La sentencia ha admitido el recurso de la petrolera, que entendía que se le imputaban erróneamente la autoría y responsabilidad de las conductas de una filial.
Los ocho trabajos eran necesarios para hacer fractura hidráulica, y se englobaban en los permisos Bezana-Bigüenzo, concedidos en 2009 y actualmente caducados.
Blanco defiende este gasto no registrado documentalmente en que su asesoramiento permitió al Gobierno ingresar 11,8 millones de euros en una venta relacionada con el Plan Eólico.