El Gobierno ha registrado un escrito en el Congreso reclamando la paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que firmó el PSOE y otros grupos de la oposición para subir las pensiones una media del 1,2%.
El veto de Moncloa, que al registrarse a última hora del lunes no ha podido ser analizado aún en la Mesa del Congreso, se une a los otros trece que tiene presentados el Gobierno a leyes presentadas por la oposición y que amenazan con acabar con un nuevo conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Esta última proposición de ley vetada, que recoge las pretensiones de Comisiones Obreras y UGT, busca aplicar la revalorización de las pensiones por encima de la previsión de inflación, asegurando que los perceptores de esta prestación no pierdan poder adquisitivo.
Esta última proposición de ley vetada, que recoge las pretensiones de Comisiones Obreras y UGT, lleva la firma del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), el PNV y la antigua Convergència, todos los grupos de la oposición, con la única excepción de Ciudadanos, que está a favor de la revalorización pero considera "un parche" la ley. Teniendo en cuenta sus firmas, la iniciativa sumaba a priori mayoría absoluta en la Cámara, pues estas formaciones suponen 178 votos en el Pleno del Congreso.
En su escrito de veto, el Gobierno entiende que "el coste de esa medida superaría los 1.150 millones de euros que, según la proposición de ley, tendrían que ser financiados por el Estado, sin que se proponga una fuente de financiación". El Ejecutivo recuerda que su reforma de 2013 cambió el modo de cálculo para desvincular del IPC la revaloración de las pensiones garantizando siempre una subida mínima del 0,25% y que en todo caso la Comisión del Pacto de Toledo debe estudiar la financiación de las prestaciones no contributivas y universales.
El veto del Gobierno se verá en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, donde habrá que decidir si se atiende o se desoye. Por ahora, y a la espera de estudiar un informe preparado por los servicios jurídicos, el órgano de gobierno de la Cámara ha levantado tres de los 13 vetos recibidos, los relativos a proposiciones de ley para paralizar la LOMCE y para mejorar las condiciones de los trabajadores de empresas subcontratadas.
Uso improcedente
Las reacciones no se han hecho esperar. La decisión del Gobierno ha sido criticada de inmediato por el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, que cree que el Ejecutivo hace un "uso improcedente" de su capacidad de veto.
En rueda de prensa en la Cámara baja, Hernando ha destacado que esa subida de las pensiones no afectaría al presupuesto vigente sino al del próximo ejercicio, por lo que el Gobierno no puede pretender imponer su veto con el argumento de que modifica el presupuesto aprobado. "El Gobierno utiliza el derecho de veto en perjuicio de los ciudadanos y de los pensionistas", ha denunciado.
También se ha referido a este asunto el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, que ha criticado al Gobierno por atrincherarse en el veto a las iniciativas de los grupos parlamentarios, sin darse cuenta de que ya no cuenta con mayoría absoluta.
