Los afectados por derribos cierran un año “con pocos avances reales” en el Gobierno para acabar con la “injusticia”
AMA hace balance de un 2017 “de contrastes”, en el que ha habido aspectos “positivos” como la sentencia del Tribunal de Estrasburgo o la declaración institucional del Parlamento de Cantabria, pero critica la falta de financiación y alerta del “miedo al olvido de los afectados.
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, hace balance de un 2017 que, para este colectivo, ha sido un año de "contrastes", con algunos aspectos "positivos", pero "con pocos avances reales".
En un comunicado difundido este miércoles, 26 de diciembre, jornada previa a los Santos Inocentes -el "patrón" de AMA- valoran noticias como la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que reconoció la "indefensión que sufren en España los terceros de buena fe en el ámbito del urbanismo", la declaración institucional del Parlamento cántabro para solucionar el problema y acabar con la "injusticia" que padecen los afectados esta legislatura, el pago de daños morales o las reuniones "periódicas" con el Gobierno regional, que han servido para "realizar avances en la búsqueda de soluciones", aunque es "mucho el camino que nos queda por transitar".
Frente a esto, la asociación recuerda "nubarrones" como la "falta de soluciones reales" para el colectivo o de financiación de las responsabilidades a las que han sido condenadas las administraciones, a lo que se suma el "paso del tiempo", el "pesimismo" de muchos afectados o "el miedo al olvido".
Desde AMA "solo" piden "que se cumpla" la Declaración Institucional del Parlamento del pasado 2 de mayo, "nuestro 2 de mayo particular"
Por eso, desde AMA "solo" piden "que se cumpla" la Declaración Institucional del Parlamento del pasado 2 de mayo, "nuestro 2 de mayo particular", y que "por el bien" de todos los cántabros "se haga justicia esta legislatura".
La asociación, que aprovecha para trasladar sus "mejores deseos" para el próximo año, confía en que en 2018 "se cumplan las promesas" y las resoluciones aprobadas, porque "lo cierto es que seguimos en avanzar para acabar con esta grave injusticia" y adolecen de "soluciones reales" para los afectados.
A ello se suma la falta de financiación de las responsabilidades a las que han sido condenadas las administraciones públicas, que superan -solo en construcciones y viviendas, sin sumar el valor del suelo- 60 millones, "no hay partida presupuestaria" para afrontar este desembolso.
A la falta de soluciones y dinero hay que añadir "el paso del tiempo", que hace, según lamenta AMA, que muchos de los afectados -cerca de cien- hayan muerto sin ver "resuelta esta situación de injusticia", cuando se está a punto de cumplir en algunos casos tres décadas ya de esta injusticia. "Personas que empezaron con este problema con 48 años hoy superan los 75 y siguen esperando al ansiada solución", subraya la asociación.
A consecuencia de esto hay "pesimismo" entre muchos afectados, que sienten que "nunca se hará justicia con ello", y que piensan que las administraciones públicas "lo único que hacen es ganar tiempo". "Van pasando los años, las legislaturas, y el problema es ya como una enfermedad crónica, que nunca se acaba de resolver, porque realmente no hay voluntad política de hacer frente a las responsabilidades económicas", reflexiona el colectivo, para el que las políticas, "después de tantos años, están todas prescritas", mientras que los "inocentes" sufren una "condena perpetua".
"El miedo al olvido, a que el tiempo todo lo tape, y este problema se dé por resuelto cuando la realidad es que después de tantos años las familias siguen con el miedo en el cuerpo, sin saber si su vivienda va a ser derriba o existe una solución para ellos", añade AMA.
ASPECTOS POSITIVOS
Entre los aspectos positivos del 2017 que está a punto de concluir, los afectados por derribos destacan la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que dio la razón a una matrimonio propietario de viviendas en Sanxenxo frente a la justicia española, y lo que supuso un "reconocimiento de la indefensión que sufren en España los terceros de buena fe en el ámbito del urbanismo".
Este fallo constituye una demostración "palpable" de una "deficiente protección del tercero de buena fe en nuestro ordenamiento jurídico", asegura la asociación, que también valora la declaración institucional aprobada, por unanimidad de todos los grupos (PP, PRC, PSOE, Podemos y mixto-Cs), en el Parlamento regional, en la que se manifestó la "necesidad de dar una solución definitiva" por parte de las administraciones públicas y "en la presente legislatura".