El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una moción del PRC para que el Gobierno autonómico (PRC/PSOE) inste al Gobierno español (PP) a incluir en los Presupuestos Generales del Estado una partida finalista para “garantizar” la atención a la dependencia. La iniciativa, defendida por la diputada Rosa Valdés, ha salido adelante a pesar de la negativa del PP y la abstención del portavoz de Cs, ya que ha contado con el apoyo de PRC, PSOE, Podemos y del diputado no adscrito Juan Ramón Carrancio. Con esta medida, que exige también al Ejecutivo “vegetativo” presidido por Mariano Rajoy revertir los recortes con las reformas de ley desde 2011, se persigue paliar el carácter “antisocial” de los PGE, que no ofrecen ninguna “garantía” de que Cantabria vaya a recibir la cuantía prometida, de 208 millones de euros tras seis años de “maltrato sistemático”.
Isabel Urrutia, del PP, ha enmarcado la moción en la estrategia de “confrontación” del Gobierno autonómico contra el estatal, que se acompaña de “la matraca del España nos roba”, que es un argumento “falaz”, además de un “insulto”. Urrutia ha acusado al bipartito PRC/PSOE de mentir para “tapar su falta de gestión”, por lo que les ha instado a que se pongan a “trabajar” en vez de seguir con la “tragicomedia” y el “sainete” del España nos roba.
Valdés asegura que Urrutia está “bajo el síndrome de Cifuentes”
En el turno de réplica, Valdés ha asegurado que Urrutia está “bajo el síndrome de Cifuentes” –en alusión a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes–, pues vive “una realidad paralela”, después de haber votado, la pasada legislatura –gobernada por el PP en Cantabria–, en contra de todas las iniciativas de PRC y PSOE a favor de la dependencia. Tras recordar a la diputada del PP que Zapatero “ya no está” pero sí Rajoy –“apoyado con su socio Ciudadanos”–, Valdés ha considerado que Urrutia está “muy nerviosa” por los sondeos preelectorales y por “el juicio” de este martes en el que se verá la petición de anulación del XII Congreso del PP de Cantabria, en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta por sólo cuatro votos de diferencia con respecto a su antecesor en el cargo, Ignacio Diego. Así, también ha achacado dichos nervios a que el PP está “roto”, marcado por la “corrupción” y “en caída libre”, ha sentenciado Valdés, que ha defendido que el Ejecutivo PRC/PSOE está “arreglando” ahora lo que “destrozaron” los dirigentes del PP entre 2011 y 2015.
También ha respaldado la moción Podemos, porque en palabras de su portavoz, Verónica Ordóñez, la situación de la dependencia es una “absoluta vergüenza nacional”. En este sentido, ha lamentado que en España mueren cada día 90 personas que están en lista de espera para recibir la prestación por dependencia que tienen reconocida, debido a que el “mísero” dinero que se consigna “ni siquiera se ejecuta”. Así, Ordóñez ha afeado al PP que prefiera “rescatar autovías” o “malgastar el dinero en sus amigos de la industria armamentística”. Por su parte, Guillermo del Corral (PSOE) ha denunciado que desde 2012 Cantabria no ha recibido “ni un euro” para la cofinanciación de la atención a la dependencia.
Ayuda a domicilio
Además, el Pleno también ha aprobado una moción de Podemos con una batería de peticiones de cara a la redacción de los nuevos pliegos por los que se licitará el Servicio de Ayuda a Domicilio. La propuesta ha contado con el respaldo del PP y Cs y de Carrancio, y el no de PRC y PSOE, que habían presentado sendas enmiendas que han sido rechazadas. Según la propuesta que ha salido adelante, la Administración deberá incluir en dichos pliegos de contratación un plus de penalidad para las trabajadoras del servicio, que en ocasiones, en el desarrollo de su labor, tienen que hacer frente a “pulgas”, “hongos” o “heces”, según ha detallado Ordóñez. También a propuesta de Podemos se ha pedido que se les reconozca como tiempo de trabajo efectivo el desplazamiento entre servicios, y que se garantice que la empresa abona los costes derivados de estos desplazamientos, como la gasolina o el aparcamiento. Asimismo, se deberá fijar un techo económico que garantice la calidad de la prestación del servicio, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y a la hora de establecer los calendarios de visitas y servicios, se deberá tener en cuenta las necesidades de los usuarios, distinguiendo entre necesidades vitales y preferencias, de modo que estas últimas queden supeditadas al establecimiento de un horario de trabajo más normalizado para las trabajadoras del servicio. Finalmente, se deberá priorizar a aquellas empresas que no estén o hayan estado incursas en procedimientos judiciales por incumplir la legislación laboral y de la seguridad social.
