Los diferentes procesos judiciales que tiene abiertos el exalcalde de Noja, el ‘popular’ Jesús Díaz, por casos de presunta prevaricación, malversación y, como recoge una de las múltiples sentencias, “indicios racionales de criminalidad”, están empezando poco a poco a sentar en el banquillo al político que durante 27 años estuvo gobernando la Villa. Si en junio de 2017 declaraba como investigado, este jueves ha sido citado en los juzgados de Santoña para declarar por delitos de prevaricación en dos actuaciones en el municipio: las obras de remodelación de la Oficina de Turismo de Noja y las obras complementarias del Colegio Público Palacio, según ha podido saber este diario.
Así, Díaz tendrá que declarar a partir de las 9:00 horas ante los jueces después de que, en dos sentencias fechadas el pasado 5 de septiembre, el magistrado Luis Acayro Sánchez considerase que los presuntos delitos cometidos por el exalcalde del PP “se ajusta a criterio de la Fiscalía”, que en febrero de este año decidía abrir diligencias de investigación penal contra el exregidor.
De este modo, la Fiscalía acepta los argumentos de Acayro, que en la sentencia relativa al Colegio Público Palacio apuntaba que “nos encontramos ante una contratación manifiestamente ilegal, una posible manipulación de documento mercantil y judicial por la manipulación y ocultación” de datos.
El pasado mes de febrero la Fiscalía solicitaba a la actual secretaria municipal que aportara “testimonio del expediente de contratación supuestamente incoado para adjudicar la realización de las obras de ampliación de la sociedad Empresa Municipal Viviendas de Noja VPO SL, de 5 de junio de 2012” para confirmar los hechos ocurridos y valorados en la sentencia de Acayro.
VIVIENDAS DE NOJA VPO
En concreto, el Ayuntamiento de Noja adjudicó a la mercantil GIOC las obras de ampliación del colegio a través de la empresa pública Viviendas de Noja VPO SL, participada al 100% por el Consistorio y cuyo representante legal era en ese momento el exalcalde Jesús Díaz, actualmente presidente del órgano rector. En dicho órgano también se encuentran en estos momentos Juan Carlos Somarriba como vocal, que ya se encontraba dentro de la sociedad en 2012, cuando era concejal del PP, y José Luis Sáenz Messía Giménez, que ejerce de secretario de la empresa pública y que fue secretario municipal.
Cuando la mercantil acudió a cobrar por el trabajo realizado, el Consistorio se negó a abonar la cantidad de 37.131 euros ya que “si bien es cierta la adjudicación y el importe reclamado no procede el abono de la factura porque no ha sido emitida a nombre del Ayuntamiento”, instando a reclamar el importe a Viviendas de Noja VPO, algo en lo que coincide la sentencia, motivo por el cual desestima el recurso.
En la sentencia de Acayro se señalan varios hechos que podrían ser constitutivos de delito y que afectan a Díaz durante su etapa como alcalde. En concreto, en el recurso la mercantil GIOC señala que desde el Ayuntamiento se le señaló que “era necesario que se modificaran dichas facturas, de forma que la factura de urbanización fuera superior, reduciéndose la factura de las obras complementarias”, algo que se hizo para poder cobrar.
También destaca que la encomienda de la obra a la empresa pública “fue ilegal, por contravenir lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratos del Sector público”. El motivo es que dicha contratación no podía superar el 50% de la obra, y en este caso se adjudicó por el 100%.
Otro de los presuntos delitos que identifica Acayro es el relativo al requerimiento a Viviendas de Noja VPO SL del expediente completo de las obras del colegio público. A este respecto, el juez señala que el expediente judicial recoge un acuse de recibo y una diligencia que hace constar que el sobre enviado fue “devuelto por el Servicio de Correos con acuse de recibo”. Sin embargo, dicho acuse de recibo tenía “los datos del receptor y fecha borrados con tipex, así como el sobre abierto”.
OFICINA DE TURISMO
En cuanto al juicio por los presuntos delitos relativos a la Oficina de Turismo, Acayro considera que “parece haber sido habitual la vulneración de todos los principios básicos de la contratación administrativa”, en referencia al contrato verbal y “fraccionado deliberadamente, sin consignación previa” que se realizó para este proyecto y diversos casos judiciales abiertos actualmente que investigan al ex regidor por otros delitos.
En concreto, otro de esos delitos es el que llevó a Díaz a declarar en los juzgados de Santoña en junio de 2017 como investigado por prevaricación y malversación ante unas presuntas maniobras para favorecer al que fuera su primer teniente de alcalde y la “actividad sin licencia” de un negocio de hostelería que poseía y que, además, había alquilado al hijo del entonces concejal de Medio Ambiente.
El último auto que imputa un posible “delito continuado de prevaricación administrativa”, de noviembre de 2017, hace referencia a unos hechos que se extienden desde 2005 hasta 2010 relativos a la adquisición de una parcela por parte de una constructora y la posterior paralización administrativa de las obras que en ella se iban a desarrollar, algo en lo que el juez ve “indicios racionales de criminalidad” por parte de Díaz.
Todas estas resoluciones judiciales se suman a la recomendación por parte del Consejo de Estado de proceder a incoar expediente al exalcalde y actual concejal del PP por al menos otros cuatro contratos adjudicados a dedo y lesivos para el interés público y general.
En las consideraciones previas a este dictamen, este órgano planteaba que “este es el cuarto expediente de revisión de oficio de actos de adjudicación relativos a contratos suscrito por el Ayuntamiento de Noja que se recibe en este Consejo de Estado”, y señala que “todos estos contratos se adjudicaron en la misma época y todos han resultado lesivos para el interés público y los intereses generales”.
