La Fiscalía ha pedido 22 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su sobrina de tres años, grabarlo y guardarlo en su móvil junto a 3.755 archivos digitales con imágenes de menores desnudos o manteniendo relaciones sexuales, hechos por los que será juzgado el miércoles, 17 de enero, en la Audiencia Provincial de Cantabria.
El Ministerio Fiscal también le acusa de tratar de compartir a través de Twitter cuarenta fotografías de menores de edad desnudas, algo que detectó la propia red social, que lo puso en conocimiento de una ONG estadounidense que a su vez lo comunicó a las autoridades españolas.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, el supuesto abuso sexual se produjo en la tarde-noche del 22 de agosto de 2015, cuando el hombre se encontraba al cuidado de la pequeña en la casa en la que él vivía en Colindres junto a los abuelos de la niña.
Ese día la menor se quedó a dormir en la vivienda y compartió habitación con el acusado, momento que el hombre "aprovechó" para realizarle tocamientos en sus genitales, algunos con su pene. Ya a la mañana siguiente, y siempre según el relato de hechos del fiscal, el hombre se masturbó y eyaculó sobre la pequeña.
Además, el acusado grabó dos vídeos y realizó más de 40 fotos realizando estas acciones.
En cuanto a los archivos de contenido pedófilo, el escrito de acusación del fiscal señala que el acusado los tuvo almacenados en su teléfono móvil entre agosto de 2013 y enero de 2017.
Al parecer, en ellos se podía ver a menores "de muy corta edad desnudos y exhibiendo sus órganos genitales o manteniendo relaciones sexuales con personas adultas "mucho mayores que ellos".
DELITOS Y PENAS
El Ministerio Público considera que al acusado, autor de dos delitos de corrupción de menores, uno por poseer pornografía infantil con finalidad de distribución y otro agravado por elaborar pornografía con su sobrina, y de uno continuado de abusos sexuales.
Por todo ello, la suma de las penas solicitadas asciende a 22 años y medio de prisión, así como una medida de libertad vigilada de 30 años a ejecutarse tras su puesta en libertad.
Además, el fiscal solicita que se le inhabilite para la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 18 años, así como para ejercer cualquier profesión relacionada con menores durante 37 años.
También pide que se le condene a mantenerse alejado y a no comunicar con su sobrina durante 16 años.