La Justicia está acorralando al exalcalde de Noja, Jesús Díaz (PP). Si hace unos días el juez Luis Acayro Sánchez elevaba a la Fiscalía un posible caso de prevaricación en las obras de remodelación de la Oficina de Turismo de la Villa, ahora el mismo juez emite otra sentencia en la que apunta que el que fuera regidor durante más de 20 años podría haber cometido el mismo delito en los trabajos realizados y no abonados correspondientes a las obras complementarias del Colegio Público Palacio. Dos sentencias que coinciden en la misma fecha y que se suman a una lista de procesos judiciales y que, sin embargo, no han hecho que el PP le cese como concejal de la Corporación, puesto que ocupa desde 2015.
En la sentencia, fechada el 5 de septiembre, Acayro considera que “lo ocurrido se ajusta al criterio de la Fiscalía”, sin que exista “perjuicio de los otros delitos indicados”. Según el juez, dichos delitos se habrían cometido en un procedimiento municipal en el que asegura que “nos encontramos ante una contratación manifiestamente ilegal, una posible manipulación de documento mercantil y judicial por la manipulación y ocultación” de datos.
Acayro asegura que “nos encontramos ante una contratación manifiestamente ilegal, una posible manipulación de documento mercantil y judicial por la manipulación y ocultación” de datos
Asimismo, y según “pronunciamientos judiciales reiterados”, Acayro considera que “parece haber sido habitual la vulneración de todos los principios básicos de la contratación administrativa”. Una opinión que también recogió en la sentencia relativa a la oficina de Turismo y a pesar de la cual los ‘populares’ todavía no han tomado ninguna decisión en torno al futuro del exalcalde, manteniéndole en el Ayuntamiento como miembro más del Grupo Municipal.
VIVIENDAS DE NOJA VPO
Los hechos a los que hace referencia la sentencia, que desestima el recurso de la mercantil GIOC, se remontan a 2012, cuando el Ayuntamiento de Noja adjudicó a la empresa las obras de ampliación a través de la empresa pública Viviendas de Noja VPO SL, participada al 100% por el Consistorio y cuyo representante legal era en ese momento el exalcalde Jesús Díaz, actualmente presidente del órgano rector. En dicho órgano también se encuentran en estos momentos Juan Carlos Somarriba como vocal, que ya se encontraba dentro de la sociedad en 2012, cuando era concejal del PP, y José Luis Sáenz Messía Giménez, que ejerce de secretario de la empresa pública y que fue secretario municipal.
Cuando la mercantil acudió a cobrar por el trabajo realizado, el Consistorio se negó a abonar la cantidad de 37.131 euros ya que “si bien es cierta la adjudicación y el importe reclamado no procede el abono de la factura porque no ha sido emitida a nombre del Ayuntamiento”, instando a reclamar el importe a Viviendas de Noja VPO, algo en lo que coincide la sentencia, motivo por el cual desestima el recurso.
Sin embargo, Acayro señala varios hechos que podrían ser constitutivos de delito y que afectan a Jesús Díaz durante su etapa como alcalde. En concreto, en el recurso la mercantil GIOC señala que desde el Ayuntamiento se le señaló que “era necesario que se modificaran dichas facturas, de forma que la factura de urbanización fuera superior, reduciéndose la factura de las obras complementarias”, algo que se hizo para poder cobrar.
También destaca el hecho de que la encomienda de la obra a la empresa pública “fue ilegal, por contravenir lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratos del Sector público”. El motivo es que dicha contratación no podía superar el 50% de la obra, y en este caso se adjudicó por el 100%.
Otro de los presuntos delitos que identifica Acayro es el relativo al requerimiento a Viviendas de Noja VPO SL del expediente completo de las obras del colegio público. A este respecto, el juez señala que el expediente judicial recoge un acuse de recibo y una diligencia que hace constar que el sobre enviado fue “devuelto por el Servicio de Correos con acuse de recibo”. Sin embargo, dicho acuse de recibo tenía “los datos del receptor y fecha borrados con tipex, así como el sobre abierto”.
La sentencia detalla que se citó a Jesús Díaz para declarar como representante legal de Viviendas de Noja VPO SL para el 16 de mayo de 2017, a lo que se niega alegando que “no podía acudir” y retrasando la comparecencia para el 19 o el 23 del mismo mes en el Juzgado de Paz de Carriazo o en Noja, respectivamente. Sin embargo, no llegó a comparecer en ninguno de los dos, “no siendo localizado en su domicilio”.
La sentencia, contra la que cabe recurso, condena a GIOC al pago de las costas procesales y se suma a la conocida este jueves en la que el mismo juez insta a la Fiscalía a investigar a Díaz por prevaricación administrativa en el caso de la remodelación de la oficina de Turismo de Noja, donde apunta irregularidades como un contrato verbal o el “fraccionamiento deliberado y sin consignación previa” del proyecto.
CONSEJO DE ESTADO
Asimismo, se añade a la reciente recomendación por parte del Consejo de Estado de proceder a incoar expediente al exalcalde y actual concejal del PP por al menos otros cuatro contratos adjudicados a dedo y lesivos para el interés público y general.
En las consideraciones previas a este dictamen, este órgano plantea que “este es el cuarto expediente de revisión de oficio de actos de adjudicación relativos a contratos suscrito por el Ayuntamiento de Noja que se recibe en este Consejo de Estado”, y señala que “todos estos contratos se adjudicaron en la misma época y todos han resultado lesivos para el interés público y los intereses generales”.
Los contratos a los que hace referencia esta recomendación del Consejo de Estado corresponden al suministro de copiadoras multifuncionales y a la consultoría y asistencia técnica para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Noja, el servicio de ambulancia, obras de estructura metálica en la Casona del Carmen y la remodelación de la Oficina de Turismo de la Villa.
ANTECEDENTES
La recomendación del Consejo de Estado y las recientes sentencias se suman a una trayectoria en la que se imputan a Jesús Díaz presuntos delitos de prevaricación, malversación y contra las garantías institucionales. El caso más conocido posiblemente sea el proceso judicial por el que tuvo declarar en una primera fase el pasado 28 de junio por posibles delitos que habría cometido durante su etapa como alcalde entre 2009 y 2013.
En concreto, y a raíz de una denuncia presentada por el PRC, que en 2014 apuntó varios delitos de prevaricación administrativa y malversación a consecuencia de la “pasividad” del equipo de Gobierno ante las “actividades sin licencia” de un negocio de hostelería propiedad del concejal de Obras, y que tuvo alquilado un hijo del edil de Medio Ambiente, Emilio Gándara Lavín, contra el que no ejerció medida alguna pese a que su “ilegalidad” fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que llegó incluso a condenar al Ayuntamiento de Noja por "inacción y dejación de funciones".
A las “numerosas irregularidades” denunciadas se sumaron posteriormente más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto”. Asimismo, el PRC cifra en más de seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición en aquellos años, de ahí el supuesto delito contra las garantías constitucionales. Además, la denuncia advierte de duplicidades en las facturas, servicios facturados sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales sin contrato o fraccionamientos para eludir la normativa.
Durante su declaración, y según fuentes próximas al caso consultadas por este diario, Jesús Díaz recurrió a respuestas como “no recuerdo”, “no intervine” o “lo ignoraba” para no explicar las acusaciones realizadas por el Grupo Regionalista del Ayuntamiento de Noja.
