Viernes, 22 de Junio de 2018
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Entra en vigor la nueva y “farragosa” ley que obliga a los 102 ayuntamientos de Cantabria a cambiar su forma de contratación

Este 9 de marzo comienza a aplicarse esta legislación cuyo objetivo es ofrecer mayores garantías en la igualdad de trato, evitar la corrupción y abrir a las pymes un mercado que mueve 200.000 millones de euros en España.

Desaparece el procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía y se limita la contratación menor, cuyo umbral menor será a partir de ahora de 15.000 euros para los contratos públicos de suministros y servicios y de 40.000 euros para las obras.

Interior del Ayuntamiento de Santander
Interior del Ayuntamiento de Santander

Este viernes 9 de marzo entra en vigor una nueva ley que ha pasado desapercibida para el grueso de la población, pero cuyas consecuencias para los 102 ayuntamientos de Cantabria van a ser muy notables, en tanto en cuanto afectará a su actividad diaria y, en cierto modo, a las demandas ciudadanas que cada año se registran en los Consistorios. La nueva ley de contratos públicos, considerada como “farragosa” y “de estructura compleja” por muchos profesionales y ponentes en diversos encuentros celebrados en los últimos días, viene a cambiar de forma profunda la forma de gestionar la contratación pública.

El objetivo de esta nueva legislación es ofrecer mayores garantías en la igualdad de trato y permitir a las pymes acceder a un mercado que, en líneas generales, está en manos de unas pocas compañías. De hecho, según un estudio realizado por Life Abogados, en la actualidad el 70% de los recursos son concedidos únicamente a 10 empresas. La importancia de esta modificación legal queda patente al revisar los datos económicos que se manejan en estas contrataciones de la administración local: el sector mueve 200.000 millones de euros en España y el 20% del PIB europeo.

En pocas palabras, “un nuevo sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro”, como recoge la propia Ley 9/2017. Y dicho de otro modo, intentar acabar con los resquicios que dan lugar a la corrupción. Por tanto, la legislación genera una doble oportunidad. Por un lado, el sector público puede dotarse de “obras, servicios y suministros de gran calidad” al lograrse un equilibrio entre los criterios cuantitativos y la utilización de los fondos económicos. Por otro, muchas más empresas del sector privado podrán acceder a un mercado de gran volumen y con la garantía de pronto pago.

NOVEDADES

Entre las novedades de este nuevo texto legal destaca la inexistencia de una clasificación para los contratos de servicios; además, desaparece el contrato de gestión de servicios públicos y, sobre todo, desaparece el procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía, es decir, que el coste del contrato no será motivo para no hacer público el proceso. En este sentido, se incorpora un procedimiento abierto simplificado, que contará con una modalidad de contratación sumaria.

Según varios expertos, la ley trata de limitar en la medida de lo posible la contratación menor para prevenir la corrupción. Una limitación que se traduce en la rebaja de los umbrales, que a partir de ahora serán de 15.000 euros para suministros y servicios (frente a los 18.000 anteriores) y de 40.000 euros para las obras. Asimismo, este tipo de contrataciones deberán aplicarse únicamente para cubrir necesidades esporádicas e imprevistas que deban ser adjudicadas en un corto plazo de tiempo.

Los ayuntamientos cántabros, al igual que los del resto de España, estarán obligados a elaborar un Plan Anual de Contratación, publicado en el perfil del contratista. La nueva legislación que entra en vigor este viernes contempla también que en ningún caso se podrán sumar los importes de los contratos menores, evitando así un posible fraccionamiento del contrato por su cuantía.

MESAS DE CONTRATACIÓN

El nuevo texto legal también contempla cambios en las mesas de contratación. El principal es que los cargos públicos representativos y el personal eventual no podrán formar parte de las mismas, que solo podrán estar integradas por el personal funcionario interino cuando no existan funcionarios de carrera que tengan la cualificación suficiente.

Con todo, existe un matiz. Según la Disposición Adicional Segunda, los miembros electos del Consistorio podrán formar parte de la Mesa de contratación, aunque en ningún caso podrán superar un tercio del total de miembros de la mesa, entre los que no podrán estar, en ningún caso, los responsables de redactar la documentación técnica del contrato.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

La entrada en vigor de la nueva ley coincide, además, con la presentación que realiza este viernes el Gobierno de Cantabria a los responsables municipales del plan de acción para implantar este mismo año la Administración Electrónica en los ayuntamientos, un proyecto iniciado formalmente hace unos días con la aprobación del acuerdo marco que incluye una inversión superior al millón de euros en los próximos cinco años.

A esta presentación, prevista en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica de Torrelavega, a las 12:00 horas, están convocados alcaldes y concejales de los 102 ayuntamientos de Cantabria, junto a los técnicos y personal funcionario que trabajan en las corporaciones locales y que están relacionados con la iniciativa autonómica.

La Dirección General de Administración Local es el departamento impulsor del proyecto, pensado para dar soporte en principio a los ayuntamientos más pequeños de Cantabria, con menos de 20.000 habitantes, unas 97 corporaciones, pero al que también se podrán sumar el resto de ayuntamientos y dar cumplimiento así a las leyes administrativas y de procedimiento que obligan a crear infraestructuras para que ciudadanos y administraciones se relacionen de forma electrónica.

El plan marco de Administración Electrónica en las corporaciones locales, que es susceptible de financiación europea, a través de los Fondos FEDER, nace de la colaboración entre el Gobierno de Cantabria, la Federación de Municipios de Cantabria, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local e informáticos de varios ayuntamientos, informa el Ejecutivo.

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