viernes 24.01.2020
TRIBUNALES

El abogado del Ayuntamiento de Castro dice en el juicio de la Loma que “no ha visto nunca dar dinero a nadie”

Gutiérrez Olivares declara como testigo en el juicio de La Loma en la Audiencia Provincial de Cantabria
Gutiérrez Olivares declara como testigo en el juicio de La Loma en la Audiencia Provincial de Cantabria

El letrado del Ayuntamiento de Castro Urdiales, José Antonio Gutiérrez Olivares, ha declarado hoy en el juicio de La Loma, "no ha visto nunca dar dinero a nadie", y ha señalado que tras su vuelta al Consistorio en 2016 –después de una excedencia de más de 10 años–, "convenció" –a los políticos– de que "no hacer nada" en La Loma tras la paralización derivada de este procedimiento judicial, "era la peor solución de todas". Gutiérrez Olivares ha afirmado que "no ha visto nunca dar dinero a nadie" cuando la fiscal, Pilar Santamaría, le ha preguntado si tiene constancia de que el exalcalde Rufino Ruiz Helguera, el ex secretario municipal César Saiz, el arquitecto Pedro Restegui o la técnico Yolanda Sánchez –a los que acusa de un presunto delito continuado de cohecho–, recibieran dinero de particulares por beneficiarles en el ejercicio de actos propios de sus respectivos puestos municipales. Y cuando la abogada de la Junta Vecinal de Santullán, Yolanda Merino, le ha preguntado si ha elaborado informes para esta causa, el jurídico ha contestado que ha informado a los abogados del Ayuntamiento de las actuaciones realizadas en los últimos años para "regularizar desfases" en La Loma.

"Les convencí de que no hacer nada era la peor solución posible"

Gutiérrez Olivares ha relatado que en el Ayuntamiento de Castro existe "una comisión de regularización de los desfases que haya habido en La Loma", de la que forma parte junto a otros técnicos, y que se reúne semanalmente. "Les convencí de que no hacer nada era la peor solución posible", ha comentado sobre las intervenciones municipales en La Loma, que son las que tuvo en cuenta la fiscal el pasado mes de octubre, al principio del juicio en la Audiencia, para retirar los cargos a 39 de los 45 acusados iniciales y "contraer" la macrocausa instruida por el juez Luis Acayro Sánchez al SUNP-12, en Santullán. Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce la Junta Vecinal de Santullán solicitan la anulación de los instrumentos urbanísticos que desarrollaron ese sector de suelo urbanizable, incluida las licencias de 46 chalets que piden que se derriben por no respetar la distancia a la carretera autonómica colindante.

A preguntas del abogado del Ayuntamiento, Alex Andía, Gutiérrez Olivares ha contado que "entre las muchas cosas que se habla en la reunión semanal de la comisión de regularización", hace un año se dio cuenta de que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria ha "rebajado la categoría" de esa carretera, que sigue siendo autonómica pero ya no de la red secundaria sino de la local, con lo que la distancia de protección a las viviendas en cuestión baja de 14 metros a 10. El letrado ha puntualizado que el Ayuntamiento de Castro "no ha tenido ninguna intervención" en este cambio, que obedece a que tras las obras del túnel de Santullán, Obras Públicas "ha dado un itinerario alternativo por el túnel".

Junto a los seis acusados contra los que la Fiscalía mantiene cargos, entre ellos los exalcaldes Díaz Helguera y Fernando Muguruza, la Junta Vecinal de Santullán también acusa a los miembros de la Junta de Gobierno Local presidida por Muguruza (PRC/PP/IU) en la legislatura 2003/07 –a todos menos tres– por irregularidades en la aprobación del plan parcial del SUNP-12. García Olivares ha relatado que actuó como secretario accidental en el Pleno de septiembre de 2004 que acordó por unanimidad la aprobación definitiva del plan parcial, y que "no le encomendaron ningún informe" ni intervino en el expediente, sino que su función se limitó a la de "fedatario público". Ha recalcado además que la Junta de Gobierno Local celebrada tres días más tarde "no decidió nada del plan parcial porque ya estaba decidido tres días antes por el órgano competente, que es el Pleno".

Se da la circunstancia de que durante su excedencia, el bufete privado de Gutiérrez Olivares y su socio asesoró al presidente de la Junta Vecinal de Santullán, Julián Revuelta, con motivo de la "entrada de palas" en unos caminos que la pedanía considera propios y cuya titularidad se disputan en este proceso la Junta y el Ayuntamiento. El jurídico ha explicado que bajo el asesoramiento de su despacho, la Junta Vecinal se inició la vía administrativa para recuperar de oficio los terrenos, y ha señalado que no era partidario de poner una denuncia penal –la que dio origen a esta macrocausa– porque "no la veía". "Yo a la Guardia Civil dije que no iba" porque "ni vemos que sea denunciable ni nos dedicábamos a denunciar", ha señalado Olivares, quien ha explicado que Revuelta le dijo "si vosotros no queréis lo hará otra persona".

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