domingo 25/10/20
TRIBUNALES

La querella contra la familia Botín y Revilla por el Centro Botín suma al Ayuntamiento de Santander

El Consistorio pide personarse en la causa que inició la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria y por la que tuvo que abonar una fianza de 3.000 euros para poder ejercer la acción popular ante el Tribunal Supremo, que ya ha constituido una sala formada por cinco magistrados para tomar una decisión sobre el caso, en el que también se pide que se investigue al actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

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La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha presentado una querella para paralizar la construcción del Centro Botín

El Ayuntamiento de Santander ha solicitado personarse en la querella presentada ante el Tribunal Supremo por la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria contra la construcción del Centro Botín.

La plataforma ha tenido que abonar una fianza de 3.000 euros para poder ejercer la acción popular, después de que el Supremo rechazara el recurso del colectivo contra esta decisión, según han confirmado a Europa Press fuentes del proceso.

El alto tribunal fijó esta fianza como cuestión previa antes de tomar una decisión de fondo sobre la querella. De ello se encargará una sala ya constituida, formada por cinco magistrados, que también deberá decidir sobre la personación del Ayuntamiento.

La plataforma denuncia el incumplimiento "reiterado" de la ley "en todos los trámites" de esta actuación, por lo que pide que se investiguen los hechos

En su querella, presentada el 1 de febrero, la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria denuncia que "todo" en el proceso que se ha llevado a cabo para la construcción del Centro Botín en Santander es "ilegal". Además solicita que, cautelarmente y mientras se tramita la querella, se proceda a paralizar las obras del Centro y no se permita el inicio de "ningún tipo de actividad" en el mismo.

A lo largo de las 80 páginas de la querella, la plataforma denuncia el incumplimiento "reiterado" de la ley "en todos los trámites" de esta actuación, por lo que pide que se investiguen los hechos, que a su entender podrían ser constitutivos de un delito de corrupción en actuaciones públicas, y se condene a sus responsables en el caso de haber delito.

En concreto, pide que se investigue a todos los miembros del Patronato de la Fundación Botín, es decir, Javier, Ana Patricia, Carolina, Paloma, Carmen y Emilio Botín O'Shea, además de a Jaime Botín Sainz de Sautuola.

Igualmente pide que se investigue a Miguel Ángel Revilla, actual presidente de Cantabria y que también lo era cuando se inició la tramitación del Centro Botín; a Dolores Gorostiaga, como vicepresidenta entonces de Cantabria; e Íñigo de la Serna, que era alcalde de Santander y es hoy ministro de Fomento, lo que ha obligado a la plataforma a acudir al Supremo al ser aforado por su cargo actual.

También solicita que se investigue al expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y a los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.