sábado 04.04.2020
ASTILLERO

El juicio contra el exportavoz de IU por la demanda del alcalde de Astillero se celebrará en octubre

El alcalde de Astillero, Francisco Ortiz. Foto: edc
El alcalde de Astillero, Francisco Ortiz. Foto: edc

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Santander ha señalado para el próximo 1 de octubre el juicio por la demanda interpuesta por el alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, por intromisión ilegítima en el derecho al honor contra el exportavoz municipal de Izquierda Unida, Raúl Magni, por una "campaña de difamación" en la red social Facebook, en la que le acusa de aprobar obras unilateralmente, de insultar y amenazar y de colocar a personas a dedo, entre otras afirmaciones. La fecha del juicio se ha señalado en la audiencia previa que se ha celebrado esta semana.

La demanda alude a tres publicaciones en Facebook los días 10 y 17 de enero -coincidiendo con la polémica por el proyecto de semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta-. El alcalde y diputado regional del PRC reclama a Magni una indemnización por vulneración de su derecho al honor que "estima prudencialmente" en 6.000 euros.

Según relata la demanda, el que fuera portavoz de IU en Astillero hasta su dimisión por motivos personales hace más de un año, acusa al alcalde de "aprobar obras por sus santos cojones", y "colocar a dedo a personas con el único fin de que se lucren a escondidas con dinero público"

También de tratar a los trabajadores municipales "con total desprecio" y "tratar con malas formas e incluso insultar y amenazar a las personas que no le lamen el culo". Además, le llama "cacique" y "mala persona".

En su demanda, el alcalde señala que "jamás ha aprobado obras unilateralmente, ni mucho menos ha insultado ni ha amenazado a ninguna persona, tengan o no la misma ideología que él, ni tampoco ha tratado mal ni con desprecio a ninguno de los trabajadores municipales, ni por supuesto ha colocado a dedo a nadie para que se lucre con dinero público".

Ortiz se considera víctima de "insultos personales, excesivos, desproporcionados e innecesarios, incluso amenazantes, que no se encuentran amparados por la libertad de expresión del demandado".

De hecho, sostiene que se trata de "injurias y calumnias de gran magnitud", que le imputan "delitos tales como prevaricación, malversación de caudales públicos, amenazas, e incluso arbitrariedad" a la hora de desempeñar sus funciones como alcalde y presidente de la Corporación municipal.