jueves 22/10/20
TRIBUNALES

Dos años de cárcel para los responsables de un club de alterne de Heras por no dar de alta a las trabajadoras

Juicio contra acusados club New Borgia
Juicio contra acusados club New Borgia

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión a los responsables de un club de alterne de la localidad de Heras (Medio Cudeyo), el New Borgia, en el que ejercían catorce mujeres que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y otras siete que carecían de permiso de trabajo. En su sentencia el tribunal considera autores de un delito contra los derechos de los trabajadores al administrador único de la empresa que explotaba el club de alterne y al que ejercía la gestión y la administración del negocio.

Además de la condena de cárcel, la Audiencia les impone a cada uno una multa de 2.400 euros, les inhabilita para administrar industria y comercio por un periodo de dos años, y establece la clausura del establecimiento por el mismo tiempo.

Según el relato de hechos, en mayo de 2017 agentes de la Guardia Civil, en colaboración con inspectores de trabajo, realizaron una visita de inspección al club, donde encontraron a un total de 25 personas, de las que 21 -todas extranjeras-, se dedicaban a la actividad de alterne y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Además, siete carecían de permiso para trabajar en España.

Estas mujeres, según la sentencia, "ejercían labores de alterne captando clientes para incentivar el consumo de bebidas y recibiendo una retribución consistente en una comisión por cada copa en función del precio, siendo establecidas previamente estas cantidades por la empresa y pagadas a las chicas por ésta, no por los clientes".

Explica además que era el club el que fijaba el horario de las trabajadoras, coincidiendo con el de apertura y cierre del local, y que algunas mujeres disponían de habitaciones para pernoctar en el establecimiento por las que no pagaban nada si no las utilizaban para realizar ningún servicio.

En el juicio, celebrado el pasado mes de febrero, los dos acusados alegaron que el club era un hotel y que esas 21 mujeres que se encontraban sin contrato laboral y sin dar de alta en la Seguridad Social no eran trabajadoras suyas, sino clientas de la discoteca, algunas de las cuales se encontraban hospedadas en el establecimiento.

Pero el tribunal se apoya en los informes de la inspección de trabajo y en los relatos espontáneos de las mujeres que estaban en el local, que el día de la visita reconocieron a los agentes de la Guardia Civil que alternaban con los clientes y cobraban una comisión por las consumiciones que percibían de la empresa.

También resta credibilidad la Audiencia al testimonio de las dos mujeres que comparecieron en juicio y que adujeron que llevaban más de un año viviendo en el hotel, pagando una pensión de 50 euros al día sin trabajar y viviendo del dinero que le manda la familia". En este sentido, indica la sentencia que "concurren una serie de circunstancias que hacen dudar de la falta de credibilidad de sus testimonios y su interés en beneficiar a los acusados, personas para las que trabajan".

Finalmente, el tribunal explica que la actividad que se desarrolla en el club de alterne "constituye una relación laboral por la que el empleador viene obligado a dar de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores". Dado que el delito de los trabajadores exige que se emplee a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta a la Seguridad Social siempre que el número de afectados sea al menos del 50% del total, el tribunal considera que los hechos son delictivos.

"Habiéndose probado que en el local investigado veintiuna chicas estaban prestando servicios en actividad de alterne sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, pese a estar vinculadas por una relación laboral con la empresa, siendo la plantilla de la empresa de diecinueve trabajadores dados de alta y el número de trabajadores afectados superior al cincuenta por ciento los hechos son constitutivos del delito del que acusa el Ministerio Fiscal".

Esta sentencia no es firme y ha sido recurrida ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

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