Martes 13.11.2018
HACIENDA

La Audiencia Nacional condena a la nieta mayor de Franco a pagar más de medio millón de euros por impuestos impagados en la compra de inmuebles en Cantabria

Carmen Martínez-Bordiú, actual duquesa de Franco y Grande de España, declaró unos inmuebles como actividad económica y no como capital, alegando que tenía un empleado que la Agencia Tributaria no ha encontrado.

Carmen Martínez-Bordiú
Carmen Martínez-Bordiú

La nieta mayor del general golpista Francisco Franco, Carmen Martínez-Bordiú –madre del nuevo presidente de la Fundación Francisco Franco, Luis Alfonso de Borbón–, tendrá que pagar a la Agencia Tributaria más de medio millón de euros (concretamente 525.063,96 euros) que dejó de abonar cuando tras la venta en 2006 de unas acciones que había heredado de su madre compró una serie de inmuebles en Cantabria e hizo la declaración de la renta reduciendo la base imponible de la ganancia desde 6,7 millones de euros a 57.209 euros. En concreto, adquirió una vivienda, dos plazas de garaje y un trastero en Santander (1.959.050 euros más IVA) y dos fincas en el municipio de Miera (360.607,26 euros). Así consta en una sentencia, dictada el pasado mes de marzo y adelantada por Infolibre, en la que la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional desestima la pretensión de Martínez-Bordiú de anular la sanción que se le impuso en 2011 tras una inspección de sus declaraciones de IRPF de los años 2006, 2007 y 2008 y contra la que ha venido reclamando primero al Tribunal Económico-Administrativo de Cantabria y después, ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.

En las pruebas se "demuestra" que "no se realizaba verdaderamente una actividad económica" en ese espacio

Según el relato de hechos de la sentencia, Martínez-Bordiú heredó en el año 2000 un total de 42 acciones de su madre en la empresa FR Promociones del Suroeste S.A y en abril de 2006 vendió mediante escritura pública de compraventa a dos mercantiles (Edificaciones Tifan S.L y Sanedi S.A.) fijando un calendario de pagos por importe superior a 9,6 millones de euros que pasarían a ser 1,5 millones de euros si no se recalificaban unos terrenos que la empresa tenía pendientes, como así ocurrió. No obstante, con las cantidades cobradas en 2006, ella invirtió en la adquisición de una vivienda, dos plazas de garaje y un trastero en Santander (1.959.050 euros más IVA), un chalet en la mallorquina Andratx (1.475.200 euros) y dos fincas en el municipio cántabro de Miera (360.607,26 euros). Su defensa sostiene que "dichos inmuebles se destinaron a la actividad económica de arrendamiento". En este sentido, la actual duquesa de Franco y Grande de España alegó que existía actividad económica porque contaba con un empleado a jornada completa y una oficina dedicada al arrendamiento inmobiliario, que coincidía con su propio domicilio. Sin embargo, tal y como dice la sentencia, en las pruebas practicadas por la administración tributaria durante la investigación se "demuestra" que "no se realizaba verdaderamente una actividad económica" en ese espacio. En este sentido, cuando en 2011 se levantó un acta de disconformidad con sus declaraciones de la renta de 2006 a 2008, la administración tributaria propuso ese más de medio millón de euros de sanción "basándose en la no existencia" de ese empleado a tiempo completo "dedicado exclusivamente a las actividades de arrendamiento y de un local afecto a la actividad de arrendamiento de inmuebles" que ella había alegado para seleccionar la base imponible al hacer la declaración. La Audiencia Nacional concluye ahora que no hay razón para anular la primera sanción que le impuso la administración tributaria, de modo que tendrá que abonar esos 525.063,96 euros, los impuestos que tendría que haber pagado en 2007 y 2008 si hubiera declarado los inmuebles relacionados con la compra venta de aquellas acciones como capital inmobiliario y no como objeto de actividad económica. Asimismo, le condena a pagar las costas del proceso.

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