La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha rechazado que exista corrupción en el Servicio Cántabro de Salud y ha asegurado que no hay "ningún aprovechamiento económico ni de otro tipo" por parte de los gestores del servicio en los procedimientos de contratación.
A la vez ha acusado al PP de abrir una "causa general y desprestigiar la gestión integral de toda la contratación del SCS, tomando para ello como base un escaso número de contratos frente a los más de 40.000 suscritos en 2017", para "desviar la atención" ante sus "propias miserias judicializadas", sin importarle "acabar con la credibilidad de cualquier institución y la honorabilidad de cualquier persona".
Real ha dicho que no entiende "la actitud de seguimiento" del resto de grupos de la oposición, cuando se han dado "explicaciones detalladas", se ha aportado "abundante documentación" y hay un expediente informativo en marcha, "supongo que con el único objetivo de sacar rédito político".
La consejera se ha quejado de que nada de ello "sirve" a los grupos de la oposición, ni siquiera las auditorías de la Intervención, que "hablan de normalidad"
La consejera se ha quejado de que nada de ello "sirve" a los grupos de la oposición, ni siquiera las auditorías de la Intervención, que "hablan de normalidad". "El veredicto es culpable", ha censurado Real, quien ha criticado que ni siquiera, "por un mínima de prudencia", se espera al resultado del expediente informativo.
"Incluso se habla de corrupción, término que rechazo tajantemente porque no se trata de acusaciones a ningún gestor por haberse llevado dinero, ni se ha dejado de hacer obras o recibir suministros, ni se han dejado de gestionar los servicios ni se han realizado facturas o contratos falsos", ha argumentado.
SIN UNA MÍNIMA PRUEBA
Real ha recalcado que "una cosa son presuntos errores o incidencias y otra cosa bien distinta es hablar de corrupción sin el más mínimo indicio; una acusación tan grave debería soportarse al menos en una mínima prueba, pero parece que vale todo, hasta negar la presunción de inocencia", ha criticado.
La consejera ha afirmado que en todos los informes de auditoría -ha citado algunos ejemplos de la de 2014, cuando gobernaba el PP-, se señalan incidencias contractuales y no por ello el interventor "se dedica a fusilar al gestor ni llevarlo a la Fiscalía porque no son constitutivas de delito ni por supuesto de corrupción".
En su opinión, el SCS, que en la actualidad es el mejor valorado del país según el último barómetro del Ministerio de Sanidad, "no se merece este cuestionamiento público y generalizado de sus procedimientos de contratación administrativa".
"Espero que tenga pruebas de lo que acaba de decir del pago del viaje", ha espetado Real
Real ha hecho estas afirmaciones en la Comisión de Sanidad del Parlamento, donde ha comparecido a petición de Ciudadanos para dar explicaciones sobre las irregularidades denunciadas por la jefa de contratación del SCS en un correo electrónico de febrero que se conoció en abril, y por el PP, sobre las que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación tras recibir una denuncia de Izquierda Unida.
Durante la comparecencia -subsiguiente a las del director gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Javier González, que estuvieron el miércoles-, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha asegurado que la consejera recibió "denuncias verbales" por parte de miembros del equipo de gestión del SCS de que "se estaban cometiendo irregularidades", antes del correo electrónico de la alta funcionaria del 8 de febrero.
VIAJE A AMÉRICA
También ha denunciado que la empresa que suministró los ecógrafos, -de los que se hizo un contrato menor por cada centro de salud en lugar de un concurso abierto-, "ha pagado un viaje a América" al gerente del SCS, al subdirector de Gestión Económica y a un asesor externo -contratado mediante asistencia técnica-.
"Espero que tenga pruebas de lo que acaba de decir del pago del viaje", le ha espetado la consejera, mientras que sobre las "denuncias verbales", ha dicho que "no tiene ni idea de a qué se refiere".
Todos los grupos de la oposición han vuelto a coincidir en que no se responde a sus preguntas, y varios han instado a la consejera a pedir a los directivos del SCS que den más explicaciones y a cesarles si no lo hacen, porque de no ser así, estaría siendo "cómplice".
La consejera, sin embargo, sí considera que el gerente y el subdirector de Gestión Económica dieron todas las explicaciones pertinentes, y ha pedido que se valore "en su justa medida" la "ingente labor" del SCS y las incidencias que puedan detectarse en tan alto número de contratos -33.702 en 2016, de ellos 33.627 menores; y 40.518 en 2017, de los que 40.437 son menores-.
INTERVENCIÓN GENERAL
Real ha reiterado que la contratación administrativa del SCS está sometida al control oficial de diversos órganos de la Administración, tanto de forma preventiva como durante su ejecución y posteriormente con las auditorías de control financiero de la Intervención General.
La consejera ha dicho que incluso desde una perspectiva "partidista", el PP "no tendría que poner en duda" las conclusiones de los informes de auditorías ya emitidos, cuando precisamente tiene el conforme del interventor general Gabriel Pérez Penido y bajo la supervisión del subdirector general de Control Financiero, Rafael Gutiérrez, que es secretario de Hacienda de la Ejecutiva del PP, cesados recientemente por el Gobierno PRC-PSOE.
Asimismo, ha explicado que las últimas auditorías del SCS son de 2014 y 2016, pero "de 2015 no hay, no sabemos por qué". No obstante, la consejera ha tildado de "absolutamente falso o delirante" el "relato" del PP en el que se relaciona el correo electrónico de la jefa de Contratación del SCS con el cese del interventor general.
Este domingo volverá a ser jornada de huelga en las urgencias extrahospitalarias de toda la región
Por otro lado, ha llamado la atención sobre la diferencia entre el correo de la funcionaria, -"que no denuncia formal" ha matizado- y que en su opinión es "inconcreto y confuso", con "alusiones de carácter sospechoso que por sí solas no pueden ser calificadas de irregularidad alguna", y las "imputaciones concretas" del PP, que ofreció una rueda de prensa el mismo día que salió a la luz el correo el 25 de abril.
"Yo no creo en casualidades de este tipo", ha apostillado, tras asegurado que es "falso" que no hiciera "nada" tras recibir el correo en febrero. Real ha reiterado que es "la primera interesada" en que se esclarezcan todos los aspectos cuestionados, hasta los más nimios, y será "la primera en impulsar la corrección" de aquello que haya que corregir o mejorar.
En todo caso, ha reiterado, al igual que los directivos del SCS, que los procedimientos de contratación cuestionados por el PP son habituales en el sistema sanitario público y similares a los realizados en la anterior legislatura. Así, ha señalado que las actas de comprobación de la inversión que el PP señala como prueba de irregularidad, son "los mismos modelos" firmados por los gestores de la etapa de María José Sáenz de Buruaga, actual presidenta del PP, como consejera de Sanidad.
CONTRATO VALDECILLA
Por su parte, Podemos Cantabria llevará ante la Fiscalía el contrato de colaboración público privada (CPP) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla "si el Gobierno de Cantabria no lo hace".
Así lo ha declarado este viernes el diputado de la formación morada Alberto Bolado, después de que el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, afirmara esta semana en la Comisión de Sanidad del Parlamento que "las verdaderas ilegalidades" están en el CPP de Valdecilla.
En el transcurso de la comparecencia de la consejera de Sanidad, María Luisa del Real, en la misma comisión, para tratar de esclarecer las irregularidades denunciadas por la jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud, Bolado ha afirmado que existen "indicios claros" de que el anterior gerente de Valdecilla, César Pascual, "pudo beneficiar" a la empresa adjudicataria del CPP.
Para ATI es "muy grave que algo tan esencial como es la manera de adjudicar las plazas, se quiera hacer de tal forma que ello pudiera convertirse en un auténtico coladero"
"¿Qué más necesita señora consejera?: La recepción de la obra sin finalizar, las ilegalidades que ha puesto de manifiesto el gerente del SCS el pasado miércoles, el gerente responsable de poner en marcha ese contrato (César Pascual) imputado por favorecer a la empresa adjudicataria (Ferrovial), la hija de este señor, menos de un año después de adjudicar el contrato, trabajando para Ferrovial, la atipicidad del propio contrato... Hay indicios más que suficientes", ha afirmado.
Bolado ha hecho estas afirmaciones después de que esta misma semana, Pascual haya sido cesado por el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, del cargo de director general de Coordinación para la Asistencia Sanitaria que ha ocupado durante el gobierno de Cristina Cifuentes.
Pascual, secretario de Sanidad en la Ejecutiva del PP de Cantabria, está imputado junto a otros altos cargos por un presunto delito de prevaricación administrativa por la contratación del servicio de ambulancias de la Comunidad de Madrid, adjudicado al mismo grupo empresarial que el CPP de Valdecilla.
La consejera de Sanidad ha replicado al diputado de Podemos que el Gobierno PRC-PSOE ya ha llevado a los tribunales, y también al Consejo de Estado, las "irregularidades" que ha detectado en el CPP, entre ellas la resolución del exgerente César Pascual que impedía hacer deducciones a la adjudicataria por incumplimiento de los estándares de calidad de los servicios, que está en el juzgado pendiente de sentencia.
SUAP Y 061
Los profesionales del Servicio de Urgencias en Atención Primaria (SUAP) y 061 de la región han votado "masivamente" en contra de la oferta realizada por el Servicio Cántabro de Salud (SCS), con lo que se mantiene el paro convocado urgencias para este domingo, 27 de mayo, el segundo tras el desarrollado el pasado día 13.
De los 182 asistentes a la asamblea del personal sanitario del SUAP+061, celebrada este viernes en el Hospital de Liencres, 149 dijeron 'no', frente a solo 26 votos a favor, y siete en blanco. En la anterior convocatoria, fueron 110 los profesionales sanitarios que rechazaron la oferta de la administración.
Así, este domingo volverá a ser jornada de huelga en las urgencias extrahospitalarias de toda la región, entre las 9:00 y las 21:00 horas, de las tres programadas en un principio, aunque la del pasado día 20 fue suspendida, como "gesto de buena voluntad" por parte del SUAP y 061, para "facilitar el progreso de las negociaciones" con la administración sanitaria.
SINDICATO ATI
Por otro lado, el sindicato ATI denuncia la actitud "caciquil y al margen de la legalidad" con la que el gerente de Valdecilla, Julio Pascual, quiere acometer el nuevo proceso de movilidad funcional voluntaria en el hospital, que según advierte, es "totalmente engañoso y dañino para los trabajadores".
Para ATI es "muy grave que algo tan esencial como es la manera de adjudicar las plazas, se quiera hacer de tal forma que ello pudiera convertirse en un auténtico coladero, en una movilidad a la carta en la que el señor Pascual deja totalmente a disposición de su dedo el proceso".
En un comunicado de prensa, el sindicato denuncia que en las bases de la convocatoria que "ahora quiere imponer" Pascual, se establece que la citada movilidad se hará "a través de un nuevo programa informático y bajo un procedimiento diferente, no conocido por los trabajadores, en el que las listas por primera vez permanecerán permanentemente abiertas, y que año tras año se actualizarán con las peticiones ya existentes, más las que se vayan incorporando".
