Miércoles, 23 de Mayo de 2018
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POLÍTICA

La jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud denuncia contrataciones a dedo

En una carta filtrada a los medios Inmaculada Rodríguez habla de “continuas injerencias” del subdirector de Gestión Económica, paralización de expedientes sin ninguna motivación, trato vejatorio y la presencia de asesores externos en su despacho.

El gerente del SCS, Julián Pérez, anuncia una demanda judicial y no descarta que la empresa pública y la Consejería emprendan acciones legales. IU valora iniciar su propia demanda.

El gerente del SCS, Julián Pérez
El gerente del SCS, Julián Pérez

Contrataciones a la carta, continuas injerencias, trato vejatorio, paralización de expedientes sin ninguna motivación. Estas son algunas de las acusaciones que la jefa del Servicio de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Inmaculada Rodríguez, ha comunicado al gerente del SCS, Julián Pérez, a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, y a la secretaria general de la Consejería, María Cruz Reguera, en un comunicado que, como ha reconocido Pérez en rueda de prensa, está fechado el 8 de febrero de este año. Ahora, más de dos meses después, la filtración de esta misiva a El Diario Montañés ha provocado que el subdirector de Gestión Económica del SCS, Francisco Javier González, tome la decisión de presentar una demanda judicial por injurias contra Rodríguez, a la que se sumará Julián Pérez. Asimismo, se está valorando iniciar también actuaciones legales desde el SCS y la propia Consejería. Y no son las únicas acciones legales que podrían iniciarse.

Durante su intervención el gerente del Servicio Cántabro de Salud ha asegurado que es una “injuria absoluta” la acusación de realizar adjudicaciones a la carta, y ha defendido que “todos los procedimientos en el SCS se hacen correctamente”. A su juicio, la carta revela a “una persona que está muy enfadada y se lleva mal con el subdirector, y ese despecho viene por ello. Ayer cogió la baja a demanda”.

El gerente del Servicio Cántabro de Salud ha asegurado que es una “injuria absoluta” la acusación de realizar adjudicaciones a la carta

En la citada misiva, y según recoge la información, Inmaculada Rodríguez detalla que su despacho “está ocupado por asesores externos sobre los que desconozco su relación con la Administración, se realizan reuniones con todo tipo de empresas que después son la base de las propuestas contractuales e intervienen en las evaluaciones de las ofertas asesores externos a la Administración a los que se les entrega documentación contractual”.

Asimismo, señala la “paralización de expedientes sin ninguna motivación”, la recepción de “obras, servicios y suministros sin estar listos para su entrega y se les tramita la facturación con mi advertencia verbal de que no se puede hacer”.

A todo esto se suma un “trato vejatorio” por parte del subdirector de Gestión Económica, cargo que nombró Julián Pérez tras ser nombrado como gerente del SCS en 2015., y las acusaciones de “absoluto desprecio” a su autoridad. Rodríguez, funcionaria con 35 años de experiencia y a punto de jubilarse, asegura que el motivo de exponer todas estas presuntas irregularidades es que “no me quiero ir sin dejar constancia de la situación que he vivido”, y considera que “no me parece correcto la forma en que me ha desautorizado”.

GESTIÓN HABITUAL

Pérez ha asegurado que forman parte de la gestión habitual del SCS, y en algunos casos es práctica común en todo el territorio nacional

Ante todas estas acusaciones, Pérez ha asegurado que forman parte de la gestión habitual del SCS, y en algunos casos es práctica común en todo el territorio nacional. Respecto a las reuniones con empresas, el gerente de la empresa pública confirma que “en el SCS todo el mundo se reúne con empresas porque hay especificidades en la contratación que necesitan conocer las propias empresas”.

También ha reconocido la contratación de asesores externos para realizar un “informe neutral sobre los proyectos” que se presentaron a las grandes obras, argumentando que el Servicio Cántabro de Salud “no tiene capacidad para adjudicar y estudiar todos estos proyectos”, poniendo como ejemplos el concurso de laboratorios y la asesoría de arquitectura de Valdecilla.

Julián Pérez ha valorado igualmente como algo “absolutamente transparente”, que se hace en otras comunidades de España, la recepción de determinados equipos para obras, servicios y suministros en origen. “Si no se hace así se perderían algunos fondos”, ha afirmado. Por último, también ha revelado que el 95% del personal es estatutario, por lo que “claro que se les encarga hacer trabajos y expedientes, porque si no el SCS se paralizaría”.

A preguntas de la prensa, el gerente del SCS ha opinado que existe una “injerencia ideológica” en la publicación de esta información. “A las 10:30 horas el PP ya ha hecho una rueda de prensa, casi sin tiempo para reaccionar”, ha afirmado. Por otro lado, ha rechazado la posibilidad de que se abra un expediente disciplinario a Inmaculada Rodríguez ya que “no iba a llegar a nada”.

DEMANDA DE IU

Tras conocerse estas presuntas irregularidades la coordinadora de Izquierda Unida de Cantabria, Leticia Martínez, ha avanzado que su formación estudiará los detalles del caso y “no descarta emprender sus propias acciones judiciales”. En un comunicado insta a la Fiscalía a que “tome nota” de las adjudicaciones “a la carta” de la Consejería de Sanidad, y denuncia que este tipo de prácticas es “lo que se esconde detrás del discurso del PSOE cántabro en defensa de la sanidad pública: la constatación de que el Servicio Cántabro de Salud es un departamento fuertemente adjudicador y con mucha relación con empresas privadas”.

“PSOE y PRC vuelven a las andadas en su política de contratación”, recrimina Martínez (IU)

“PSOE y PRC vuelven a las andadas en su política de contratación”, recrimina Martínez, recordando que “el paso de socialistas y regionalistas por la Administración siempre se ha saldado con abundantes sospechas” sobre sus adjudicaciones a empresas constructoras, publicitarias, mediáticas o sus “socios en proyectos que acabaron siendo ruinosos o inexistentes para Cantabria como el Racing, Comillas, GFB, la Ciudad del Cine, el Plan Eólico o el Puerto de Laredo”.

Todo esto sucede, recuerda, mientras “siguen las denuncias sobre el retroceso de lo público”, mencionando casos como el CAD de Sierrallana o el servicio de Informática del Servicio Cántabro de Salud.

Además, la líder de IU enfatiza que la denuncia la hace una alta funcionaria de la Administración autonómica, próxima a la jubilación, que espera “no corra el mismo destino que el Interventor General”, destituido tras sus informes críticos y “sea tratada con más respeto que el dimitido director de la empresa pública del Año Lebaniego”.

Izquierda Unida también se ha referido a la petición por parte de la Fiscalía de una pena de siete años de prisión para el exdirector de la empresa pública CANTUR, Diego Higuera, imputado por pagar gastos personales con cargo a la empresa pública. Higuera tiene pendiente otro proceso por un presunto delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos en esta sociedad de gestión turística.

La coordinadora de IU ha mostrado su “desconfianza” en que la administración funcione “adecuadamente” si “los responsables de los nombramientos que acaban en estas prácticas y procesos judiciales son los mismos”. “Está en su ADN: difícilmente PSOE y PRC pueden actuar de otra forma porque son los mismos que protagonizaron aquella etapa”, ha finalizado Martínez.