viernes. 29.03.2024

La vida de los vecinos del Puerto Deportivo de Raos ha dado un vuelco esta semana. Según han denunciado, una nueva deuda adquirida por la concesionaria del puerto, Marina de Santander S.A., ha sido el detonante de que casi un centenar de familias residentes hayan encontrado en los registros de sus viviendas y bienes una “anotación de embargo” con fecha del 20 de abril por una cantidad de 6.220.144,60 euros, lo que, según denuncian los propios afectados, les deja en una “situación de ruina”.

Tal y como señalan en nota de prensa, esta anotación de embargo “a favor de la Agencia Tributaria” afecta a casi 1.400 personas, todo por “una deuda adquirida por un tercero”, la concesionaria”, y dejando en “situación de completa indefensión” a los propietarios.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que, además de haber recibido dicho embargo “sin comunicación previa”, los afectados pueden “llegar a perder” sus casas, “que la Constitución Española ha de proteger”. Como han reiterado, todo por “deudas de un tercero y una decisión de la administración que consideramos totalmente arbitraria”.

Además de haber recibido dicho embargo “sin comunicación previa”, los afectados pueden “llegar a perder” sus casas

“No es comprensible que la administración, la autoridad portuaria de Santander, o el organismo correspondiente haya realizado esta orden de embargo que afecta a cien familias y 1.400 afectados”, han denunciado, al tiempo que han recordado que la concesionaria “consta de un patrimonio importante en dicho puerto, con casi un 30% de todos los amarres, naves, y multitud de parcelas libres colindantes” a los edificios residenciales ya edificados, algo que a su juicio “la administración podría haber embargado”.

De hecho, han recordado que en otras ocasiones “sí se procedió a embargar bienes similares, como ocurrió con dos parcelas que actualmente pertenecen al ayuntamiento de Camargo”.

Asimismo, denuncian que su situación de indefensión se agrava porque hasta la fecha “no hemos obtenido comunicación alguna con ningún responsable político de ningún partido”, ante lo que consideran una “situación de orden urbano y que afecta a uno de los mayores puertos deportivos del Cantábrico”.

Según ha indicado uno de los afectados, se trata de una deuda por embargo que es solidaria y que "bloquea absolutamente a todo el puerto". "No entendemos nada; es una decisión arbitraria", ha valorado, pues en su opinión lo "lógico" es que respondiera del pago la concesionaria, que dispone de patrimonio.

El problema se remonta a 2006, cuando al parecer Hacienda requirió el pago a la concesionaria y ésta recurrió, lo que dilató el proceso hasta este mes de abril, cuando se efectuó el embargo.

Los propietarios se han dirigido a la Agencia Tributaria para abordar la situación pero les han remitido a Hacienda en Madrid.

1.400 vecinos del Puerto Deportivo de Raos podrían perder sus casas por un embargo
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