El lunes 26 de junio de 2017 será recordado como uno de los días más felices de la agrupación Vecinos por Liébana. Tras varios meses de trabajo e incertidumbre, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ponía fin a las diligencias de su organismo en la Dirección General de Carreteras y emitía un informe con el que cerraba la demanda que desde VxL presentamos en abril.
Las conclusiones nos dejaron a todos sin palabras; sabíamos que las cosas en la N-621 se habían hecho mal, pero jamás imaginábamos la dimensión de las inversiones pendientes de ejecutar. Unas partidas presupuestarias de 67,11 millones de euros, aprobadas en leyes de presupuestos generales del Estado y por tanto de obligado cumplimiento, que en palabras de Soledad Becerril “siguen existiendo” y no cuentan con ningún impedimento legal o administrativo para que sean ejecutadas.
Este informe supone un reconocimiento a las aspiraciones y derechos de los lebaniegos. Es un texto oficial por el que podemos leer y exigir en otras instituciones, porque lo que está en la ley es un derecho adquirido, no una promesa electoral. Se ha acabado el chantaje político a Liébana; ya no vale subir cada cuatro años a Potes a pedir el voto afirmando que si votan a tal o cual candidato, se acondicionará el Desfiladero de la Hermida.
Temen a VxL porque saben que cuanto más confíen los lebaniegos en esta agrupación, antes desaparecerán sus chiringuitos
Estábamos hartos de ese circo político y por cosas como esa, decidimos dar el paso de unirnos en una agrupación y presentarla a las elecciones; queríamos luchar por nuestros derechos sin necesidad de pagar ningún peaje en Santander; nos fuimos a Madrid, le recordamos el artículo 9 de la Constitución a la Defensora del Pueblo y al final nos confirmó que llevábamos razón.
Se acaba el caciquismo, aunque algunos no quieran verlo. En estas 24 horas que han transcurrido desde el anuncio, que ha sido noticia en medios regionales y nacionales, ninguno de los alcaldes lebaniegos (de PP, PRC y PSOE), han compartido la noticia. Se está publicando que el Estado tiene la obligación de invertir 67,11 millones de euros, quizá la mayor inversión en obra pública en Liébana en democracia y ninguno de ellos es capaz de admitir que es bueno para todos publicándolo en sus perfiles públicos.
La conclusión solo puede ser una; temen a VxL porque saben que cuanto más confíen los lebaniegos en esta agrupación, antes desaparecerán sus chiringuitos y su forma de gobernar de forma caciquil. Sabemos que la factura política de Liébana (sueldos más dietas) es de más de 447.000 euros a repartir entre los impuestos de apenas 5.000 personas y sabemos que la de Suances, con casi el doble de población es de poco más de 200.000 euros.
Cualquiera puede hacer las cuentas y ver quiénes van a ser los perjudicados cuando procedamos a fusionar a Liébana en un solo ayuntamiento. Pero hasta entonces seguiremos trabajando como el primer día; de forma altruista y demostrando que otra forma de hacer política es posible, que los pueblos se gestionan de forma colegiada, como se hizo toda la vida alrededor del Tejo y sobre todo, sin saquear a los vecinos.