miércoles 24.07.2019
POLÍTICA

Nueve de los 13 diputados del PP se niegan a recoger la notificación del acuerdo del Comité Ejecutivo sobre el cambio de portavoz parlamentario

La Dirección del PP de Cantabria tilda de “totalmente obstruccionista” la actitud de Ignacio Diego, Eduardo Van den Eynde, Luis Carlos Albalá, Ruth Beitia, José Manuel Igual, Cristina Mazas, Santiago Recio, Francisco Rodríguez Argüeso y Mercedes Toribio.

El Grupo Parlamentario Popular aprueba solicitar a María José Saénz de Buruaga copia certificada de los acuerdos adoptados en el seno del Comité Ejecutivo del 11 de mayo.

Parlamentarios del PP elegidos en las autonómicas de 2015; Íñigo de la Serna fue sustituido por Íñigo Fernández
Parlamentarios del PP elegidos en las autonómicas de 2015; Íñigo de la Serna fue sustituido por Íñigo Fernández

Nueve de los 13 diputados del PP en el Parlamento de Cantabria se han “negado” a recoger la notificación del acuerdo que el pasado jueves adoptó el Comité Ejecutivo del PP de Cantabria acerca del relevo en la portavocía del Grupo Parlamentario Popular, según han informado fuentes del partido a Europa Press. En dicha notificación se da cuenta a cada parlamentario del acuerdo del Comité para que den cumplimiento desde el grupo parlamentario del “mandato” de relevo de portavoz –se pretende sustituir al actual, Eduardo Van den Eynde, por la nueva presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga–. Estas mismas fuentes han explicado que se les han intentado entregar la notificación en dos ocasiones: una este lunes en el Pleno del Parlamento, momento en el que la recogieron sólo cuatro parlamentarios del grupo, y otra este martes por la mañana, en las que se volvió a tratar de hacerlo al resto pero sin éxito, una actitud que la Dirección del partido considera “totalmente obstruccionista”.

Desde el partido no se ha concretado qué parlamentarios han sido los que se han negado a recoger la notificación y se ha informado de que se les va a intentar notificar por tercera vez. Además, ha recordado que tanto la notificación del acuerdo como el pronunciamiento de cada diputado es “individual”. No obstante, según ha podido saber ‘eldiariocantabria’, los nueve parlamentarios que se han negado a recoger la notificación del acuerdo del Comité Ejecutivo son Ignacio Diego, Eduardo Van den Eynde, Luis Carlos Albalá, Ruth Beitia, José Manuel Igual, Cristina Mazas, Santiago Recio, Francisco Rodríguez Argüeso y Mercedes Toribio.

Este martes ha habido reunión del grupo parlamentario, a la que ha asistido Sáenz de Buruaga, quien ha pedido que se traslade el acuerdo del Comité Ejecutivo al grupo y así se ha hecho. En ella, el Grupo Parlamentario Popular ha aprobado, “sin ningún voto en contra”, solicitar a la secretaria autonómica del PP de Cantabria copia certificada de los acuerdos adoptados en el seno del Comité Ejecutivo del 11 de mayo, en relación con el nombramiento de Sáenz de Buruaga, como portavoz. Según ha informado en un comunicado Van den Eynde, la petición tiene por objeto “analizar los términos en que tales acuerdos fueron adoptados, y para su análisis jurídico por parte de dicho grupo, y, si fuera necesario, encargar un informe al respecto que despeje las dudas sobre los aspectos competenciales, si las hubiera”.

Van den Eynde, en una rueda de prensa ofrecida este lunes, explicó que ya había habido un intento para que los diputados del grupo firmaran un documento a favor del cambio de portavoz, pero señaló que éste no salió adelante porque solo fue suscrito por, de nuevo, cuatro parlamentarios, que según ha podido saber ‘eldiariocantabria’ son María José Sáenz de Buruaga, Ildefonso Calderón, Íñigo Fernández e Isabel Urrutia. Y es que la mayoría de integrantes del grupo parlamentario se han mostrado, de forma pública a raíz del 12 Congreso del PP de Cantabria celebrado el 25 de marzo, afines al expresidente del partido, Ignacio Diego, al que Sáenz de Buruaga ganó por cuatro votos. Dicho congreso, en el que Sáenz de Buruaga se proclamó presidenta del PP de Cantabria, ha sido impugnado ante los tribunales por iniciativa de un grupo de afiliados –entre ellos parlamentarios– al considerar que en dicho proceso hubo irregularidades.