martes 29/9/20
CORONAVIRUS

64 de los 75 residentes del CAD de Sierrallana se contagiaron por COVID-19 por un “incumplimiento de la normativa”

Una sentencia del Juzgado de los Social Nº1 de Santander ha sentenciado que el Gobierno de Cantabria vulneró el derecho a la salud de los trabajadores del centro.

CAD de Sierrallana
CAD de Sierrallana

El Juzgado de lo Social Nº1 de Santander ha estimado parcialmente la demanda presentada por el sindicato Trabajadores Unidos (TU) contra la actuación del Gobierno de Cantabria en el CAD de Sierrallana, y considera en su fallo que el Ejecutivo autonómico vulneró el derecho a la salud de los trabajadores del centro. Uno de los datos más significativos que recoge el texto es que 64 de los 75 residentes, es decir, alrededor del 85%, resultaron contagiados. Una cifra muy superior a la media de la comunidad, como señala la propia sentencia. Además, se resuelve que deben ser los propios trabajadores los que reclamen la indemnización que les corresponde (como derecho individual), al no estar el sindicato legitimado para reclamar cuantías concretas para los trabajadores.

Según ha comunicado el sindicato, en la fundamentación de la sentencia no se cuestiona que el ICASS contara con los medios necesarios, incluso con las mascarillas recogidas por el Sindicato TU. Lo que se acredita es la “falta de diligencia y el incumplimiento de las medidas preventivas establecidas por los protocolos”, así como que “los EPI se suministraron tarde, poniendo en peligro la integridad y salud de los trabajadores e incidiendo en el nivel de contagios habidos en el centro”.

Además, “se acredita el incumplimiento de medidas básicas recogidas en los protocolos del Ministerio de Sanidad”, subraya la organización, entre ellas que “no se respetaron los equipos estancos ni se establecieron a tiempo los protocolos de limpieza exigibles”.

La sentencia recoge que “sentados los incumplimientos que se han reseñado en el anterior fundamento de derecho, se puede concluir no solo la infracción de normativa de rango legal o reglamentario, sino también su incidencia en el derecho de salud de los trabajadores del centro, que ha quedado afectado por el incremento de riesgo que ha supuesto la tardía adopción de algunas medidas, y como indicio de esa afectación debe tenerse en cuenta que en el centro 64 de los 75 residentes y 54 de los 130 trabajadores, esto es, en torno al 85% y 40% respectivamente, han resultado contagiados por el COVID19, unas estadísticas, que según refieren los testigos, no se han producido en los otros dos centros del ICASS, y que superan con creces la tasa de contagio en la Comunidad Autónoma de Cantabria (414 por 100.000 habitantes a julio de 2020)”.

El fallo, dictado el pasado 6 de agosto, añade que "si bien no se puede afirmar sin más que todos los contagios guarden relación de causalidad con los incumplimientos, debe tenerse en cuenta la estadística como reveladora de una especial incidencia del COVID-19 en un centro en el que se han acreditado incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, para concluir que ha existido una vulneración del derecho de salud de los trabajadores del centro de trabajo".

Para el sindicato TU, la sentencia da "un baño de realidad" al ICASS al afirmar que "con tales estadísticas, no se alcanzan a comprender manifestaciones de las demandadas relativas al miedo de los trabajadores como fundamento de su demanda y de no querer trabajar, miedo que en todo caso sería comprensible de no contar con todos los medios de protección ante una enfermedad que, hasta la fecha, ha causado en España 28.500 muertos, aunque podrían superar la cifra de 45.000, y que ha afectado a casi la mitad de los trabajadores del centro y cerca de la totalidad de sus residentes". Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación al TSJC.

Trabajadores Unidos señala, con esta demanda, que "lo único que pretendía era que el Gobierno de Cantabria adoptase las medidas, protocolos acordes con la situación de crisis sanitaria en la que nos encontrábamos inmersos y se dotase de los EPIs necesarios a los trabajadores para su protección, la de sus familias, y en primer lugar la de los usuarios, evitando que nuestros centros se conviertan en focos de infección por el bien de todos los ciudadanos de Cantabria".

Aunque considera que "llega tarde", TU afirma que "en cierto modo, la sentencia nos enorgullece" porque supone "un "reconocimiento" a los empleados públicos que se han enfrentado al COVID-19 para proteger a los más vulnerables sin equipos de protección, sin responsables que adoptasen las suficientes medidas organizativas y enfrentándose "al miedo que suponía una enfermedad desconocida".

Por último, exige al Gobierno de Cantabria que "informe en tiempo y forma a los delegados de prevención, a los representantes de los trabajadores y a los propios trabajadores, que se dote de los medios necesarios y que más allá de hacer acopio de medios por si en un futuro hay brotes, utilicen estos medios para evitar que los haya".

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