha llevado a debate al Pleno y ha sido apoyada por la mayoría para su tramitación.

EN PROCESO DE ENMIENDAS

El texto pide reformar la Ley de Dependencia para que la capacidad económica del beneficiario, el patrimonio, la edad o el momento vital de aparición de la situación de dependencia se tenga en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.

También pretende dejar exentos de copago a aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.331 euros al mes; que la participación en el coste de los servicios supere el 60%, y que se garantice al menos una cantidad mínima para gastos personales no inferior al del 40% del IPREM correspondiente, es decir, de su capacidad económica.

Actualmente, esta proposición de ley se encuentra en fase de enmiendas, en la que los grupos pueden presentar modificaciones al articulado del texto. Previsiblemente, estas enmiendas se debatirán a lo largo del próximo año.