martes. 23.04.2024

El Plan de Emergencia Social que prepara el Gobierno de Cantabria para tratar de paliar los efectos de la crisis económica en la región será una realidad antes de 2016. En concreto, y según ha anunciado la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, se aprobará el próximo mes de diciembre y contará con un presupuesto de 85 millones para hacer frente a los 160.000 cántabros en riesgo de pobreza y los 120.000 que ya están por debajo del umbral de la pobreza.

El borrador, al que ha dado luz verde este lunes la Comisión Interdepartamental de Servicios Sociales en su tercera reunión, se trasladará entre el jueves y el viernes a los grupos parlamentarios para que aporten sugerencias en el plazo de una semana y posteriormente se aprobará por el Consejo de Gobierno.

La vicepresidenta ha explicado que el borrador del plan, con vigencia 2016-2017, contiene 100 medidas, de las que el Gobierno ya está trabajando en 49. Del total, 12 figuraban ya en presupuestos anteriores y ocho se verán reforzadas, y el resto son nuevas porque el plan es "innovador", ha destacado Tezanos.

Entre el centenar de medidas, la consejera ha especificado que se universalizará la asistencia sanitaria, en lo que se invertirán 1,7 millones de euros.

Para la renta social básica se destinarán 21,4 millones de euros en 2016, lo que supone 3,5 millones más que este año, mientras que tendrá una dotación de un millón de euros el bono social o ticket social cántabro para alimentos y productos de primera necesidad, que será gestionado por los servicios sociales de atención primaria.

Emergencia social

Para el refuerzo de las becas de comedor en Educación Infantil y Primaria se destinarán 1,6 millones y para el fondo extraordinario de suministros básicos, para combatir la pobreza energética y otras necesidades vitales, un total de dos millones.

La prestación de emergencia social para necesidades básicas a víctimas de violencia de género contará con un presupuesto de un millón y se han consignado dos para refuerzo de ayudas a libros y material escolar. Los mismos (dos millones) que para la creación de un parque público de vivienda, mientras que hay 3,5 millones para las ayudas de acceso al alquiler.

También, y entre otras medidas, se dotará con 100.000 euros una partida para necesidades formativas especiales y recualificación profesional.

Además, Díaz Tezanos ha recordado que el Gobierno está trabajando en una ley de renta básica y en la creación tanto de una red cántabra de familias y personas afectadas por la crisis como de una red de control de la pobreza infantil.

Plan flexible

La vicepresidenta ha explicado que se trata de un plan "flexible", que puede evolucionar a medida que lo hagan las necesidades y que su objetivo es "rebajar" la tasa de pobreza y exclusión social de Cantabria, que está en el 27,4%.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de poner en marcha el plan tras un gobierno 'popular' en la comunidad que en los últimos años "ha tratado de ocultar" la pobreza y la situación de emergencia social que atraviesa la región con "familias golpeadas por la crisis" y que "se ha seguido creando por la falta de respuesta" del Ejecutivo.

Al hilo, ha subrayado que "no ha sido fácil llegar hasta aquí" porque desde el principio de la legislatura el Gobierno ha tenido que "destejer el importante infierno burocrático" que existía para acceder a una prestación en Cantabria, y ha remarcado que el plan responde a una prioridad del Ejecutivo.

Para dar una respuesta integral a los cántabros que se encuentra en situación de emergencia social, la comisión está integrada por diferentes departamentos del Gobierno (Política Social, ICASS, Igualdad y Mujer, Innovación y Centros Educativos, Servicio Cántabro de Empleo, Dirección General de Trabajo, Vivienda y Arquitectura, la Salud Pública, Servicio Cántabro de Salud, la Dirección General de Transportes), además de la Federación Cántabra de Municipios.

Cinco líneas estratégicas

El borrador del plan contempla cinco líneas estratégicas para intentar garantizar ingresos mínimos, el acceso a suministros básicos (programa de garantía alimentaria, programa de suministros vitales y programa de garantía habitacional), programas de inclusión laboral y comunitaria, garantizar el acceso a los servicios de salud y garantizar la movilidad.

Además, el plan recoge otros cinco grupos de acciones transversales como son la puesta en marcha de la red cántabra de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis, desarrollo socialmente sostenible, la creación de un fondo de solidaridad y garantía para la lucha contra la pobreza y la exclusión, la detección y la lucha contra la pobreza infantil y la atención a colectivos especialmente vulnerables.

Cada línea y medidas transversales recoge medidas que tratan de ser "lo más concretas posibles" para poder ser evaluadas al tiempo que abiertas, con el fin de que el plan sea flexible.

85 millones para sacar a 280.000 personas del riesgo de pobreza
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