¿El resultado? Empobrecimiento de la educación pública, reasignación de dinero públicos para beneficiar a los “mejores” centros (o sea, aquellos en los que se educan los hijos de las élites) y vaciamiento del contenido social que claramente queda expresado en el Título Preliminar, artículo 1 de la Constitución española: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” .