Jueves 19.07.2018

Depurar los juzgados

Igual de condenables son los otros dos, una de ellos mujer. Ambos han mostrado, cuando menos, gran cobardía, al dictar, a sabiendas, una sentencia contradictoria entre los hechos que ambos reconocían como verdaderos y la calificación jurídica de los mismos.

"No es abuso, es violación", "No es no", no es no, no es no...

Todo lo que se ha dicho y hecho en estos días, protestando por la sentencia sobre la "piara" (manada de cerdos) es poco, y las consecuencias que de ello se deriven son imprevisibles. La actitud de los jueces intervinientes es deleznable.

Centramos inevitablemente nuestra repulsa sobre el juez Ricardo González, "defensor efectivo", que no juez, de los condenados miembros de "la manada". Seguro que, en su paranoia, viendo una y otra vez los vídeos y leyendo y releyendo la descripción de los hechos, no es inverosímil que él mismo acabase "excitándose sexualmente". Todos los visos son de que se trata de un caso de psiquiatra.

Como mínimo, se puede decir que es una mala sentencia, desde el punto de vista técnico, ético y social

Sin embargo, igual de condenables son los otros dos, una de ellos mujer. Ambos han mostrado, cuando menos, gran cobardía, al dictar, a sabiendas, una sentencia contradictoria entre los hechos que ambos reconocían como verdaderos y la calificación jurídica de los mismos. Como mínimo, se puede decir que es una mala sentencia, desde el punto de vista técnico, ético y social. Los jueces han de tener en cuenta el entorno social en que se han producido los hechos y en el que dictan sentencia. No sé si, entre los jueces, caben legalmente las transacciones pero, si no formalmente, sí, al menos, "soto voce", o a lo largo del debate, podían haberlo hecho. Y es creíble que lo hayan hecho. Porque, cuando menos, deberían haber exigido al juez disidente que renunciase a su voto particular para no facilitar, con ello, el recurso de los condenados, y todo ello, a cambio de rebajar la calificación, como han hecho, y como precio del ridículo y rechazo social a que se exponían, y de los cuales eran plenamente conscientes. Todas las descalificaciones también valen para ellos y, en especial, la de cobardes.

Parece que se abren las puertas para llevar a cabo una reforma del Código Penal (el de 1995, el "de Belloch"). Es de esperar que se tengan en cuenta todas las experiencias negativas que, en lo referido a los derechos de las mujeres, se han producido desde entonces, como consecuencia de la ambigüedad de los artículos 178 y 181 del referido código. Y que las reformas que se produzcan precisen lo más posible las condiciones a tener en cuenta a la hora de calificar los delitos. No ha de ser a la víctima a la que corresponda demostrar su "no es no", sino que deberá ser el agresor el que demuestre un "sí es sí", nítido y contundente, otorgado por la víctima. Sin consentimiento hay violación. 

Ahora bien, por mucho que se precise, siempre habrá un margen para la interpretación de los jueces, porque la ley no puede tener en cuenta todos los casos particulares que se presenten. Con todo, y si las necesarias reformas se llevan a término, la aplicación de la ley no podrá evitar que haya jueces y juezas machistas, paranoicos, ineptos o, simplemente, cobardes y que su sentir personal lo acaben vertiendo en las sentencias que dicten.

Deberá ser el agresor el que demuestre un "sí es sí", nítido y contundente, otorgado por la víctima. Sin consentimiento hay violación

Por eso, no va a bastar con la reforma del Código. Hace falta depurar los juzgados y modificar el sistema de acceso a ellos. Suena muy fuerte, pero es así. Si bien es cierto que hace falta exigir a los jueces y fiscales una formación especial para juzgar los casos de violencia machista, en todas sus manifestaciones, no se puede esperar a que los nuevos jueces y juezas, en vez de o, además de memorizar tantas leyes, decretos, artículos y jurisprudencia, sean sometidos a verdaderos tests sicotécnicos sobre empatía hacia las mujeres, su libertad y derechos, para acceder a los correspondientes juzgados. Quienes tienen en su mano arruinar o salvar, con sus resoluciones, la vida de las personas, deberán demostrar capacidad para evaluar las consecuencias de sus fallos, sobre todo, en las víctimas. Y, los nuevos que accedan y aquellos que ya están debieran ser inhabilitados, si sus "errores", en esta materia son graves o reiterados.

Debería llamarnos la atención el corporativismo de jueces y fiscales y sus instituciones y asociaciones demostrado como reacción al rechazo social y político que ha producido la sentencia histórica (no dejará de serlo) del caso que nos ocupa. Pero, a estas alturas, ya no nos sorprende. Tantas y tan insistentes muestras de "respeto y acatamiento" a las acciones de los administradores de justicia, por parte de políticos, periodistas u opinadores en general, han logrado que el gremio de jueces y fiscales se venga arriba y hayan llegado a considerarse intocables. Pero, como tantas veces, también, ellos y ellas nos repiten, nadie está por encima de la ley, y ellos menos que nadie.

Depurar los juzgados
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