domingo 18.08.2019
POLÍTICA

Una ausencia por enfermedad libra a Real de ser reprobada por el Parlamento

Toda la oposición apoya la iniciativa del PP sobre la petición del cese de la consejera de Sanidad, dejando solos a PRC y PSOE.

Luisa Real interviene en el Parlamento en una imagen de archivo
Luisa Real interviene en el Parlamento en una imagen de archivo

La ausencia por enfermedad del portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde –del que fuentes del partido han explicado que se encuentra ingresado en el Hospital Valdecilla–, ha provocado que no haya salido adelante en el Pleno del Parlamento de Cantabria una iniciativa de su partido para reprobar a la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE) por las supuestas irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS), pese a que la iniciativa contaba con el apoyo de toda la oposición: PP, Podemos y grupo mixto, integrado por Cs y por el parlamentario no adscrito Juan Ramón Carrancio. La ausencia de Van den Eynde ha hecho que la iniciativa no haya salido adelante pese a tener el respaldo de toda la oposición, lo que habría hecho que prosperara, ya que la oposición suma 18 de los 35 parlamentarios de la Cámara. Sin embargo, al no acudir el portavoz del PP, la iniciativa haya recibido 17 síes (los de sus compañeros del PP, los de los tres de Podemos y los dos del grupo mixto) y 17 noes, los que suman PRC y PSOE, grupos que sustentan al Gobierno en el Parlamento. Según el reglamento, este empate hace que la iniciativa quede desechada. El debate de este punto ha sido seguido in situ por el gerente del Hospital Valdecilla, Julio Pascual.

El PP considera que Real está “tan intoxicada” por las “irregularidades graves” como “quienes las cometieron”

El parlamentario del PP Íñigo Fernández ha insistido en que Real “merece” la reprobación del Parlamento porque está “contaminada” por las “irregularidades graves” que el informe de la Inspección Sanitaria ha detectado en la contratación del SCS y está “tan intoxicada” por ellas como “quienes las cometieron”, en alusión al gerente y al subdirector de Gestión Económica del SCS, Julián Pérez Gil y Javier González. El PP cree que Real está “tan intoxicada” como ambos porque fue quien los nombró y quien “consistió” sus irregularidades, “miró para otro lado” y las “tapó” cuando tuvo conocimiento del email de la jefa de Contratación denunciándolas. “Todas las irregularidades son suyas”, ha dicho a Real. Fernández ha criticado que cuando Real recibió ese email el pasado 8 de febrero, “no hizo más gestiones” que preguntar a Pérez Gil si había irregularidades, algo comparable, a juicio del parlamentario del PP, con la parodia del humorista Gila cuando disfrazado de soldado llamaba por teléfono y preguntaba “¿es el enemigo? ¿Van a atacar esta tarde?”. Para el PP, Real, con el “silencio” y el “encubrimiento” mantenido desde que conoció el email hasta que el pasado 25 de abril el asunto salió a la luz pública en los medios, “unió su suerte” a la de los dos altos cargos del SCS que han dimitido. El PP ha acusado a Real de tener “la misma transparencia que una ostra” y ha afirmado que tanto si la reprobación y petición de cese de la consejera salía adelante como si no –como así ha sido finalmente–, el “crédito” de Real está “por los suelos”. “En la calle está reprobada por la sociedad cántabra”, ha dicho Fernández, ha dicho Fernández.

Cs ha dado su sí pese a que su parlamentario, Rubén Gómez, cree que de hecho la iniciativa de reprobación y petición de cese no tendría que haber llegado al Parlamento porque Revilla tendría que haber cesado ya a Real. Gómez ha señalado que el informe “confirma muchas de las irregularidades” denunciadas y ha insistido en que Real hizo “todo lo posible por ocultarlas”. El otro parlamentario del grupo mixto, Juan Ramón Carrancio –ex de Cs–, también la ha apoyado, no por creer que Real estaba “enterada” de las irregularidades sino por “echar en falta” en la consejera una actitud más decidida para conocer la verdad, “empecinarse en una defensa cerrada a los altos cargos” y tener una actitud “muy cuestionable” a la hora de dar explicaciones.

Por su parte, PRC y PSOE han acusado al PP de usar este asunto para llevar a cabo una “cacería política” que ha contado con el “seguidismo” de Podemos y Cs. Además, han defendido que el informe no revela “ninguna infracción normativa grave” o “ilícito penal” y el PRC ha señalado que hasta los fraccionamientos de contrato han sido explicados por la consejera y los altos cargos y fueron hechos por “necesidades del servicio”.

“Toda su actitud deja en evidencia una nula voluntad de aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades a tiempo”

La proposición no de ley, que pretendía reprobar a Real e instar al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, a aprobar el cese de la consejera de Sanidad, destaca en su exposición de motivos que el pasado 25 de abril “la sociedad de Cantabria tuvo conocimiento de la existencia de graves irregularidades en la gestión del Servicio Cántabro de Salud”, irregularidades que consistieron en “adjudicaciones a dedo a través del uso fraudulento de la contratación menor y el fraccionamiento de contratos; desembarco en la sanidad pública de asesores externos que intervienen en la elaboración de pliegos; aparición de informes sin firma en mesas de valoración para sustituir a otros redactados por funcionarios; certificaciones de fin de obra sin que las obras hubieran concluido y certificaciones de entrega de suministros sin haberse producido”. El texto añade que “el informe encargado por la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria a un inspector médico de su confianza ha venido a ratificar la existencia de las irregularidades denunciadas en materia de contratación”, y destaca que “si la sociedad de Cantabria tuvo noticias de estos hechos el 25 de abril de abril”, Real “los conoció como mínimo el 8 de febrero de 2018, fecha en la que fue advertida, a través de un correo electrónico, por parte de la funcionaria responsable de Contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud”, a pesar de lo cual “fue preciso esperar dos meses y medio, hasta el 25 de abril, para que pusiera en marcha su primera iniciativa en orden a investigar el alcance de las denuncias y verificar la legalidad o no de las contrataciones que se venían realizando en el Servicio Cántabro de Salud”. “Hasta no conocerlo la opinión pública, Luisa Real no hizo nada por investigar las irregularidades denunciadas. No reaccionó ante los hechos (8 de febrero de 2018), sino ante el escándalo (25 de abril de 2018). Toda su actitud deja en evidencia una nula voluntad de aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades a tiempo”, concluye la exposición de motivos de la proposición no de ley apoyada este lunes por toda la oposición.

Inicialmente, estaba previsto que se debatiera en el Pleno una moción de Podemos subsiguiente a una interpelación de un pleno anterior sobre estas irregularidades en la contratación del SCS, que finalmente no ha sido admitida a trámite, algo que ha criticado por el partido morado. El parlamentario de Podemos Alberto Bolado ha considerado “lamentable” que la moción no haya podido debatirse en el Pleno por una “interpretación retorcida” del reglamento que ha hecho la Mesa del Parlamento, a la que ha acusado de aplicar “la ley del embudo”. Tras escuchar a Bolado, la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, ha afirmado que la moción no ha sido admitida porque estaba “mal presentada” y “no tenía nada que ver” con la interpelación a la que era subsiguiente. Además, ha asegurado que la Mesa dio a Podemos la posibilidad de modificar la moción, pero el partido morado persistió en su "error", por lo que Gorostiaga ha reivindicado que lo que ha habido no ha sido “ley del embudo” sino un parlamentario que ha presentado “mal” la moción y una Mesa del Parlamento que ha aplicado el reglamento.

Podemos también reclamaba la paralización de “todas las privatizaciones que se están llevando a cabo en el SCS”

En su moción, subsiguiente a una interpelación de una sesión anterior, Podemos planteaba diferentes puntos, entre ellos reprobar a Real e instar a Revilla a cesarla. Sin embargo, el partido morado pedía también instar al Gobierno autonómico PRC/PSOE a denunciar “los presuntos delitos que hubieran podido cometerse” en relación con el contrato público-privado del Hospital Valdecilla suscrito por el PP en la legislatura anterior. También reclamaba la puesta en marcha “en el plazo de tres meses” de la comisión de investigación sobre el Hospital Valdecilla en el Parlamento de Cantabria y que los grupos parlamentarios, o las personas que éstos designen, estén en diversos consejos de administración de los entes públicos que compone el sistema cántabro de salud, además de en otros dependientes de la Administración autonómica. Podemos también reclamaba la paralización de “todas las privatizaciones que se están llevando a cabo en el SCS” en relación al servicio de informática y no implementar ninguna más en él, ni en servicios sanitarios ni en servicios no sanitarios. Podemos ha criticado que la Mesa del Parlamento haya bloqueado una moción que, a su juicio, “buscaba sacar a la sanidad de Cantabria del atasco en el que la ha metido” el PSOE y Real. La formación morada achaca la no admisión a trámite a que PSOE y PRC, los dos socios del Gobierno autonómico, veían “peligrosa” esta moción, puesto que les “obligaría” a realizar cambios sustanciales en la organización de la sanidad, posibilitando generar políticas que aumentasen la transparencia, la buena gestión y la participación ciudadana en la sanidad pública. Además, Podemos considera que el PP, que también está representado en la Mesa, también ha priorizado el protagonismo mediático, ya que ha preferido que el Pleno sólo diera cabida a su propuesta sobre la reprobación de la consejera “para atraer todos los focos sobre ellos y ocultar con los destellos sus privatizaciones y sus prácticas irregulares”.

El Parlamento pide una modificación de la Ley de Función Pública

Por otra parte, en el Pleno ha quedado desechada, también por la ausencia de Van den Eynde, una moción del PP para pedir al Gobierno cántabro que se modificara la Ley de Función Pública y se establezca en ella que el nombramiento de los funcionarios de carrera se realice en un máximo de tres meses desde que superen las pruebas de acceso. El PP, que ha sido el que ha presentado la iniciativa, y los portavoces de otros grupos de la oposición se han quejado de la tardanza en los nombramientos de los funcionarios, que en algunos casos se prolonga “meses y meses” o incluso años, algo que se debe solucionar. Como solución, el PP propone que sea la propia Ley de Función Pública la que “imponga” los tiempos del procedimiento y cree que tres meses es un plazo “suficiente”. Por su parte, PRC y PSOE han acusado al PP de hacer “teatro” con su petición, pues en la pasada legislatura el Gobierno de Ignacio Diego “pasó del tema” y hubo “anorexia” en la creación de empleo público y en la cobertura de puestos públicos fijos. Además, PRC y PSOE han avanzado que este martes, 19 de junio, hay Sectorial de Función Pública y está previsto que se aborde la modificación del Decreto de Bases para fijar un plazo para los nombramientos.