El Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander ha absuelto a los seis jóvenes acusados por una protesta pacífica en defensa de la educación pública en febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria ante el entonces presidente autonómico, Ignacio Diego (PP). El fallo, notificado este jueves, declara las costas de oficio. La Fiscalía –única parte que ha ejercido la acusación contra los seis jóvenes– llegó a pedir para ellos un total de 42 años de cárcel, aunque tras la aparición de unos vídeos de los hechos redujo su petición a multas de 4.400 euros por un delito de coacciones y una falta contra el orden público por falta de respeto y consideración a la autoridad.
Así, en el juicio –que se celebró el 25 de octubre y el 1 de diciembre de 2017–, el Ministerio Público modificó sus conclusiones y retiró el delito de daños en el vehículo de reacción policial que solicitaba para Diegu San Gabriel, uno de los seis jóvenes ahora absueltos. En su lugar, consideró los daños una falta por la que solicitó para este joven una multa de 240 euros, frente al año de cárcel de la petición inicial. Frente a ello, las defensas de los seis jóvenes solicitaron la libre absolución, al considerar que las pruebas y las declaraciones de los testigos en el juicio –entre ellos el propio ex presidente autonómico– no desvirtuaron la presunción de inocencia de los jóvenes.
Los hechos sucedieron el 17 de febrero de 2014, cuando Ignacio Diego fue invitado por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria a participar en un acto público con el lema Tengo una pregunta para usted y al que los servicios de seguridad impidieron el acceso a los jóvenes. Al concluir el acto, el entonces presidente autonómico salió por la parte trasera del edificio de la Universidad de Cantabria, y ahí es donde se produjeron los hechos por los que la Fiscalía acusaba a los jóvenes de un delito de coacciones y de una falta contra el orden público. Los jóvenes defendían que fue una protesta “pacífica”, mientras que Diego declaró que la actitud de éstos fue “agresiva” y la Fiscalía sostuvo que la intención de los ahora absueltos era “impedir que Diego accediese a su vehículo y no protestar por no haber podido entrar al acto o en defensa de la educación pública”.
