jueves. 28.03.2024

Representantes de los afectados por sentencias de derribo sobre viviendas de Cantabria se han reunido este miércoles con miembros del Gobierno regional para analizar los pasos dados en lo que va de legislatura para tratar de solventar este problema y abordar actuaciones pendientes en la materia.

Tras el encuentro, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) -que engloba a este colectivo- ha mostrado su "preocupación" porque ve que se ha avanzado "poco" esta legislatura, en tanto que el Ejecutivo regional considera que está realizando "todo lo posible" para solucionar este "grave problema".

En un comunicado, los afectados lamentan que "consumida la mitad de la legislatura" es "muy poco" lo que se ha realizado y quedan por contra "muchos temas pendientes" para que la declaración institucional del Parlamento regional que instaba a una solución "definitiva" antes de 2019 sea "una realidad".

AMA ha avanzado su intención de convertir dicha declaración en una proposición no de ley, ya que ven "necesario" tener el apoyo de "todos" los grupos parlamentarios para lograr los objetivos

En este sentido, AMA ha avanzado su intención de convertir dicha declaración en una proposición no de ley, ya que ven "necesario" tener el apoyo de "todos" los grupos parlamentarios para lograr los objetivos marcados y trabajar con el "consenso de todos".

Mientras, el Gobierno PRC-PSOE (representado en la reunión por los consejeros de Justicia, Rafael de la Sierra; Medio Rural, Jesús Oria; y Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, también vicepresidenta autonómica) ha destacado como "objetivos realizados" el pago de los daños morales a "más del 80% de los afectados" o la situación en Miengo, donde la Administración regional da por regularizadas "todas" las viviendas.

Y en los demás temas pendientes, el bipartito "sigue trabajando, con el objetivo marcado de dar esa solución en la presente legislatura", según han trasladado en la reunión a los afectados, que han lamentado por su parte que siguen "sin ninguna noticia positiva" en torno al principal asunto, el económico, para afrontar las responsabilidades de las instituciones.

A este respecto, socialistas y regionalistas han hecho hincapié en la deuda del Estado con Cantabria, por la falta de pago de "compromisos y obligaciones" adquiridos, como los 22 millones de euros para el Hospital Valdecilla, 12 para la Fundación Comillas, o 17 millones más para la aplicación de la Lomce en la región, que hace que la situación económica sea "comprometida".

MUNICIPIOS

En la reunión, AMA -que ha estado encabezada por su presidente, Antonio Vilela- ha pedido una "mayor rapidez" a la hora de presentar los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios, pues "parece muchas veces que duermen el sueño de los justos y cuesta incluso contratar hasta el equipo redactor".

Los afectados por los derribos han mostrado también su "inquietud" por los recursos de casación pendientes de resolución por parte del Tribunal Supremo y que afectan a "casi la totalidad" de urbanizaciones sobre las que pesa sentencia firme de derribo en la región.

En este sentido, en la asociación confían en que estos fallos "hagan justicia con el tercero de buena fe", tal y como recoge la legislación, y como se recordó en un acto celebrado en el Senado el pasado mes de mayo.

En el encuentro con los consejeros -y en el que también han participado directores generales de áreas involucradas en este problema- los afectados han solicitado información sobre el acuerdo entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Argoños en lo referente a los daños morales y los convenios de aplicación a los afectados que aún no los tienen.

Sobre este asunto, el Gobierno les ha informado de que el convenio está "ultimado" y en el plazo aproximado de un mes puede ser firmado por ambas partes.

También en relación con este municipio, el Ejecutivo ha trasladado a los afectados que sacará a exposición pública, por segunda vez este mes, el PGOU de Argoños, debido a modificaciones "sustanciales" que recomiendan esta segunda exposición pública.

De otros municipios con viviendas condenadas a la demolición, el Gobierno ha indicado que en Piélagos se realizará también una nueva exposición pública de la norma urbanística, aunque ha admitido que se están "encontrando con las dificultades propias de un plan complicado".

En Escalante, el preceptivo informe de telecomunicaciones está "retrasando" la aprobación definitiva del plan general, aunque está "muy avanzado", mientras que Arnuero está pendiente del informe de Costas y de la aprobación del plan parcial que contempla las viviendas de sustitución por parte de la CROTU, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Así, es "donde más se está avanzando en planeamiento urbanístico".

Para finalizar, AMA ha solicitado al Gobierno que en la próxima reunión participen los ayuntamientos afectados, para que informen de la situación de sus respectivos planes generales y de los pasos a dar para cumplir el acuerdo por el que la situación de los afectados por sentencias de derribo debe estar solucionada esta legislatura.

Por otro lado, este próximo sábado, 24 de junio, AMA se reunirá a las 11:30 horas en el centro cultural de Argoños, para valorar con todos los afectados la situación actual, a mitad de legislatura, y preparar la XIII Marcha a Santander.

Los afectados por derribos lamentan que se ha hecho “muy poco” en esta legislatura para...