Los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron durante el pasado año 1.908 denuncias en las que figuraban como víctimas 1.717 mujeres, lo que supone un incremento del 42,4% en el número de víctimas, que sube al 60,1% por lo que se refiere a las de nacionalidad española. Del mismo modo, las denuncias aumentaron un 26,6% respecto a 2016.
En el conjunto de España, también aumentaron tanto las mujeres que figuran víctimas (un 17,5%) como las propias denuncias, un 16,4%.
Esas 1.717 mujeres que figuran como víctimas de violencia en Cantabria (1.523 españolas y 194 extranjeras) representan a 57,52 de cada 10.000 mujeres que viven en la región, una ratio inferior a la media nacional, que en el periodo analizado registró una tasa de 66,65 víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres.
En el incremento del número de denuncias tienen un papel relevante las presentadas por la propia víctima
Así se desprende del informe que trimestralmente difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que este lunes se ha dado a conocer con los datos de 2017.
En el incremento del número de denuncias tienen un papel relevante las presentadas por la propia víctima, tanto en el juzgado (53, las mismas que en 2016), como en comisaría (1.087, un 128,8% más que un año antes).
Otras 387 denuncias fueron presentadas por servicios asistenciales y terceras personas, 204 por intervención policial, 126 por parte de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y 51 por denuncia de familiar.
En 127 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone una disminución del 13% respecto a las que lo hicieron un año antes.
Esas 127 mujeres que se acogieron a la dispensa representan el 7% del total de mujeres que figuran como víctimas.
Desde 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad puesto que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
En 2017 se solicitaron en los órganos judiciales de Cantabria 296 órdenes y medidas de protección.
Se encuadran en esa cifra las órdenes de protección y las medidas de protección y seguridad contempladas en el artículo 544ter -conllevan medidas penales y civiles, y su adopción exige escuchar al presunto agresor-, y también las del artículo 544 bis -precepto que permite al juez adoptar una protección de carácter penal sin necesidad de escuchar al denunciado-.
De esas 296 medidas y órdenes de protección solicitadas, los jueces acordaron 193, lo que representa el 65% de todas las pedidas. A nivel nacional, se adoptaron el 68% de las medidas solicitadas.
Tales órdenes y medidas de protección y seguridad se tradujeron en 185 medidas judiciales: 571 de carácter penal y 135 de tipo civil.
Entre las primeras, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (206) y el alejamiento de la víctima (194), seguidas de la suspensión de la tenencia y uso de armas (111). Además, se acordó la prohibición de volver al lugar del delito en 25 ocasiones y la salida del domicilio en otras catorce, y se privó de libertad en dos casos.
Entre las medidas civiles acordadas, 38 fueron sobre prestación de alimentos, otras 34 sobre atribución de vivienda y once suspendieron la guarda y custodia al progenitor. Además, en una ocasión se suspendió la patria potestad y en otra, el régimen de visitas.
RELACIÓN
En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas, la mujer era española y mayor de edad (243 ocasiones). En otras 49 se trataba de mujeres extranjeras mayores de edad. En cuatro casos la víctima era menor de edad y española.
En cuanto a los denunciados que figuran en las órdenes de protección solicitadas, 247 eran españoles y 49 extranjeros.
A lo largo del pasado año, se enjuiciaron 203 personas por violencia de género: 202 hombres y una mujer, que fue llevada a juicio junto a quien había sido su pareja porque existían denuncias mutuas.
Al analizar la relación existente entre la denunciante y el denunciado en el momento de producirse la supuesta agresión, en el 45,27% de las ocasiones eran matrimonio o tenían una relación afectiva, mientras que en 54,73% de los casos el vínculo ya estaba disuelto.
MALOS TRATOS
A lo largo del pasado año, los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron un total de 2.311 asuntos, de los que 665 se llevaron por juicio rápido, 104 fueron por delitos leves, y cinco se tramitaron por sumario, procedimiento empleado -junto con el jurado- para tramitar los delitos más graves.
El resto de asuntos se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado, los procedimientos de instrucción más habituales.
La mayoría de denuncias (876) se referían a acciones tipificadas en el artículo 153 del Código Penal, esto es, el delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre los seis meses y el año de prisión.
Otros 196 delitos correspondieron al tipo del artículo 173, que condena aquella actitud persistente que genera un clima de pánico en el entorno familiar. Este delito está penado con una condena de entre seis meses y tres años de cárcel.
Además, en otros 14 casos se tramitó procedimiento que responde al maltrato del artículo 148 y siguientes del Código Penal, preceptos que se refieren a una lesión que requiere una primera asistencia y un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de lo seis meses a los cinco años de cárcel.
Por otro lado, los juzgados de violencia de Cantabria tramitaron 360 asuntos por quebrantamiento de condena, 224 por incumplimiento de una medida cautelar, 143 por delito contra la libertad, 36 por delito contra el honor, 21 por delito contra la integridad moral, seis por un delito contra la indemnidad sexual, dos por delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen y otros dos por delito contra los derechos y deberes familiares.
En cuanto a los delitos leves, se registraron 111 procedimientos por injurias y 40 por vejaciones injustas.
Por último, las denuncias presentadas ante los juzgados de violencia de género también dieron lugar a la apertura de 221 procedimientos civiles, de los que 84 eran de divorcio, 65 sobre la adopción de medidas de guarda y custodia de hijos nacidos fuera del matrimonio, y 52 sobre modificación de medidas acordadas en sentencias de disolución matrimonial.
