jueves. 28.03.2024

Podemos ha pedido que se abone a los trabajadores del proyecto fallido de Ecomasa el dinero que aportaron de sus indemnizaciones cuando fueron recolocados tras salir de Teka. Se trata de un total de 3.289.719 euros que Teka cedió a Néstor Martín, correspondiente a las indemnizaciones que debieron percibir estos empleados por sus despidos.

"Ellos no deben pagar por un plan de negocio que resultó ruinoso para ellos y para la Administración Regional, que ya ha asumido que es imposible recuperar buena parte de las inversiones", ha explicado el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, quien ha hecho referencia al testimonio del presidente y secretario del Comité de Empresa de que "nunca tuvieron acceso a los informes de viabilidad entre otros de la empresa y que sólo aceptaron incorporarse al proyecto de Ecomasa por el aval del expresidente Ignacio Diego y su Gobierno, que les aseguraron la viabilidad, presionados y apremiados para tomar esta decisión en dos días, por lo que deben devolverles su dinero".

Esta es una de las primeras conclusiones de Podemos que se derivan de la comisión de investigación sobre el caso Ecomasa-Néstor Martín que se ha desarrollado en el Parlamento de Cantabria desde noviembre de 2016 y que finalizará el próximo mes de mayo con la presentación de las conclusiones de todos los grupos parlamentarios.

Además, Podemos quiere que se analicen las responsabilidades que pueda tener el director general del ICAF, Jorge Gómez de Cos, "quien conociendo que el proyecto Ecomasa era perjudicial para los intereses de Cantabria, continuó con su desarrollo, incluso después de conocer valoraciones negativas de la gestión de los titulares de la empresa".

Podemos quiere que se analicen las responsabilidades que pueda tener el director general del ICAF, Jorge Gómez de Cos

Asimismo, quiere que se depuren las responsabilidades que pudieran tener los entonces consejeros de Industria y Economía, Eduardo Arasti, y Cristina Mazas, respectivamente, "responsables directos del proyecto Ecomasa ante el Gobierno de Cantabria, por su dejación de funciones ante los diversos informes técnicos que apuntaban el nulo desarrollo del proyecto y, en definitiva, del fracaso de este proyecto con su consiguiente repercusión económica para Cantabria". También incluyen al entonces presidente, Ignacio Diego, promotor inicial del proyecto que dio luz verde al mismo.

Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas.

Por último, han solicitado una revisión de las posibles responsabilidades que puedan derivar de la calificación de culpabilidad en el concurso de acreedores por las posibles salidas fraudulentas de bienes y la concesión de "importantes" préstamos financieros a otras empresas del grupo de Andrés de León y Manuel Jesús Lavín.

Blanco ha indicado que esta comisión de investigación ha confirmado que la solicitud de avales en Ecomasa fue realizada ante la administración regional "sin soporte documental suficiente, ni informe económico, ni estudio de aspectos técnicos, industriales y comerciales de un tercero", limitándose aportar un documento sobre garantías con incidencias, y una resolución que declaraba estratégica la operación.

Además, en el primer informe de la Comisión de Seguimiento de fecha 4 de octubre 2013 ya se detectaban "serios problemas" en la consolidación del negocio, reducida liquidez y por tanto elevada incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de pago de futuros derivados del contrato de Prestamos del ICAF.

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