“Abrí la cuenta porque quería ayudar a María José Sáenz de Buruaga”, actual presidenta del Partido Popular de Cantabria. Así se ha expresado el afiliado de Laredo desde cuya cuenta se efectuaron los pagos de 511 cuotas de afiliados del PP de Cantabria y que supuestamente tiene una discapacidad psíquica, que ha declarado a puerta cerrada en el juicio por las dos demandas que solicitan la nulidad del XII Congreso del partido –celebrado en 2017–, juicio que se ha celebrado este jueves en Laredo y que ha quedado visto para sentencia. En el juicio han declarado este afiliado de Laredo y todos los demás testigos propuestos, aunque este afiliado de Laredo ha sido el único que lo ha hecho a puerta cerrada, “porque así lo ha pedido el abogado del PP, alegando que el testigo ha sido sometido a acoso por determinados medios de comunicación y por la parte demandante, y la jueza lo ha aceptado”, ha asegurado este martes el propio PP de Cantabria en un comunicado. Según han expuesto los abogados de los demandantes –afines al anterior presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego– en el turno de conclusiones, a preguntas de éstos este afiliado de Laredo ha manifestado que abrió una cuenta bancaria para proceder a los citados pagos –estar al día con las cuotas era un requisito necesario para poder participar en el XII Congreso– porque “quería ayudar a Buruaga”, es decir que lo hizo “en beneficio” de la actual presidenta del PP de Cantabria, han insistido los abogados. A este respecto, la gerente del PP de Cantabria desde 2002 y presidenta de la comisión organizadora del XII Congreso, Jesusa Sánchez, ha admitido que este afiliado de Laredo figuraba entre las personas “vinculadas” a la actual presidenta del PP de Cantabria, a las personas “de su círculo más cercano”.
La gerente del PP de Cantabria señala que en el XII Congreso se realizaron “muchísimas” operaciones de ese tipo
Durante su declaración como testigo en este juicio –celebrado este martes en Laredo y en el que se han visto las dos demandas que solicitan la nulidad del XII Congreso, en el que Buruaga se hizo con la Presidencia del PP de Cantabria al vencer por sólo cuatro votos a Diego–, Sánchez ha defendido la legalidad de los pagos de cuotas a terceros y ha asegurado que los que así se efectuaron en dicho cónclave fueron “mayoritariamente aceptados” por los miembros del órgano colegiado y admitidos como “lícitos”, a pesar de que –como ha reconocido– ese procedimiento no aparece regulado expresamente en los Estatutos de la formación. La gerente del PP de Cantabria ha señalado que en el XII Congreso se realizaron “muchísimas” operaciones de ese tipo –más de 1.300 por parte de ambas candidaturas, ha asegurado–, por lo que ha considerado “legítimo” y “válido” el pago –denunciado como irregular– de 511 cuotas de afiliados, efectuado desde la cuenta del afiliado de Laredo, que supuestamente tiene una discapacidad psíquica. “Es un afiliado, tiene derecho a hacerlo, como lo han hecho otras personas”, ha sostenido Sánchez, para quien lo contrario habría sido “discriminatorio”.
La gerente del PP de Cantabria, que ha afirmado que no conocía al afiliado de Laredo y que lo ha visto este martes por primera vez, ha asegurado que el órgano encargado de organizar el XII Congreso –compuesto por nueve personas– acordó desestimar la reclamación hecha sobre ese pago masivo de cuotas a través de una sola cuenta al entender que era “perfectamente legal” y “habitual”, como ha subrayado el buruaguista Manuel Cobo –abogado, miembro de la comisión del XII Congreso y alcalde de Selaya– y como ratificó Génova 13 tras una consulta a los servicios jurídicos del PP estatal, que concluyó que el pago masivo era “válido”. Cobo y otros integrantes de la comisión con experiencia o formación en Derecho entendieron que ese método se ajustaba a los estatutos del PP y al reglamento del XII Congreso, por lo que se opusieron a la reclamación del parlamentario autonómico Carlos Albalá, también miembro de la comisión y que ha declarado como testigo.
Para Albalá, estas operaciones hechas “de manera irregular” constituyen “un caso único”
El dieguista Albalá ha asegurado que “nunca” había visto un pago delegado de 511 transferencias, y ha precisado que según los Estatutos, la domiciliación de cuotas en una misma cuenta sólo se permite a la unidad familiar. Además, debe constar nombre y apellidos de la persona en cuestión, según ha subrayado la dieguista Lorena García, que firmó junto con el también dieguista Santiago Recio una de las dos demandas de nulidad que se han visto en el juicio de este martes. Para Albalá, estas operaciones hechas “de manera irregular” constituyen “un caso único”, y se ha quejado también de que ante una situación “tan extraordinaria” la comisión no le dejara consultar las cuentas del PP, no para comprobar la contabilidad sino los últimos extractos bancarios, con lo que cree que “se vulneró la garantía de transparencia”.
La también parlamentaria dieguista Mercedes Toribio ha admitido –como han hecho otros testigos– que pagó las cuotas de cuatro afiliados de su municipio (Los Corrales de Buelna) previa autorización, y ha contrastado sus ingresos –en los que aparecen nombre y apellidos de los interesados– con los de Laredo, en los que sólo figuran DNIs.
Toribio, que también es presidenta de la junta local del PP en Los Corrales de Buelna y portavoz municipal, y por ello compromisaria nata –que avaló a Diego–, ha precisado que no tuvo que comunicar dicha condición a la Dirección autonómica, que lo conoce desde el principio de cada legislatura, cuando se constituyen los ayuntamientos. “El PP sabe automáticamente quiénes somos natos”, ya que el “contacto” a nivel autonómico y local es “directo”.
Sin embargo, y según ha declarado Rodolfo Canal, presidente de la junta local del PP de Medio Cudeyo, él “reunía los requisitos” para ser compromisario nato en base a este cargo, condición que se le denegó por comunicarlo “fuera de plazo” –de forma “extemporánea”, ha dicho la gerente–, aunque él entiende que es “inherente” a su puesto, que “no tiene que ser solicitado”. Este afiliado, que participó como electo, considera que la junta local del municipio –dieguista en su mayoría– se vio “perjudicada”, al ser “privada” de un voto. Canal también ha denunciado que el listado con los compromisarios natos “se modificó”, pues se metieron “con calzador tres personas en tres listas distintas”.
