Sábado 15.12.2018
SANTANDER

El Ayuntamiento acudirá a la vía judicial para reclamar a los gobiernos central y autonómico 3 millones de euros más intereses por los perjuicios de la anulación del PGOU

Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Santander

El Ayuntamiento de Santander acudirá a la vía judicial para reclamar a los gobiernos central y autonómico los perjuicios económicos ocasionados por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 por una causa externa al propio plan, como fue la anulación del bitrasvase del Ebro por una deficiente evaluación ambiental. La decisión de recurrir a los tribunales se adopta al cumplirse un año de la reclamación presentada en vía administrativa ante el Gobierno de Cantabria, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el entonces Ministerio de Medio Ambiente (ahora para la Transición Ecológica) sin que ninguno de ellos se haya pronunciado aún, según ha informado hoy el equipo de Gobierno en un comunicado de prensa. La Junta de Gobierno Local ha autorizado esta semana a los servicios jurídicos municipales para iniciar las acciones judiciales, que deberán sustanciarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el caso de las dirigidas contra el Gobierno cántabro y la CHC, y ante la Audiencia Nacional en lo que respecta al Ministerio.

Díaz recuerda que existe otra reclamación en marcha, en vía administrativa, por los casi siete millones de euros que el Ayuntamiento tiene que devolver a la Fundación Caja Cantabria

Según ha explicado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, el objetivo es que las administraciones responsables de los acuerdos que provocaron la anulación del plan asuman también los perjuicios económicos derivados de ello. La reclamación asciende a 3.084.604 euros más intereses, y se corresponde con el importe invertido en la redacción del documento urbanístico, un proceso que "requirió más de ocho años de trabajo e incluyó cuatro periodos de exposición pública". La voluntad del equipo de gobierno municipal es que todos los perjuicios económicos que se puedan derivar de la anulación del PGOU se repercutan también a las administraciones que intervinieron en la adopción de los acuerdos que motivaron su anulación. En este sentido, Díaz ha recordado que existe también otra reclamación en marcha, en vía administrativa, por los casi siete millones de euros que el Ayuntamiento tiene que devolver a la Fundación Caja Cantabria por el convenio urbanístico de la parcela de la entidad en Cazoña. El Ayuntamiento y la entidad han alcanzado un acuerdo para la devolución progresiva de la cantidad que Caja Cantabria ingresó a la Administración municipal en concepto de plusvalías por el cambio de clasificación de los terrenos –que perdió validez con la anulación del PGOU–, y en paralelo el Consistorio ha iniciado la reclamación patrimonial a los gobiernos central y autonómico y la CHC.

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha recordado que la primera reclamación patrimonial por la anulación del PGOU se interpuso en octubre de 2017 ante el Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Medio Ambiente y la CHC solicitando el pago de los más de tres millones de euros que invirtió el Ayuntamiento en la redacción del documento. De acuerdo con la legislación vigente, el plazo para la tramitación de este tipo de expedientes es de seis meses y, una vez transcurrido ese periodo sin que se haya dictado una resolución expresa, se entiende que la reclamación ha sido desestimada por silencio administrativo. A partir de ese momento, el reclamante tiene un plazo de tres meses para presentar recurso de reposición ante la misma administración, y de seis meses para plantear directamente recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia. Por tanto, pasado este tiempo sin que se las administraciones apeladas hayan resuelto sobre el procedimiento, el Ayuntamiento de Santander acudirá a la vía judicial para reclamar los daños ocasionados a la ciudad por la anulación de su Plan General. Díaz afirma que al equipo de gobierno municipal le habría gustado que las administraciones hubieran resuelto en plazo la reclamación planteada, y de hecho, asegura que en mayo de este año desde el Ayuntamiento "nos interesamos por el estado de los expedientes". Sin embargo, ante el "importante retraso" que acumulan y al no constar que se hayan remitido tampoco al Consejo de Estado como prevé la normativa de aplicación, se decide acudir como "última solución" a los tribunales. El concejal ha señalado también que antes de formular ninguna reclamación, la alcaldesa, Gema Igual, envió en julio de 2017 cartas a los dos gobiernos y la CHC informándoles de que se habían planteado varios recursos y reclamaciones frente al Ayuntamiento como consecuencia de la anulación del PGOU y que se les emplazaría para poder participar en ellos y defenderse ante las eventuales reclamaciones patrimoniales que pudieran derivarse.

Las reclamaciones del Ayuntamiento se dirigen contra el Gobierno de Cantabria, como responsable de la evaluación ambiental del bitrasvase y de la aprobación definitiva del PGOU; contra el Ministerio para la Transición Ecológica, por su condición de autoridad sustantiva en el procedimiento para la aprobación del proyecto de obra del bitrasvase, y contra la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que emitió el informe preceptivo certificando la suficiencia de recursos hídricos durante la tramitación del plan, sin comunicar ninguna otra contingencia posterior. Y es que, según ha reiterado Díaz, la sentencia que anuló el Plan General de Ordenación Urbana de 2012, dictada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2016, indicó que la anulación responde a una "causa externa", como fue la anulación del Bitrasvase del Ebro, motivada a su vez en la defectuosa evaluación ambiental realizada por la administración cántabra, "totalmente ajena" al Ayuntamiento de Santander.

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